Política
Listos los jueces que tendrán la difícil tarea de decidir sobre la libertad de siete capturados en protestas y que el presidente designó voceros de paz, ¿qué viene?
Varios de los detenidos tienen procesos por concierto para delinquir.
Se dio luz verde de manera formal al proceso que busca la liberación de siete jóvenes que fueron capturados en el marco de las manifestaciones que se registraron en el paro nacional de 2021 y quienes el presidente de la República Gustavo Petro los nombró voceros de paz.
Trascendió que la difícil decisión sobre si se otorga o no la libertad ante la petición del Gobierno nacional estará en manos de jueces de Bogotá, Cali, Medellín Popayán, zonas del país en las que se concentraron la mayor parte de los desmanes de la denominada primera línea, generando caos y destrozos de los bienes poniendo en jaque al comercio.
El ministro de Justicia Néstor Osuna aseguró que la comisión creada por orden del mandatario colombiano ha realizado varías reuniones, en las cuales se ha revisado con lupa los casos de los jóvenes quienes fueron seleccionados para que fueran voceros de paz. Se revisó más de 200 casos de jóvenes detenidos.
El pasado viernes 16 de diciembre, el Gobierno confirmó la primicia de SEMANA sobre la designación de los siete primeros voceros de paz, quienes recobrarán su libertad en medio de la política macro de la ‘paz total’. Los jóvenes deberán realizar un diplomado sobre paz.
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El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, reveló que luego de estudiar minuciosamente los casos de los más de 200 jóvenes detenidos que protagonizaron desmanes en el pasado Paro Nacional de 2021 que puso en jaque al comercio, se decantó una lista de siete, que se trata de dos mujeres y cinco hombres.
“Se hizo un análisis de las labores útiles de líderes sociales o personas que puedan ayudar a la paz del barrio, desescalamiento de la violencia que existe en varias regiones del país, personas privadas de la libertad, hacían parte de organizaciones humanitarias, restablecer la convivencia armónica, no hacen parte de conflicto armado, una vez que teníamos claros esos parámetros analizamos más de 200 perfiles de personas detenidas por la protesta social, verificamos que hicieran parte de acción comunal u organización social y le recomendamos al presidente a siete personas”, sostuvo Osuna.
Los nuevos voceros de paz que saldrán de prisión son:
Arles Andrés Bolaños Zemanate
Adriana Esperanza Bermeo Súa
Santiago Márquez Charris
Laura Camila Ramírez Enciso
Juan Sebastián Galeano Correa
Álvaro Andrés Duque Ruiz
Bremmen Hinestroza
El propio Gobierno del Pacto Histórico reveló los delitos por los que son investigados los nuevos voceros de paz, concierto para delinquir, tenencia de objetos y sustancias peligrosas, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, violencia contra servidor público, invasión de bien inmueble, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial y obstrucción a vías públicas que afectan el orden público.
“Cinco de ellos se encuentran en establecimientos de reclusión carcelaria y dos, en detención domiciliaria. Estos siete jóvenes han sido reconocidos por su liderazgo social y su trabajo comunitario. Dos se encuentran en Bogotá, dos en Medellín, dos en Popayán y uno en Cali”, explicó el Gobierno nacional.
De la misma manera y de acuerdo con lo que manifestó Osuna, los jóvenes han manifestado a través de sus apoderados la voluntad de ejercer su rol como voceros de paz. “Una vez sean designados en tal rol, se comprometen, además de la declaración de su lugar de residencia, a comenzar una ruta de acompañamiento”, explicó el funcionario del gabinete del presidente Petro.
Los jóvenes que saldrán de la cárcel recibirán atención psicosocial, deberán rendir informes mensuales ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, certificar la realización de un diplomado virtual con la Universidad del Valle en Construcción de Paz y Gestión de Conflictos Sociales y Políticos, podrán trabajar o estudiar si así lo desean, la designación no suspende o pone fin en ningún caso a los procesos judiciales y tendrán que responder a las autoridades competentes. “No se trata de una amnistía o un indulto”, finalizó la Casa de Nariño.
