Lo que los venezolanos perdieron con Petro: regularización de los migrantes está en el aire y hay problemas desatendidos

En el Gobierno de Gustavo Petro ha habido un retroceso en la regularización e integración de los migrantes. Lo que hace unos años puso a Colombia como líder mundial durante las administración de los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos, que ambos implementaron una política de Estado basada en la flexibilización migratoria para atender a esta población, ahora se está perdiendo.

Mientras el presidente Petro se acerca políticamente al régimen de Nicolás Maduro que gobierna en Venezuela, con una agenda diplomática tan estrecha por la que el mandatario ya le visitó en Caracas, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de las necesidades de esa población las decisiones están frenadas.

No se volvieron a abrir alternativas de regularización mediante la extensión de los plazos del Permiso Especial de Permanencia (PEP), los traslados administrativos de visas se convirtieron en un trámite por el que se están inadmitiendo los visados y hasta las organizaciones que defienden los derechos de esta población comentan que hay un rechazo repetido de las solicitudes de refugio.

Todo esto se ha convertido en un obstáculo para que los venezolanos puedan asentarse en Colombia de manera regular, lo que les imposibilita conseguir empleos formales, aportar al sistema de seguridad social, bancarizarse o participar en la economía formal. Sin poder acceder a un documento de identidad, ni pueden pagar impuestos, ni podrían ser identificados por las autoridades en caso de que se presente una irregularidad durante su permanencia en el país.

Tan difícil se ha hecho tener un documento de identidad formal para esta población que la Cancillería publicó en abril un borrador de decreto para exigir pasaporte vigente a los venezolanos, documento que terminó siendo desmentido por el propio presidente Petro y por el que el canciller Luis Gilberto Murillo salió a aclarar que en sus planes no está restringir la migración. ¿Cuál era el problema? Para sacar una visa se necesita tener un pasaporte vigente y estas personas portan, en muchos casos, pasaportes vencidos por los obstáculos que enfrentan para emitir ese documento en su país de origen.

“En este Gobierno se ha perdido el acceso a derechos de los migrantes. Se ha disminuido la inversión de la cooperación internacional en los territorios de frontera por el cambio de narrativa del Gobierno, lo que ha puesto en mayor vulnerabilidad a la población”, apunta Ana Karina García desde la Fundación Juntos Se Puede.

Las motivaciones saltan a la vista cuando se mira el discurso político: mientras para el expresidente Duque Nicolás Maduro era un dictador, para el presidente Petro este es un aliado pese a que de Venezuela se han desplazado 7,7 millones de personas por la emergencia humanitaria compleja que vive ese país, de las que casi 3 millones que llegaron a Colombia. Que la Casa de Nariño modifique las políticas de flexibilización migratoria que dejaron los gobiernos anteriores en nada cambia que Colombia es el tercer mayor receptor de desplazados internacionales del mundo y que Venezuela ha sido el cuarto mayor expulsor de esta población.

“El Gobierno nacional se está equivocando frente a no mantener la política de flexibilización. Desafortunadamente, este Gobierno no está reconociendo, ni dándole continuidad al tratamiento del fenómeno migratorio. Aquí lo importante y el llamado que se hace es continuar con la flexibilización, porque eso nos permite incorporar a esa migración a nuestro país de una manera positiva”, advierte el exdirector de Migración Colombia, Christian Krüger.

Se cerró la Oficina para la Atención e Integración socioeconómica de la Presidencia de la República (antiguamente conocida como Gerencia de Fronteras), y ahora los asuntos migratorios se delegaron a una Dirección dentro del Ministerio de la Igualdad, que dirige la vicepresidenta Francia Márquez, la misma cartera que tiene una ejecución de presupuesto cercana al 1 % y cuya creación fue tumbada por la Corte Constitucional. Mientras en el pasado este asunto estaba en el despacho del presidente, ahora está en una oficina que parece condenada a desaparecer.

SEMANA documentó los casos de persecución a políticos opositores que residen en Colombia y el presidente Petro ha dicho abiertamente que los migrantes pueden retornar, pese a que ese país sigue en una difícil situación económica y política.

“En varias ocasiones al gobierno colombiano le ha faltado encontrar un balance entre retomar estas relaciones y legitimar a un régimen autoritario violador de los Derechos Humanos como el venezolano, al utilizar peligrosas narrativas que también maneja el régimen como la búsqueda de la invisibilización de la migración venezolana”, advierte María Gabriela Trompetero, docente e investigadora, Universidad de Bielefeld, Alemania. De cuenta de esto hay 500.000 migrantes venezolanos en situación irregular por la falta de flexibilidad para la regularización.

Y si se trata de trámites, no solo los que se efectúan ante el Gobierno colombiano son difíciles de concretar. Los venezolanos que residen en Colombia no están recibiendo garantías para inscribir sus cédulas en los consulados de Venezuela en el territorio nacional para votar desde el exterior, porque se han reportado cierres abruptos de esas oficinas, caídas en el sistema y falencias administrativas para el proceso.

Según la ONG Plan País, para abril solo el 72 % de quienes intentaron anotarse para votar consiguieron hacerlo, porque se rechazaron 1.092 casos y solo se permitió la inscripción de 431 personas, una padrón electoral bastante limitado para una población que se cuenta por millones.