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Lo último: Cancillería anunció nuevo proceso de licitación para expedición de pasaportes en Colombia
Así lo dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de haber sido declarada desierta la licitación pública anterior.
Un nuevo capítulo se abre en medio de la millonaria licitación para la producción de pasaportes en el país, por cerca de 600 mil millones de pesos. La semana pasada, la Cancillería había declarado desierta la licitación, pero este martes 19 de septiembre anunció un nuevo proceso licitatorio.
La Cancillería informó que el Fondo Rotatorio del Ministerio se propone contratar directamente y de inmediato el suministro, la formalización, la custodia y la distribución de libretas de pasaportes y etiquetas de visas a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste.
El contrato será celebrado en forma directa y dentro del marco legal de la urgencia manifiesta declarada mediante la Resolución Ministerial Nº 7541 del 14 de septiembre de 2023.
En ese sentido, por haber sido declarada desierta la licitación pública, se procederá de inmediato a la apertura de un nuevo proceso licitatorio.
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De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras que acrediten experiencia y capacidad logística, técnica y financiera, pueden pedir información en el correo electrónico: licitacionpasaportes2023@cancilleria.gov.co.
Vale mencionar que a partir del 2 de octubre vence el actual contrato con Thomas Greg, firma encargada de la expedición de libretas de pasaportes en el país. Aunque la Cancillería había dado apertura a una licitación para firmar un nuevo contrato, el canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación el pasado 13 de septiembre y, posteriormente, estableció la urgencia manifiesta.
Una de las quejas constantes de los demás oferentes es que siempre se habría buscado privilegiar a Thomas Greg. Precisamente, esa habría sido una de las razones de Leyva para declarar desierto el proceso, porque el proceso estaba viciado y solo se había presentado un oferente. “Existen motivos fundados que impidieron la escogencia objetiva”, dijo días atrás.
De hecho, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguraron en su momento que la declaratoria de desierto del proceso de licitación pública “es un suceso externo a la voluntad o al dominio del representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que al mismo acudió un único proponente que, frente a las observaciones de los otros eventuales participantes del proceso, no garantizaba los principios de selección objetiva, libre concurrencia e igualdad de oportunidades; prueba de ello se encuentra consignada en el acto administrativo aludido, que hará parte integrante de esta resolución”.
Ahora, el estado de urgencia manifiesta se declara cuando la prestación de un servicio público esencial, el suministro de bienes vitales o la ejecución de obras inaplazables debe llevarse a cabo en un futuro inmediato y circunstancias excepcionales obstaculizan la posibilidad de realizar procesos de selección o concursos públicos para determinar al proveedor.
En otras palabras, es una medida que permite al Gobierno contratar directamente con una empresa o entidad, sin pasar por los procedimientos de licitación pública, cuando existe una imperante necesidad de continuar brindando un servicio crucial para la sociedad.
En ese sentido, la Cancillería hizo uso de esta figura al declarar un estado de urgencia manifiesta por un período de 12 meses para abordar la situación relacionada con el suministro de pasaportes y visas en el país. La resolución emitida, en este caso, busca garantizar que los servicios críticos, como el suministro, formalización, prestación, personalización, custodia y distribución de pasaportes, así como la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visas colombianas con zona de lectura mecánica no se vean interrumpidos.
Eso se dará en el tiempo establecido de 12 meses, dividido en cinco meses para la celebración del nuevo contrato y siete para la atención del informe proferido por la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), que recomienda, desde su experiencia, que en siete meses se puede implementar un proyecto de este tipo.
