Lo último: declaran la urgencia manifiesta para contratar servicios que se prestan en los cementerios distritales en Bogotá

Luego de la decisión de Jardines de Luz y Paz de abandonar, desde este viernes, 6 de octubre, la concesión de los cementerios distritales en Bogotá, el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Juan Carlos López, anunció la declaración del estado de urgencia manifiesta para poder contratar con otros privados los servicios funerarios que se venían prestando en estos campos santos.

De acuerdo con el funcionario, el objetivo es garantizar que se sigan prestando los servicios funerarios. “Vamos a redireccionar, contratando por urgencia manifiesta con otros operadores privados, los servicios funerarios que venían destinados o que ya tenían licencia desde la Secretaría de Salud para el servicio público funerario, eso pasará el día de hoy, o el día de mañana, porque esas licencias ya habían sido expedidas con destino a los cementerios públicos, ahora cambiarán de cementerio”, precisó López.

El director de la Uaesp explicó, además, que “el excedente de la tarifa, porque por supuesto va a haber un excedente, porque una cosa es que el público lo preste, porque tiene la infraestructura, los hornos son públicos, las bóvedas son públicas, y otra cosa es que el servicio lo presten los privados, pues esa tarifa diferencial la va a cubrir la Uaesp”.

En todo caso, el funcionario dejó claro que este o estos nuevos contratos que se harán con los privados en el marco de la urgencia manifiesta será temporal, mientras la Uaesp inicia el proceso de una nueva concesión.

“Esta medida de contratar con un privado será transitoria, en tanto la Uaesp reasume los cementerios públicos y diseña una concesión bien organizada y bien hecha y a futuro volverá a tener el servicio concesionado como es disposición legal hacerlo”, señaló el director.

Así las cosas, López señaló que “no hay una emergencia sanitaria ni emergencia ambiental” en la ciudad y que el Distrito garantizará la correcta disposición de cadáveres en la ciudad”.

“No tenemos nada que hacer acá”

En las últimas horas, Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, anunció, en diálogo con SEMANA, que a partir de este viernes abandonaban la concesión de los cementerios distritales en Bogotá.

“Nosotros nos retiramos, no hay nada que hacer. No tenemos nosotros qué hacer más acá”, afirmó Parada. Según él, pese a los acuerdos pactados el 3 de octubre, el director de la Uaesp, Juan Carlos López, decidió reanudar los procesos sancionatorios contra Jardines de Luz y Paz. Además, impuso una nueva sanción, que supera los $ 90 millones.

“El tipo no tiene ninguna intención sana de querer arreglar ese problema. Solo quiere ganar tiempo para poder hacer lo que no debe hacer”, agregó Parada.

Es de mencionar que el pasado 19 de septiembre se realizó una audiencia en la que se declaró el incumplimiento en la prestación de los servicios de inhumación, exhumación y cremación sin los requisitos legales y reglamentarios, razón por la cual profirió la Resolución No. 715 de 2023.

Con esta declaración de incumplimiento al contrato, sumado a las tres multas o sanciones que la UAESP ha proferido en contra del operador y que alcanzan los $2.485 millones, el concesionario quedaba inhabilitado para seguir operando los cementerios distritales.

No obstante, dicha resolución e inhabilidad aún no se encuentran en firme, como quiera que el concesionario y la aseguradora presentaron recurso de reposición, el cual se tenía previsto que fuera sustentado por las partes el pasado martes 3 de octubre.

Sin embargo, en la audiencia del pasado martes, se acordó ampliar el plazo, hasta el 3 de noviembre, para que el concesionario pudiera presentar su recurso de reposición e incluso se acordó la instalación de tres mesas técnicas, pero sorprendentemente, a pesar de estos acuerdos, Jardines de Luz y Paz anunció que dejaba la concesión.

Frente a esta decisión de Jardines de Luz y Paz, el director de la Uaesp señaló de manera tajante: “este operador tiene 58 procesos de incumplimiento solicitados por la interventoría, se le han tramitado cerca de 8, y tiene este momento tres multas por cerca de $2.500 millones, pero además tiene dos procesos penales y dos sancionatorios en curso. Además, el 3 de octubre en audiencia, se les otorga un plazo de un mes más, para que el 3 de noviembre sustentara sus recursos sobre uno de los procesos sancionatorios y se le habilitaron tres mesas técnicas para escucharlo, sobre aspectos que podrían incidir en la valoración correcta de esa sanción y del contrato”.

Y agregó: “todo esto es solo para tener un panorama claro y preciso, no de las opiniones, sino de los hechos, y no puede predicar alguien que no tiene garantías jurídicas, cuando se le han dado todos los plazos”.