POLÍTICA
Lo último: El Tribunal Superior de Bogotá le pidió al CNE todo el proceso contra Rodolfo Hernández y su partido político tras admitir una tutela de Marelen Castillo
Como el CNE aún no define el tema, el Tribunal Superior de Bogotá podría establecer, eventualmente, qué pasará con la exformula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, quien hoy no tiene partido político.
El Consejo Nacional Electoral aún no define la suerte jurídica que tendrá la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido político del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, luego de ser denunciado porque no tuvo en cuenta en la constitución de la casa política a su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, con quien el ingeniero quedó en segundo lugar en las elecciones de junio de 2022 donde resultó triunfador Gustavo Petro.
La educadora, quien hoy sigue en el Congreso y ejerciendo un papel de oposición al gobierno, le envió una solicitud hace más de tres meses al tribunal electoral donde pidió, entre otras, que se eche para abajo la resolución donde se le da vida a la Liga de Gobernantes Anticorrupción porque se presentaron presuntas irregularidades.
Como el Consejo Nacional Electoral no define el tema, SEMANA conoció que los abogados de Castillo, Pedro Felipe Gutiérrez y Juan Pablo Lozada, apoderados de Castillo, presentaron una acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral “por violación fundamental al debido proceso y petición”.
Pidieron que se tutelara el derecho al debido proceso en el trámite que adelanta el CNE respecto de la impugnación de las decisiones adoptadas el 14 y 15 de julio de 2022, en la asamblea fundacional del partido, “porque se desconocieron las reglas que regulan los procesos administrativos, restringiendo las oportunidades procesales para el ejercicio de defensa y contradicción de Marelen Castillo”, se lee en la tutela.
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Además, solicitaron que vía tutela se ordene al Consejo Nacional Electoral “se pronuncie sobre la solicitud (de Castillo) mediante auto que admita, inadmita o la rechace, teniendo en consideración que han transcurrido 3 meses desde cuando se radicó y a la fecha no hay alguna decisión”, se lee en el oficio conocido por esta revista.
SEMANA conoció en primicia que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó esta semana admitir la tutela para estudio, pero además, le otorgó al Consejo Nacional Electoral un día para que remita, mediante correo electrónico, todas las actuaciones adelantadas en la investigación que adelantan frente a la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
Eso significa que la investigación contra el partido político de Rodolfo Hernández quedó en manos del Tribunal Superior de Bogotá que en los próximos días podría decirle al CNE qué suerte, eventualmente, correría la exformula vicepresidencial Marlene Castillo.
Aunque el magistrado el Consejo Nacional Electoral, Christian Quiróz, quien investigó inicialmente el tema, presentó una ponencia positiva para que le devolvieran el partido a Rodolfo Hernández y le concedió seis meses para que convocara a una nueva asamblea fundacional, el grueso de togados del tribunal electoral prefirió revisar con calma el proceso, que hoy rotó y está en manos de otra magistrada.
Cabe recordar que hoy el partido político que el Consejo Nacional Electoral le otorgó a Rodolfo Hernández está congelado, al menos, mientras se define si debe o no incluir en los estatutos y directivos a su excandidata vicepresidencial. Eso significa que actualmente no tiene la personería jurídica vigente, el ingeniero no puede hacer política a nombre de la colectividad, no puede otorgar avales, no puede hacer publicidad y los giros de dineros por reposición de votos por parte del Estado también están detenidos.
Marelen Castillo quiere que le definan en qué situación política está actualmente ella, teniendo en cuenta que no tiene partido político, no hace parte- al menos en los estatutos- de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pero sí es congresista, hace oposición y quiere jugar en las elecciones regionales de octubre de 2023.
SEMANA conoció que en las próximas horas el CNE remitirá el proceso al Tribunal Superior de Bogotá y los magistrados tendrían, eventualmente, la última palabra.