Lo último: este es el acuerdo al que llegó el Gobierno con los campesinos que habían secuestrado a policías en Caquetá

El Gobierno nacional y los campesinos de Los Pozos, Caquetá, llegaron a un acuerdo este domingo, luego de las protestas de líderes de la comunidad que derivaron en la muerte de un policía, un campesino y el secuestro de más de 70 uniformados y contratistas petrolera china Emerald Energy, por parte de los manifestantes.

El acuerdo fue confirmado por el presidente Gustavo Petro: “Termina el diálogo entre el campesinado del Caguán y el gobierno. Varios días en el lugar”.

Los policías y contratistas que habían sido secuestrados por los manifestantes, fueron liberados este viernes ante la mediación de la Defensoría del Pueblo y las gestiones de los ministros del Interior, Defensa y Minas.

Luego de la liberación de las personas retenidas, se inició el diálogo entre los manifestantes y el Gobierno que llevó al acuerdo de este domingo, en el que la administración de Petro asume 19 compromisos y la comunidad asume dos.

El primer pacto es que los manifestantes se curan en salud por lo sucedido con los policías, para lo cual piden crear una misión mixta de derechos humanos, compuesta por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano de los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (COSCOPASS) que acompañará a los campesinos que tengan procesos en contra por hechos derivados de la protesta social, en particular los hechos sucedido en Los Pozos el 2 de marzo”.

Cabe recordar que el dos de marzo fue cuando se dio el secuestro de los policías y la muerte de un uniformado y un campesino.

El Gobierno también se compromete a hablar con la empresa Emerald Energy,para buscar el cumplimiento de la compensación ambiental y social del proyecto petrolero que se lleva a cabo en esta zona por parte de esta compañía.

El documento también incluye la pavimentación, por parte del Gobierno, de 42 kilómetros de la vía que de Los Pozos conduce a la cabecera de San Vicente del Caguán, en Caquetá, que aseguran se dañó con el paso de los camiones que transportan el crudo

Así mismo, el Gobierno pactó revisar la viabilidad jurídica de la suspensión del contrato de exploración de hidrocarburos de la empresa Emerald Energy, que se ejecuta en este territorio.

“Se establecerá un esquema de asociatividad entre las organizaciones sociales, el Gobierno Nacional y los entes territoriales para el descongelamiento de los recursos de regalías”, que corresponde a este territorio, como municipio productor, indica otro de los acuerdos

Por su parte, los manifestantes se comprometen a “dar por terminada la movilización social pacífica que venía adelantando”.

El documento fue firmado por representantes de Coscopass, el ministerio del Interior, Alfonso Prada; la ministra de Minas, Irene Vélez; el ministro del Interior, Guillermo Reyes; la ministra de Ambienta, Susana Muhamad; el comisionado de paz, Danielo Rueda y garantes de la Defensoría del Pueblo.

Denuncia contra el presidente y los generales

Justamente, en el marco de estos hechos llegó una denuncia al despacho del fiscal general Francisco Barbosa y relata los hechos ocurridos en el departamento de Caquetá, en el sector de Los Pozos. La denuncia vincula desde el presidente Gustavo Petro, hasta el comandante de la Policía en el municipio de San Vicente del Caguán.

El relato de la denuncia indica presuntas omisiones de los altos mandos de las fuerzas militares a cargo justamente del presidente de la república y el ministro de defensa, omisiones, que son constitutivas de delito y que merecen una investigación del ente acusador.

“Por la omisión e incumplimiento del deber de actuar con diligencia y cuidado en sus obligaciones institucionales, relacionadas con la debida planeación, coordinación y apoyo en zonas de crisis para la preservación del orden público, la protección de los derechos humanos y la garantía de la vida, después de 40 días de acciones violentas en el sector de los Pozos en san Vicente del Caguán”, advierte la denuncia.

Claramente en el capítulo que vincula al presidente de la república, la Fiscalía no tiene competencia para investigar al primer mandatario, pues es la Comisión de Acusaciones la encargada de verificar si en las órdenes que se emitieron o no, para frenar la escalada de violencia en Caquetá, el presidente incurrió en alguna omisión.

De acuerdo con Sergio Alzate, el denunciante, el Gobierno nacional era consciente de que la situación en esa zona del país estaba por estallar y que disponer de un grupo de 80 uniformados para frenar la escalada violenta, que estaba anticipada, era insuficiente y aun así mantuvieron ese esquema de seguridad, lo que claramente facilitó que más de 400 personas atacaran de forma indiscriminada a los policías.

“El Gobierno nacional estaba informado de que las protestas iban a escalar, debido a los previos avisos y alertas notificadas por La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, quienes Habían pedido acciones al Ministerio del Interior y al alto comisionado para la Paz hace más de una semana atrás de los hechos”, explicó en su denuncia el representante de Colombia Transparente.

A propósito de esta denuncia el fiscal Francisco Barbosa advirtió, previamente, que en el ente acusador se abrió una investigación para determinar, no solo los responsables del asesinato del su intendente, el secuestro del resto de uniformados, sino la responsabilidad que tendrían los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía en las presuntas omisiones que fueron advertidas en diferentes comunicaciones.