Gobierno tiene listo el decreto con el que el presidente Petro asume el control de las tarifas de servicios públicos

El Gobierno nacional tiene listo el borrador del decreto con el que –de manera oficial– el presidente de la República, Gustavo Petro, asume las facultades de regulación y control de las tarifas de servicios públicos en Colombia, medida que generó una fuerte tormenta política en el país por los alcances que puedan tener las nuevas funciones del mandatario colombiano.

En el documento aparecen los diferentes artículos con los cuales se da piso a las decisiones que pueda adoptar el presidente Petro con las nuevas facultades, las cuales han sido criticadas por romper el orden institucional.

“Reasumir las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico efectuadas mediante los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y demás normas concordantes, las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 142, serán ejercidas por el presidente de la República”, señala uno de los artículos del proyecto de decreto.

También señala el documento: “En consecuencia, las Comisiones de Regulación continuarán expidiendo los actos administrativos de carácter particular que ejercen a la fecha de la expedición del presente decreto”.

“Para los efectos de lo señalado en el artículo anterior, el presidente podrá solicitar el apoyo técnico de las Comisiones de Regulación y demás entidades de cada sector”, anota el proyecto de decreto.

Hace varios días, y en medio de la agenda de trabajo que adelantó Petro en Duitama, en el departamento de Boyacá, en donde se reunió con la comunidad, aseguró que las funciones que adoptará serán las de aplicar políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos y ejercer el control, inspección y vigilancia de las entidades.

“¿Y eso qué significa?, que el presidente de la República, por orden constitucional, tiene la facultad de generar las políticas generales de administración de servicio públicos domiciliaros que son el agua, la luz”, explicó el jefe de Estado.

No obstante, la situación no es nueva, ya que el año pasado –en septiembre– el presidente Petro daba los primeros pasos para la determinación que en definitiva terminó adoptando este jueves, 26 de enero.

En esa ocasión, dijo que estaba pensando en “asumir las funciones” de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ante el fuerte incremento que se está registrando en las tarifas de energía eléctrica en Colombia.

“Tenemos primero un espacio de diálogo, pero Duque nos habilitó, y el Congreso de la República, para asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y esas funciones deben mostrar la adecuación de un nuevo modelo que hay que evaluar permanentemente”, dijo el presidente ese día.

Ola de críticas

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la toma temporal de las facultades de las comisiones de regulación de servicios públicos, ante la persistente alza en las tarifas a los usuarios, principalmente de la energía, surgieron voces que reclamaron por el silencio de los gremios ante las posiciones intervencionistas del presidente con varios temas (pasando por encima de la institucionalidad), lo que ya podría estar indicando un desborde en el grado de libertades por parte del jefe del Estado.

Algunos líderes de opinión dijeron que los gremios estaban sordos, mudos y quizá complacientes con las decisiones presidenciales. Pero ni lo uno ni lo otro. El Consejo Gremial, que recientemente cambió de timonel y pasó a ser dirigido por Germán Arce (presidente de Asofiduciarias), emitió una dura carta en la que invitaron al presidente a “no quebrantar la institucionalidad vigente, para evitar así poner en riesgo la prestación de los servicios públicos para los colombianos”.

El Consejo Gremial es el gremio de gremios. En él tienen asiento las más poderosas asociaciones de empresas que hay en el país. Se definen como “un foro permanente de deliberación que trabaja en fundamentar técnica, económica y jurídicamente, iniciativas que contribuyan a la modernización de los sectores productivos del país, el crecimiento económico y el bienestar social de Colombia”. En otras palabras, son los vigías de lo que hace el Estado y actúa en nombre de las empresas, que son las que ponen la mayor parte del empleo en una nación.

¿A las empresas de servicios públicos se les fue la mano?

Tener al sector privado de su lado es clave para que cualquier gobierno salga adelante. De hecho, así lo argumentó un estudio realizado por el Centro de Pensamiento Económico Fedesarrollo, según el cual, “la contribución del sector privado al crecimiento y al desarrollo económico de un país está determinada por la manera en que el Gobierno entienda su rol. Un Estado con un espacio amplio para intervenir en la actividad económica puede desalentar el aporte del sector privado si su intervención no es de buena calidad”.

En el caso de lo anunciado recientemente por el presidente Petro, en relación con su decisión de retomar las funciones que se le entregan a las comisiones de regulación, de servicios públicos, que son órganos técnicos e independientes, el Consejo Gremial llamó la atención sobre el papel que han jugado en la confianza que tienen las empresas. “En Colombia, los servicios públicos domiciliarios fueron modernizados en la década de los 90 y, desde la Constitución, han sido prestados por el Estado y por particulares, quienes han convivido armónicamente con una regulación que ha respondido a las finalidades sociales de Estado”, señala el gremio de gremios.

Finalmente, desde otras trincheras también ha salido a relucir el hecho de que la decisión presidencial tiene asidero en una realidad: las tarifas de servicios, particularmente las de la energía, no han parado de subir, a pesar de todos los caminos buscados para que se produjera un alivio al bolsillo de los ciudadanos.