Lo último: avanza el crucial ‘cara a cara’ entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes tras el choque con el fiscal Barbosa

A la 1:30 p. m. de este martes 9 de mayo, llegó a las instalaciones del Palacio de Justicia el presidente de la República, Gustavo Petro, para la reunión de alto nivel con las altas cortes, luego del terremoto político que se desató en Colombia tras señalar de manera directa y sin tapujos que era el jefe del fiscal general Francisco Barbosa.

El mandatario colombiano llegó en compañía de su jefe de despacho Laura Sarabia, el secretario Jurídico de la Casa de Nariño, Vladimir Fernández, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

El cara a cara es con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo; el presidente del Consejo de Estado, Jaime Rodríguez; la presidente de la Constitucional, Diana Fajardo, y el presidente de la Judicatura, Aurelio Rodríguez.

Existe máxima tensión entre el poder ejecutivo y el judicial. La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, sostuvo que “el fiscal general no tiene un superior jerárquico” y es elegido directamente por el alto tribunal de manera tripartita, comité miembro enviado por el jefe de Estado.

En un comunicado, el alto tribunal advierte que las declaraciones emitidas por el presidente Petro generan una “gran inquietud”, puesto que se trata de “la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia”. Esto, en referencia a uno de los trinos publicados por el mandatario para justificar las declaraciones que hizo desde España. Además, le recordó que las funciones del fiscal general están reguladas por el ordenamiento jurídico y enmarcadas en la autonomía de la Rama Judicial.

“La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La justicia es un poder público patrimonio de Colombia”, reiteró el alto tribunal.

“La Administración de Justicia, de la que forma parte el fiscal general de la nación, es la función pública que cumple el Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y, asimismo, hacer efectivas las obligaciones legalmente consagradas en ella sistema”, reiteró.

Por esto, es necesario que se respete la división contemplada entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que la armonía fluya. “Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces en sus providencias, solo están sometidas al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones”, dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo.

Petro no es mi jefe: fiscal Barbosa

Tras conocer las declaraciones que hizo desde España el presidente Petro, el fiscal general cuestionó el alcance de esas palabras y le advirtió que esto representa una “seria amenaza a la independencia de la justicia” de parte del presidente Gustavo Petro.

Desde España, a raíz de las diferencias con Barbosa, Petro sostuvo: “Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”.

En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración. “Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de derecho”, dijo.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi periodo, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, advirtió Barbosa.

“Hago un llamado a la comunidad internacional porque lo que acaba de hacer Petro es un primer zarpazo a la justicia en Colombia, y a la existencia del Estado de Derecho. Sus declaraciones ponen en riesgo la existencia de la Corte Suprema de Justicia”, aseguró.