Lo último: renuncia el funcionario de la ESAP acusado de supuestos actos de corrupción

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) informó este viernes que aceptó la renuncia de Luis Miguel Ávila Colorado, director financiero de esta entidad, quien se vio involucrado en por presuntos actos de corrupción en los que habría incurrido cuando trabajaba para la Unidad de Restitución de Tierras.

“La ESAP manifiesta su apoyo a las investigaciones de las instancias competentes y la necesidad de garantizar el debido proceso”, indica el comunicado de la entidad pública.

Todo el escándalo estalló este jueves, cuando el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Ávila, en la que se aportan pruebas de 16 transacciones por 3.923.000 pesos que aportaron dos denunciantes, contratistas de Unidad de Restitución de Tierras, que aseguran que el funcionario les pedía dinero a cambio de contratarlos.

“En este gobierno no toleraremos actos de corrupción. Esperamos contar con el apoyo de todas las autoridades para combatir la impunidad. Les llegó la hora a los corruptos”, sostuvo Idárraga en un trino en el que compartió varias imágenes con extractos de su denuncia.

Cabe aclarar que los hechos que se denuncian no habrían ocurrido en la actual administración, sino cuando Ávila estaba en la Unidad de Restitución de Tierras, en el primer semestre del año pasado.

Según se lee en la denuncia radicada ante el ente acusador, las conductas “presuntamente se encuadran dentro de los artículos 404 y 409 del Código Penal, toda vez que los funcionarios que estarían solicitando y recibiendo los dineros (...) estarían constriñendo a los contratistas para que estos tuvieran que dar comisiones sobre sus honorarios”.

La denuncia, así mismo, indica el documento, fue elevada ante la Procuraduría, para lo concerniente a lo disciplinario, por la secretaria general de la Unidad de Restitución, Jaqueline Campo.

El documento aportado por Idárraga a la Fiscalía incluye dos testimonios de contratistas de la Unidad de Restitución, quienes señalan que les habrían pedido una cuota del 10 % de sus honorarios por contratarlos en la Unidad.

Según señala uno de los denunciantes, en diciembre de 2021 le descontaron un millón de pesos de sus honorarios y durante 2022 le descontaban mensualmente entre 200 y 250.000 pesos.

Esta es la segunda denuncia que se conoce esta semana que involucra a funcionarios del Estado con posibles hechos de corrupción.

Este miércoles SEMANA reveló en exclusiva unos audios comprometedores en los que el secretario general de la Dirección de Prosperidad Social, Jonathan Ramírez Nieves, se confabula con un empresario para, presuntamente, manipular licitaciones.

Esta revista reveló que la conversación se desarrolla con un empresario identificado como Eduard Sosa. En el diálogo, el funcionario y el particular planean cómo manipular presuntamente las licitaciones del DPS, dándoles una cara de aparente legalidad y pluralidad de oferentes.

Aunque en el audio que conoció esta revista se escuchan solo las voces de los dos protagonistas mencionados, la forma en que se conversa sugiere que hay más asistentes en la reunión.

En la primera parte de la grabación, hablan de un computador con un IP que permite que los particulares modifiquen los pliegos de las licitaciones como si los cambios fueran realizados por el propio Ramírez Nieves, secretario general del DPS. Estas revelaciones le terminaron costando el puesto al funcionario.