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Los colombianos, agobiados por los impuestos en un sistema que asfixia a empresas y trabajadores: conozca qué es el 10-10-10
Llegó la hora de una reflexión de fondo sobre el sistema tributario colombiano, el menos competitivo de la Ocde. ¿En qué consiste la estrategia del 10 % de IVA, 10 % de renta a empresas y 10 % de impuesto a las personas naturales?
Tras un crecimiento del PIB colombiano de 0,6 por ciento en 2023, el Dane reveló esta semana que la economía creció 0,7 por ciento en el primer trimestre de este año, muy lejos del 2,7 por ciento registrado en el mismo periodo del año pasado. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2023 Panamá creció 6,1 por ciento; Costa Rica, 4,9 por ciento; Paraguay, 4,5 por ciento, y México, 3,6 por ciento.
Eso quiere decir que la situación de Colombia hoy se asemeja a la de los países que se ubican en la parte más baja de la tabla, como Cuba (1,5 por ciento), Perú (0,3 por ciento), Chile (0,1 por ciento), Haití (-1,8 por ciento) y Argentina (-2,5 por ciento) antes de la llegada de Milei a la presidencia. Esto indicaría que hay un desacoplamiento entre las economías de América Latina y el Caribe, donde unas están progresando y otras no.
Además, en 2023, la productividad en Colombia decreció 1,7 por ciento, mientras que la población continuó aumentando (0,4 por ciento). Las cifras más recientes indican que, en el primer trimestre de este año, la tasa de desempleo creció al 11,9 por ciento. La tasa de desocupación, en el caso de las mujeres, fue de 15 por ciento, y de 9,6 por ciento para los hombres. La tasa de desempleo de los jóvenes entre 15 y 28 años fue del 20 por ciento.
En términos prácticos, Colombia está al borde de una recesión y lejos de poder cumplir su potencial de crecimiento de largo plazo. Si se mira con lupa el dato de crecimiento del primer trimestre, preocupa que el gasto del sector público sea el responsable de ello. De lo contrario, habría sido nulo. Sectores como el comercio, la manufactura, los servicios y otros del aparato productivo privado tuvieron indicadores en rojo. El déficit fiscal, que el año pasado fue del 4,2 por ciento del PIB, llegó a 70 billones de pesos y es insostenible. El panorama para 2024 es similar.
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El país no puede continuar financiándose a tasas de interés altas para cubrir sus gastos. Explicado de manera sencilla, la deuda nacional es similar a una persona usando su tarjeta de crédito en la que el costo de las compras excede el monto pagado todos los meses, acumulando deuda a través del tiempo. No es saludable para la economía crecer a punta de deuda pública, que en el fondo termina generando inflación y encareciendo los costos de financiamiento para el Gobierno, las empresas y las personas naturales.
Uno de los datos más preocupantes del informe del Dane, que tendrá repercusiones en el mediano y largo plazo, es que Colombia completa cinco trimestres consecutivos con una caída en la tasa de la inversión privada. El comportamiento de la inversión cayó 24,8 por ciento en 2023, comparado con 2022. Como porcentaje del PIB, durante el cuarto trimestre del año pasado, llegó a un mínimo en décadas, ubicándose en 10,5 por ciento, frente a un promedio histórico de 21 por ciento. En el primer trimestre de 2024, la inversión cayó otro 13,4 por ciento y el panorama sigue siendo incierto.
Entre los factores que más incidencia pueden tener en las decisiones de inversión, consumo y crecimiento está el sistema tributario. Esto, sin decir que la inflación, las altas tasas de interés y la incertidumbre política afectan el desarrollo económico.
Según el ranking de Tax Foundation de 2023, Colombia ocupa el puesto 38 entre 38 países de la Ocde en materia de competitividad tributaria internacional. De acuerdo con el reporte, “Colombia tiene el sistema tributario menos competitivo de la Ocde. Tiene un impuesto a la riqueza neta, un impuesto a las transacciones financieras y la tasa impositiva sobre la renta corporativa más alta: 35 por ciento. El IVA de Colombia cubre menos del 40 por ciento del consumo final, lo que revela deficiencias tanto en materia de políticas como de aplicación”.
OCDE TABLA by Semana
El sistema tributario colombiano tiene una larga historia de décadas y se reinventa, en promedio, cada año y medio. Van 15 reformas tributarias en los últimos 25 años. Eso lo ha convertido en un laberinto inviable que solo satisface necesidades de corto plazo. Los políticos hacen fiesta con cada reforma tributaria, porque eso implica mermelada y les abre las puertas para la corrupción. Algunos ricos y poderosos emplean ejércitos de lobistas que se la pasan lagarteando en el Congreso para defender sus intereses.
Para los colombianos y las empresas, se ha vuelto imposible tomar decisiones de largo plazo y una pesadilla cumplir con los requisitos del enredado sistema tributario. Por ejemplo, el Gobierno Pastrana creó el impuesto del 2 por 1.000 (que hoy ya está en el 4 por 1.000) a las transacciones bancarias, en medio de la crisis económica de finales de los años noventa. Luego, los gobiernos de Uribe y Santos implementaron un impuesto al patrimonio. El primero para fortalecer la seguridad democrática, y el segundo para ayudar a cumplir con el acuerdo de paz con las Farc.
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien ejerció el cargo durante seis años al lado de Juan Manuel Santos, aumentó el IVA del 16 al 19 por ciento. Cárdenas también introdujo el impuesto a la ganancia ocasional y a los dividendos, una tarifa que luego fue aumentada en el Gobierno Duque. Cárdenas impulsó medidas para gravar más a los colombianos sobre sus ingresos y patrimonios alrededor del mundo, mientras que la gran mayoría de países tienen impuestos territoriales, es decir, los contribuyentes y las empresas tributan sobre los ingresos nacionales.
La consecuencia ha sido que más de 70.000 colombianos de altos ingresos emigraron del país y se llevaron sus inversiones al exterior. Los ingresos declarados por personas naturales de rentas en el exterior son de aproximadamente 160.000 millones de pesos, lo cual podría implicar un recaudo de unos 50.000 millones de pesos, es decir, el 0,1 por ciento del presupuesto nacional. El costo para la economía y la inversión ha sido alto. Sería mejor que esas personas tengan incentivos y seguridad jurídica para que reinviertan su capital en Colombia, en vez de llevárselo a España, Panamá y Estados Unidos, entre otras jurisdicciones.
Ante la crítica situación que supuso la pandemia, el Gobierno Duque tramitó tres reformas tributarias. En medio del estallido social, en 2021, el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tuvo que renunciar.
La última reforma tributaria del presidente Petro volvió a imponer el impuesto al patrimonio para las personas naturales y amplió la base para las personas que ganan más de 10 millones de pesos mensuales, a quienes consideró ricas. El tributo para personas individuales llega a una tasa de hasta un 39 por ciento. Cuando se suman los parafiscales y otras retenciones, los trabajadores terminan entregándole al Estado más de la mitad de lo que ganan. La competencia por talento humano de calidad a nivel mundial es voraz. ¿Qué incentivo tiene un ejecutivo de una multinacional para trabajar en Colombia si, además de un impuesto de renta exorbitante, tiene que pagar un impuesto al patrimonio sobre sus activos en el exterior? Para eso se va a España, Costa Rica, Panamá o Estados Unidos. Colombia es, cada vez, un país menos atractivo para atraer a ese talento.
Lo mismo sucede con los altos ejecutivos colombianos, que son cotizados a nivel mundial. Las multinacionales se los están llevando, ofreciéndoles mejores condiciones y salarios en países con sistemas tributarios menos onerosos.
El efecto de todo esto es que las empresas y los colombianos se sienten asfixiados por un sistema tributario que, cada vez más, le asigna una mayor carga impositiva al que trabaja, y premia y subsidia a quien no labora.
A estas complejidades del régimen tributario nacional hay que sumarles los impuestos regionales y municipales. Por ejemplo, los prediales se han disparado con las actualizaciones catastrales. Los colombianos se sienten, literalmente, acorralados por toda clase de impuestos. El que se mueva paga un impuesto. Como si todo esto fuera poco, el Gobierno anunció que se avecina una nueva reforma tributaria el próximo año. Ante el panorama económico, se estima que, en 2024, el recaudo tributario se reduzca en unos 25 billones de pesos. ¿Hasta dónde van a exprimir a las personas y a las empresas?
En otros países, los ciudadanos pagan sus impuestos y el Estado invierte esos recursos de manera eficaz. En Colombia, la carga impositiva es alta, pero el ciudadano recibe poco del Estado y la plata se destina a burocracia, al gasto desbordado de funcionamiento y acaba en manos de políticos y contratistas corruptos. También hay sectores empresariales que dependen del Estado, como las EPS, la infraestructura y la construcción, entre otros, y todo el tiempo buscan gabelas.
¿Qué salidas hay para retomar una senda de crecimiento sostenible de la economía que beneficie a los colombianos? Todos los gobiernos siempre han dicho que buscan reformas tributarias “estructurales”, pero esto nunca se cumple y al final se convierten en parches que complican más el sistema, generan incertidumbre y desincentivan la inversión.
Hay que reconocer que el sistema tributario actual no ha funcionado, así como se ha evidenciado en el caso de la salud y las pensiones. Se requiere una reforma profunda. ¿Quién habla por los contribuyentes de a pie y por las pequeñas y medianas empresas? Muchos poderosos han logrado que el sistema tributario sea hecho a su medida, a punta de gabelas y exenciones. ¿Y qué decir de los evasores, que, según diversos cálculos, le están costando unos 50 billones de pesos al año a la nación? Es hora de nivelar la cancha.
En 2023, el recaudo tributario llegó a 278,9 billones de pesos, alcanzando 16,6 por ciento del PIB. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para 2024, el PIB nominal de Colombia ascenderá a 1.680 billones de pesos.
SEMANA hizo un análisis de los sistemas tributarios de los países más competitivos en el mundo, de la lista de la Ocde, y encontró características comunes. Por ejemplo, en algunos de sus sistemas, no aplica ningún impuesto sobre la renta empresarial en las ganancias reinvertidas o retenidas. En otros casos, la tasa de tributación para las empresas es significativamente más baja que la colombiana. Hay impuestos fijos de alrededor del 20 por ciento sobre la renta individual. Igualmente, el impuesto a la propiedad en varios de estos sistemas se aplica solo al valor de la tierra. Además, los sistemas fiscales territoriales eximen de impuestos internos a las ganancias obtenidas en el extranjero por parte de empresas nacionales. En últimas, lo que indica todo esto es que se trata de sistemas tributarios simples, que no causan mayores molestias a los que tributan.
La directora de SEMANA, Vicky Dávila, planteó una reflexión sobre la importancia de simplificar el sistema tributario nacional para potenciar la inversión, el desarrollo y el bienestar de los colombianos. “Las soluciones a los problemas son sencillas, no hay necesidad de complicarlas. Cuando los gobiernos se expanden, las libertades se contraen”, dijo Dávila.
La periodista abrió el debate sobre simplificar el sistema tributario y volver a empezar de cero, a través de lo que denominó la fórmula del 10-10-10. Todos los impuestos actuales quedarían reducidos a tres componentes, buscando la menor tasa posible de recaudo en cada uno de ellos (corporativo, personal y consumo), ampliando la base de contribuyentes.
Sin afectar el recaudo, el 10-10-10 consiste en 10 por ciento de impuesto de IVA (hoy en el 19 por ciento), 10 por ciento de impuesto de renta a las empresas (hoy en el 35 por ciento) y 10 por ciento a las personas naturales (que hoy llega hasta el 39 por ciento, sin incluir el impuesto al patrimonio).
¿Cómo se logra mantener el recaudo e incluso incrementarlo? Para que las cuentas den, no puede haber excepciones, exenciones, exclusiones, deducciones o créditos de ningún tipo en la renta personal y el IVA. El impacto macroeconómico sería tan favorable que la inflación bajaría, los salarios subirían y la economía crecería a un ritmo mucho más rápido.
De entrada, las cuentas serían las siguientes, usando las cifras de la Dian y del Ministerio de Hacienda: el recaudo del IVA al 10 por ciento generaría un mayor ingreso, al pasar del 3,8 por ciento del PIB al 4,5 por ciento. Es decir, habría un incremento en el recaudo de 10,2 billones de pesos. Si el impuesto de renta a las empresas es del 10 por ciento, el recaudo pasaría del 5,7 por ciento del PIB al 26,7 por ciento. Esto significa 21 puntos porcentuales más.
Si el impuesto a las personas naturales es del 10 por ciento, el recaudo pasaría del 1,3 por ciento del PIB al 5,1 por ciento, es decir, 3,8 puntos porcentuales adicionales. Las declaraciones del año gravable 2022 son la fuente de información. Entonces se tuvo un recaudo de 19 billones de pesos. Aplicando el modelo del 10-10-10 a los ingresos brutos, se recaudarían 74,5 billones de pesos. Hoy, según el más reciente informe del Banco de Bogotá, el recaudo tributario sigue cayendo, generando un “estrés de caja” de 3 billones de pesos.
En el caso de las empresas, podrían deducir todas sus inversiones y todas las compras de proveedores colombianos. Por ejemplo, se eliminarían las cargas parafiscales por completo. En el IVA se bajaría la tasa, pero aplicaría a todo el consumo, incluyendo, por ejemplo, las viviendas nuevas. Definitivamente, las cuentas dan e incluso el Estado contaría con más recursos. Otro resultado positivo sería el ataque frontal al contrabando a través de estímulos al comercio legal.
Este debate se empezó a dar en Estados Unidos en las primarias presidenciales de 2012. En 2017, el Congreso norteamericano bajó el impuesto de renta a las empresas del 35 por ciento al 21 por ciento. En la última década, la economía de Estados Unidos ha crecido de manera importante, la inversión ha aumentado, el desempleo ha llegado a mínimos históricos y se ha generado riqueza sin precedentes. Las acciones en las bolsas de valores siguen batiendo récords. La mayoría de los ciudadanos se han visto beneficiados, los salarios han aumentado, los ahorros pensionales han resultado favorecidos por el crecimiento de las valoraciones en las bolsas y los precios de las viviendas están en sus puntos máximos históricos.
Ante el complicado panorama macroeconómico en Colombia, la alta inflación, el elevado desempleo y la falta de inversión, es claro que las políticas del gobierno actual, hasta ahora, no han funcionado. Mientras que países como México, Brasil y Estados Unidos tienen sus economías disparadas, infortunadamente, ese no es el caso de nuestro país. De hecho, la inflación, aunque ha cedido, sigue estando muy por encima del rango meta del Banco de la República y ese se convierte en el peor impuesto para los menos favorecidos, porque pierden su poder adquisitivo. También para los ahorradores.
Como dice el legendario inversionista Warren Buffett: “La aritmética deja claro que la inflación es un impuesto mucho más devastador que cualquier cosa que haya sido promulgada por nuestra legislatura. El impuesto inflacionario tiene una capacidad fantástica para simplemente consumir capital. Para una viuda con sus ahorros en una cuenta de libreta del 5 por ciento, no hay diferencia si paga el ciento por ciento de impuesto sobre la renta sobre sus ingresos por intereses durante un periodo de inflación cero, o no paga impuestos sobre la renta durante años de inflación del 5 por ciento. De cualquier manera, se le ‘imponen impuestos’ de una manera que no le deja ningún ingreso real. Todo el dinero que gasta proviene directamente del capital. Le parecería escandaloso un impuesto sobre la renta del 120 por ciento, pero no parece darse cuenta de que una inflación del 5 por ciento es el equivalente económico”.
La inflación cada día vuelve al país más pobre y siempre es causada por las políticas de los gobiernos. Muchos colombianos se sienten estancados, en la incertidumbre y sin norte.
El 10-10-10 abre un debate en busca de una solución de fondo para que Colombia logre su potencial de desarrollo económico, que, a su vez, mejoraría la calidad de vida de todos los ciudadanos. La inversión es fundamental para aumentar la productividad, y esta es clave para impulsar el crecimiento y elevar la calidad de vida.
Todos estos indicadores están hoy en caída libre. Ha llegado el momento de hacer esta reflexión.