Los financiadores del referendo que busca la reelección

Las cuentas sobre la financiación del referendo que busca la reelección del presidente Álvaro Uribe por segunda vez, siguen enredadas. Luis Guillermo Giraldo, secretario del Partido de la U y promotor de la iniciativa se ha quedado corto con las explicaciones que ha dado de cuál es el origen de los 2.046 millones de pesos que costó el proceso de recolección de firmas.

La semana pasada, Giraldo presentó ante el Consejo Nacional Electoral las cuentas, para que este revisara si hubo o no irregularidades en el proceso. Giraldo ha explicado que 142 millones de pesos fueron donados por particulares y que más de 1.907 de pesos los prestó la entidad sin ánimo de lucro Asociación Colombia Primero de los dineros que ésta recibe de los donantes.

Según la ley el tope máximo para una campaña de referendo es de 334 millones de pesos, y cada donante solo puede donar un máximo de 3 millones 334 mil pesos o sea el 1 por ciento del total. Durante el primer debate del proyecto de referendo, Giraldo dijo que los 1.907 millones de pesos no podían considerarse una donación, porque fue un préstamo de la organización sin ánimo de lucro Colombia Primero. Este argumento no convenció a varios Representantes ya que los directivos de Colombia Primero son los mismos promotores del referendo. Es decir, la plata se la prestaron a ellos mismos.

Uno de los datos que llamó la atención de los opositores es el pequeño patrimonio de apenas 5 millones de pesos de la Asociación Colombia Primero en comparación con el dinero que presuntamente le prestó al referendo.

Después de ires y venires, el fin de semana pasado los representantes de la Asociación Colombia Primero presentaron al CNE la lista de los 109 donantes y sus respectivos aportes que suman los 1.907 millones de pesos, dinero que según Giraldo explicó ahora, fue un préstamo a los promotores del proyecto de consulta popular.

En la lista, que la asociación se reservó hasta última hora, aparecen importantes consorcios que contratan con el Estado. Entre ellos está el Grupo Odinsa S.A., el mayor conglomerado de constructores del país, que percibe la mayor parte de sus ingresos de contratos de concesión con el Estado, como el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El presidente de este grupo es Luis Fernando Jaramillo, quien además es miembro de la Asociación Colombia Primero. Odinsa donó 20 millones a la causa.

El aporte individual más grande lo hizo la firma Consultores del Desarrollo: 150 millones de pesos. David Name, empresario barranquillero, hermano un tradicional cacique político de la Costa Caribe y ex senador José Name, ha sido asociado a esta firma en varias ocasiones y a otras concesiones de obras públicas en esa región.

Y la lista sigue. Entre otros aportantes está la firma Transval. Esta empresa, que fue intervenida por el gobierno pues era la que transportaba el dinero de DMG (cuyos directivos están siendo investigados por captación ilegal de dinero y lavado), aportó 4 millones 700 mil pesos.

Giraldo y el presidente de la asociación Colombia Primero, Carlos Alberto Jaramillo, cuando entregaron las cuentas aseguraron que la iniciativa del referendo no tuvo aportes de dineros ilícitos.

La mayor polémica de esta accidentada historia de la financiación del referendo surge del hecho de que no se haya actuado con transparencia y abiertamente desde el principio, sino que las verdades han ido saliendo bajo presión pública. Y además algunas han resultado un poco contorsionadas.

(Vea toda la lista de los donantes haciendo clic en las fotos de la columna en derecha).

Como lo advirtió SEMANA, en el proceso de recolección de firmas hay poca transparencia. En el reporte que entregó al principio Giraldo figuraba un total de 2.046 millones de pesos de gastos de la campaña. De estos 143 millones de pesos, fueron contribuciones soportadas por una relación de tres páginas con sus nombres. El saldo restante, es decir 1.903 millones de pesos, está clasificado como 'otros créditos', que al principio no explicó de donde salieron.

Cuando esta revista solicitó la información sobre los aportantes, Giraldo se negó a entregarla argumentando que entregaría las cuentas al CNE “en cumplimiento con la Ley”.

Aunque la Ley 134 de 1994, sobre mecanismos de participación ciudadana autoriza desde el inicio del proceso de recolección de firmas, a cualquier persona, para “solicitar que se haga público el nombre de quienes hayan financiado la iniciativa, en dinero o en especie, por un valor superior a un salario mínimo mensual”, los promotores de la iniciativa reeleccionista fueron renuentes a hacerla pública.

El debate por el referendo

Las dudas sobre las cuentas del referendo dilataron el primer debate de la iniciativa en el Congreso. La oposición y el Partido Cambio Radical exigieron la presencia del Registrador en el recinto y del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Cepero, para que explicaran si había o no irregularidades en la financiación de la recolección de firmas.

En el primer debate del referendo, que busca que se le consulte a la ciudadanía si quiere o no si un Presidente que ha cumplido dos mandatos puede aspira a un tercero, el representante del Polo Germán Navas denunció dos irregularidades. La primera: que la empresa Transval transportó las firmas. Y la segunda: que los nombres de los aportantes de la financiación no coinciden con los números de cédula que presentaron en el balance.

Giraldo aceptó que Transval transportó las firmas y argumentó que era muy necesario su servicio ante una posible amenaza terrorista, pero que a esta firma no se le pagó por eso que fue un servicio gratuito. También dijo que la inconsistencia en los nombres de los donantes y sus respectivos números de cédula ya había sido corregida.

Sin embargo, el hecho de que el servicio que prestó Transval no apareciera en la contabilidad, ni siquiera como un aporte en especie, atizó más las suspicacias en torno al origen del dinero que se utilizó para recoger las firmas. Ahora que se conoció la lista de los préstamos, apareció Transval como otorgando un préstamo al comité de promotores. Quizás el valor represente el costo del transporte que Giraldo había dicho que era gratuito y al final no lo era.

En la segunda jornada del debate del referendo la semana pasada, en la que fue aprobada la consulta popular que le permitiría al presidente Uribe aspirar a un tercer mandato pero en 2014, el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez y Giraldo tuvieron un altercado. Giraldo acusó al Registrador del hundimiento del referendo para 2010. La razón: el Registrador argumentó que las firmas estaban certificadas, pero la financiación no, hecho que le sirvió a la oposición para postergar varias veces el debate.

El Registrador envió las cuentas al Consejo Nacional Electoral para que sea esta entidad la que examine si hubo o no inconsistencias. Pero es el Registrador quien deberá emitir el certificado de la financiación del proyecto.

Giraldo ha hecho declaraciones muy fuertes en contra el Registrador poniendo en duda su actuación. Ha dicho que como es del Partido Liberal, su intención pudo ser torpedear el trámite del referendo. También dijo que llevaría el caso a la Fiscalía para que investigara un posible delito.

Giraldo insiste en que la iniciativa no violó los topes de financiación porque se trató de un préstamo. Los promotores del referendo esta semana salieron con otra rocambolesca propuesta para pagar el referendo: que las personas que tengan tarjetas de crédito y quieran apoyar la causa donen 10 o 20 mil pesos. “Lo que queremos es que sea pagada esa deuda y así evitar más especulaciones alrededor del tema”, dijo Giraldo a Caracol Radio el pasado lunes.

El comité de promotores también ha dicho que hay otras donaciones en especie para el mismo propósito. Las salidas de Giraldo dejan varias preguntas. ¿Será que esta figura de los préstamos a Colombia Primero era una manera en que lo promotores intentaron esconder el hecho de que habían sobrepasado los topes? ¿Hay un conflicto de interés en el hecho de que empresas o personas que fueron beneficiadas bajo el gobierno Uribe con grandes contratos, promuevan una reforma constitucional?

Mientras que la certificación de la financiación del referendo sigue en vilo, el promotor de la iniciativa, Giraldo, le envió una carta al Fiscal General, Mario Iguarán, en la que le pide que investigue todo lo relacionado con el proceso de recolección de las firmas. Con esta busca sacar en limpio su actuación que ha sido motivo de tanta discusión.