Los procesos contra Petro en la Comisión de Acusación están estancados. La mayoría de las investigaciones está en manos de congresistas que son afectos al presidente

Los números de la Comisión de Acusación son penosos. A lo largo de tres décadas, solo han acusado al exmagistrado Jorge Pretelt por torcer una tutela a cambio de grandes sumas de dinero y al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte por el llamado cartel de la toga.

Hace más de un siglo y ante la justicia nacional daba igual ser presidente de Colombia, ministro o magistrado porque tenían un fuero que les otorgaba una especie de inmunidad a la hora de responder por cualquier actuación.

Con la Constitución de 1991 se hicieron modificaciones y el Congreso ejerce funciones judiciales con los aforados: el presidente de la república, expresidentes, magistrados de las cortes y el fiscal general.

Se supone que cuando uno de estos altos funcionarios comete un presunto delito en ejercicio de sus funciones lo investiga la Comisión de Acusación, lleva el tema a la plenaria de la corporación y se le juzga en el Senado. Sin embargo, este trámite poco lo conocen los colombianos.

Actualmente, reposan unos 1.800 expedientes en los archivadores y pasillos de la Comisión de Acusación y son pocas las actuaciones que se adelantan. Desde la conformación del nuevo Congreso en 2022, son mínimas las actuaciones que se han hecho y las mayorías las tiene la coalición de gobierno, incluso con el secretario de la célula, Jairo Corzo, de quien se dice es cuota del Pacto Histórico.

Aunque la inoperancia de la Comisión de Acusación es histórica y la mayor muestra de ello es lo que ocurrió con el proceso 8.000 y las acusaciones contra el expresidente Ernesto Samper, con el paso de los años los procesos contra los poderosos de Colombia están llenos de polvo y ningún congresista los revisa para que duerman el sueño de los justos. Hay documentos con más de dos décadas que quedaron en el olvido, no se sabe qué pasó con esos procesos y, sencillamente, con el cambio de representantes quedan allí haciendo estorbo.

Desde la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño, sus procesos en la Corte Suprema, juez natural de los congresistas, pasaron automáticamente a la Comisión de Acusación y suman en total 45 indagaciones por diversos hechos y denuncias. De ese número, siete están relacionados con la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente, que se conoció por las revelaciones de Day Vásquez y las confesiones de Nicolás Petro.

Todos los procesos están estancados. Aunque la Comisión de Acusación se reúne cada ocho días, no ha pasado nada con estas indagaciones y no se ha decretado práctica de pruebas para determinar si hay mérito para una investigación formal o el archivo definitivo.

No obstante, todo tiene una explicación: la conformación de dicha instancia judicial es netamente política y, de los 18 representantes, nueve son de la coalición de gobierno.

Nadie se atreve a revisar un proceso contra el presidente de Colombia y, como si fuera poco, quienes han conocido los procesos de Gustavo Petro son cercanos a él. Alejandro Ocampo, Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta, Olga Lucía Velásquez y Wilmer Carrillo recibieron por reparto las denuncias. Los tres primeros son del Pacto Histórico, Velásquez de los verdes y Carrillo de La U.

En octubre, la organización Foro Colombia Libre interpuso una tutela contra todos los representantes por los retrasos en las investigaciones al considerar que hay suficiente material para determinar si existe o no culpabilidad del mandatario en los hechos denunciados, pero nada ha pasado.

En una semana el Congreso saldrá a receso legislativo y seguramente este tema quedará quieto hasta marzo de 2024, cuando se reúnan nuevamente, aunque eso no garantiza ninguna actuación de fondo. No hay duda de que a esta instancia judicial le seguirán diciendo la Comisión de Absoluciones y los procesos contra Petro aumentarán.

El jueves 7 de diciembre, el exsenador Jorge Enrique Robledo denunció al presidente Petro por presunto prevaricato al frenar la búsqueda de petróleo y gas en Colombia. Seguramente, este expediente pasará a engrosar las filas de papeles que solo acumulan tierra en el Congreso de la República.