“Los progres allanan el camino”: la fuerte crítica de María Fernanda Cabal

Con 14 votos a favor y tres en contra, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobó este miércoles en tercer debate el proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú.

Con esta aprobación, a la iniciativa le resta un solo debate en la plenaria de la Cámara para convertirse en ley de la República.

Desde la coalición de Gobierno destacaron el respaldo recibido en la célula legislativa. La representante Carolina Giraldo, de la Alianza Verde, manifestó: “Yo aplaudo que hayamos dado este debate y que por fin, finalmente, el Acuerdo de Escazú pasa a último debate en la Cámara de Representantes para que sea ratificado como ya lo han hecho 13 países a nivel internacional”.

“Este es un acuerdo internacional, como tantos que ha suscrito Colombia. El ordenamiento jurídico de Colombia no entra en inseguridad por el Acuerdo de Escazú, pero en cambio sí entran en mayorías garantías para la seguridad nuestros líderes y lideresas ambientales”, subrayó.

Sin embargo, desde la oposición rechazaron el avance de la iniciativa. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, señaló que la norma destruye la “soberanía jurídica” y la autonomía del país.

“Camino a la destrucción de la soberanía jurídica y la autonomía de nuestro país para avanzar como nación. Los progres allanan el camino, para quedar dependientes de la narcodictadura de Maduro”, dijo.

En el debate previo, que se llevó cabo en el Senado, Cabal había realizado fuertes críticas al acuerdo.

Durante su intervención explicó que varios gobernadores indígenas del Amazonas peruano rechazaron este acuerdo, puesto que “rechazaron el globalismo ambientalista”.

Así mismo, aseguró que “la soberanía de Colombia está en riesgo con Escazú porque, cuando fusiona Derechos Humanos con derechos ambientales, activa la jurisdicción internacional”.

“Escazú es un gran engaño, que no suple la tragedia de los cultivos de coca que sí causan la muerte”, agregó Cabal en su cuenta de Twitter.

“Hoy la excusa de los ambientalistas fundamentalistas que son los reyes de las causas justas, el fascismo de los buenos, van a hacer que el ser humano tenga que dejar de respirar. Seguramente Dios no nos dio la razón para usar los recursos naturales y tener una mejor calidad de vida y no nos la dio para cuidar el medioambiente”, manifestó.

Y es que vale la pena recordar que, previo al debate, durante varios minutos la congresista se enfrentó a esos líderes y al senador Wilson Arias, quienes culparon al Centro Democrático de interferir en la aprobación de esa iniciativa.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú propone mejorar la participación ciudadana en la conservación ambiental y en la protección de los derechos de sus líderes, pero para algunos sectores las bondades que tiene esa iniciativa no son reales.

“En iniciativas como Escazú, con la que cederíamos nuestra soberanía a cortes ambientales y organismos judiciales internacionales, haremos oposición a la intención de crear lo que yo he llamado la ‘JEP Agraria’, que obligaría a crear más cargos burocráticos y pondría en peligro el derecho de propiedad y la seguridad jurídica”, dijo Cabal.

De hecho, el Centro Democrático reiteró semanas atrás su postura frente al Acuerdo de Escazú y anunció que votaría en contra de esa iniciativa. “Luego de un minucioso estudio jurídico y político sobre el acuerdo, nuestra bancada encuentra que Escazú significa la pérdida de la soberanía de Colombia, por tratarse de un acuerdo que supone la prevalencia del Derecho Internacional sobre el orden interno”.

Agregaron que “los avances en materia de derechos ambientales, que vale la pena decir, tienen un enorme desarrollo en el orden constitucional, legal y jurisprudencial de Colombia, a diferencia de otras naciones en la región, hay diversos casos que así lo demuestran. Por lo tanto, para salvaguardar la protección del medioambiente, la participación de las comunidades y la seguridad de los líderes sociales, el país no tiene que exponerse a un acuerdo como Escazú, que genera inseguridad jurídica, duplicidad normativa y pone en riesgo a todos los productores, sin importar su tamaño, condición social y/o actividad”.