Política
Los puntos más polémicos del Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso, ¿en qué quedó la expropiación?
El texto, cumplido su trámite en el Congreso, pasa ahora a sanción del presidente Gustavo Petro.
Luego de extensos debates, cargados de denuncias, ‘micos’ y polémicas, las plenarias del Senado y la Cámara finalmente aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro. Ahora, la que será la hoja de ruta para el actual Gobierno pasará a sanción presidencial
El texto del Plan de Desarrollo fue aprobado en su totalidad por ambas plenarias en la madrugada de este viernes, mientras la mayoría de los colombianos dormía. Esto debido a que lo aprobado en Senado era diferente a lo aprobado en Cámara, lo que obligó a hacer una conciliación. Adicionalmente, como suele ocurrir, el Congreso tenía plazo hasta el 6 de mayo para avalar la iniciativa.
A pesar de que el tema ya quedó cerrado, por lo menos desde el punto de vista legislativo, son varios los artículos polémicos que, según ha denunciado la oposición, fueron aprobado. Incluso, ya se anuncian demandas contra el texto.
Predial
Uno de los artículos que más controversia generó es el que permite subir los avalúos catastrales para igualarlos con los comerciales. Eso, según explicó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, “que los prediales de todos los colombianos se van a disparar y que los colombianos de clase media que no estaban declarando reta y ahora tendrán que empezar a declarar”.
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El artículo al cual se hace referencia es el 43, que se señala: “El Instituto Geográfico Agustín Codazzi adoptará metodologías y modelos de actualización masiva de valores catastrales rezagados, que permitan por una sola vez realizar un ajuste automático de los avalúos catastrales de todos los predios del país, exceptuando aquellos que hayan sido objeto de formación o actualización catastral durante los últimos cinco años previos a la expedición de la presente ley o cuyo proceso de formación o actualización esté en proceso de desarrollo a la fecha de expedición, con el fin de contrarrestrar la distorsión de la realidad económica de estos, corregir, inequidades en la carga tributaria y mejorar la planificación del territorio”.
¿Expropiación?
El punto que generó mayor debate en el país es el que tiene que la denominada “expropiación exprés”. De acuerdo con el texto, la Agencia Nacional de Tierras podría negociar directamente un predio y, si en 20 días no hay un acuerdo con el propietario, este se podrá declarar “de utilidad pública para la reforma rural integral”. No obstante, a última hora el Gobierno retiró este artículo.
El asunto es que, mientras se retiró este artículo, fue incluida otra disposición que, según la oposición, podría llevar también a la expropiación.
El fragmento indica que cuando un propietario de un predio no quiere vender su tierra y el Estado se la quiere comprar, se entrará a evaluar si el propietario la tiene bien explotada para asegurarse de que la pueda conservar.
“Van a meterse en la expropiación”, indicó la senadora Valencia.
Impuesto a las energías limpias
Dentro de lo aprobado está el artículo que sube los impuestos a las energías alternativas y limpias. El gravamen pasa del 1 al por ciento. Este es un valor mayor incluso al tributo que se cobra por el impuesto al carbono, que es del 4 por ciento.
No se aplicarán recomendaciones
A pesar de que la Plenaria de la Cámara revivió el artículo 8m del texto, que obligaba a las entidades del Estado a aplicar las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad, la propuesta finalmente se cayó en la conciliación. No fue incluida.
Información reservada
Acuerdos con comunidades indígenas
El otro punto, que fue considerado como un ‘mico’, es que indica que los acuerdos del Gobierno con las comunidades indígenas tendrían carácter de ley. “Son casi 500 puntos que no conocemos, no tenemos ni idea de qué son”, reclamó la representante Katherine Miranda.
Allí, según la congresista, se incluyen temas relacionados a la financiación de la guardia indígena, la creación de fondos directos, se adelantarán funciones de contratación directa por parte de los indígenas para proyectos de infraestructura, entre otros.
