Desgarrador: profesora afro denuncia que fue “engañada”, que Francia Márquez no le cumplió y que le tocó hasta pedir limosna con sus hijos

La violencia racista contra una familia afrocolombiana en los municipios de Paya y Chita, en Boyacá, conmocionó al país a finales de 2022. Kerlin Murillo, profesora de instituciones educativas oficiales, aseguró que ella y sus dos hijos, que en su momento tenían 5 y 9 años, habían sido maltratados, acosados y discriminados. La mujer incluso denunció en SEMANA que los niños habrían sido abusados sexualmente en varias oportunidades, lo cual les causó fuertes afectaciones en su salud física y mental.

El caso indignó a Colombia y hubo varios plantones en rechazo a lo ocurrido. Francia Márquez, vicepresidenta de la República, se puso al frente del tema y prometió acompañamiento a la familia afrocolombiana para restablecer sus derechos.

“El racismo mata, daña familias y sociedades. Rechazo absoluto a todo tipo de violencia racista, es nuestro compromiso luchar contra este flagelo, que existe con fuerza en nuestro país y no nos permite vivir en paz y dignidad. Solicito a la Fiscalía investigar este caso”, publicó Márquez en sus redes sociales, lo cual fue replicado en varios medios de comunicación.

En los plantones, Márquez, “como vicepresidenta, pero sobre todo como mujer negra y como madre”, pidió celeridad en las investigaciones. Luego, este medio conoció que la vicepresidenta mantenía contacto telefónico con la profesora y pidió que un equipo de la Vicepresidencia la acompañara. La tarea de responder a las necesidades de la familia estaba en cabeza de Clemencia Carabalí, entonces consejera presidencial para la equidad de la mujer.

La vicepresidencia cubría el hospedaje de la familia en Bogotá, hacia donde los trasladaron después de conocerse el brutal maltrato que sufrieron en Boyacá. Sin embargo, fue corto el acompañamiento de Márquez y su equipo cercano, ya que la familia sigue siendo revictimizada y se enfrenta a condiciones de miseria. Kerlin Murillo volvió a hablar con SEMANA sobre su decepción con la vicepresidenta Francia Márquez, quien la habría dejado a su suerte después de anunciar con bombos y platillos su solidaridad con la situación.

“Quiero decirle que realmente me siento desilusionada. Siento una profunda desilusión como mujer afro, como trabajadora colombiana, como madre cabeza de hogar. Lo único que esperaba era que en mi caso se hiciera justicia, pero se le permitió a la institucionalidad colombiana vulnerarnos y revictimizarnos en todo momento”, le expuso Murillo a este medio.

Aseguró que los dejaron solos: “No hubo el acompañamiento, el caso se tomó como un caso mediático. Tengo la edad suficiente para entender cuando se me han engañado. Me siento engañada”. Y dijo que esperaba más de Márquez, “más allá de una llamada”. Manifestó que la decepción va más allá, dado que la profesora votó por la vicepresidenta en elecciones.

Murillo sostuvo que su realidad no cambió para bien desde que Márquez anunció su liderazgo en resolver la situación. “Recibí una llamada telefónica de la vicepresidenta, que se solidarizaba con nuestra situación, pero hasta ahí. Llegamos el mismo mes de diciembre a la ciudad de Bogotá y formalizamos las denuncias ante Fiscalía y Procuraduría. Visitamos varios ministerios, como Educación e Interior”, dijo.

La Vicepresidencia costeó los gastos de hospedaje de la familia en Bogotá hasta el 21 de diciembre de 2022, cuando le dieron tiquetes para viajar a Apartadó, Antioquia, donde Murillo dijo que tenía un círculo de apoyo para superar la situación. Sin trabajo y recursos, la madre cabeza de familia aceptó el traslado por las promesas del Gobierno.

“Nos fuimos con la promesa de que la Unidad Nacional de Protección nos iba a pagar el arriendo y que la Unidad para las Víctimas se iba a encargar de la alimentación. Así me lo dijeron desde la Consejería Presidencial, desde el Ministerio del Interior, estando con la doctora Clara Valdez”, dijo Murillo, refiriéndose a una asesora de Carabalí.

Apartadó, con la falta de ayuda prometida por el Gobierno, siguió siendo un infierno para la familia: “Nos engañaron, tocó pasar por múltiples vicisitudes. No teníamos dónde vivir, pero por el estudio de riesgo de la UNP tuvimos que irnos a Apartadó. Pasé trabajo, aguanté hambre. Abandono estatal”.

Según Murillo, pidió limosna en las calles y sus hijos no pudieron ir al colegio por fallas en el trámite de traslado. Ella tampoco pudo ser transferida oportunamente a Apartadó como profesora a pesar de haber pasado el concurso de méritos y de que el Ministerio de Educación prometió ayudarle.

Por el traslado tampoco tuvieron servicios de salud por cerca de un año. Uno de los menores tiene discapacidades, ambos requieren atención psiquiátrica, y la profesora asegura tener cáncer que, según las historias clínicas conocidas por este medio, no fue tratado durante varios meses.

“Parecíamos inmigrantes. Calle para arriba, calle para abajo. Los niños, sin estudiar por estar bloqueados en el sistema integrado de matrícula, Simat”, dijo. La situación la llevó a solicitar ayudas en semáforos y a trabajar en una finca bananera: “Todo se me iba en arriendo y alimentación. También perdí una vivienda en Medellín”.

SEMANA conoció que la madre envió derechos de petición y cartas a la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Apartadó y el Ministerio de Educación para poder ser trasladada, pero fue una tutela, que falló a su favor el pasado 15 de enero de 2024, la que exigió que se realizara el movimiento.

El caso de Kerlin llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ella aseguró que habló con delegados. Según la profesora, el Gobierno nacional reportó que el tema estaba solucionado.

Mientras todo esto ocurría, el procurador delegado para asuntos étnicos envió oficios al ICBF, al Ministerio de Educación y a la Unidad Nacional de Protección con el fin de conocer qué se había hecho por la familia. De acuerdo con Murillo, no hubo restitución de derechos de ninguna entidad. “Mis hijos apenas iniciaron el proceso de restablecimiento de derechos este año por parte de la Comisaría de Apartadó”, indicó.

En el momento, Kerlin enseña en preescolar en una institución educativa de Apartadó, continuando con su vida lejos del recuerdo de las atrocidades que vivieron en Boyacá. Mientras su hijo menor se adapta sin problemas en su nuevo colegio, el mayor sigue enfrentando secuelas del maltrato del que fue víctima.

Murillo ha intentado comunicarse con Francia Márquez después de las llamadas de cuando se apropió del tema, pero la vicepresidenta no le contesta. Incluso, en algunos de los mensajes expresa su admiración por ella: “Dios la bendiga y nuestros ancestros la protejan siempre, gracias por ser como es”, le dijo en octubre de 2023, sin lograr respuesta.

La afrocolombiana les da gracias a entidades como la Defensoría del Pueblo por interceder por ella, pero pide acciones de la Fiscalía, pues no ha habido avances concretos con quienes ella señala como responsables del maltrato y abuso que sufrieron sus hijos.

Una familia afrocolombiana, que la vicepresidenta prometió representar en el poder, estaría siendo ignorada por el Gobierno nacional. SEMANA le consultó a la Vicepresidencia de la República sobre la situación de la profesora y sus hijos, pero hasta el cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.