Magistrados denuncian ‘chuzadas’ y seguimientos por parte de la inteligencia del Gobierno Petro: fiscal Luz Adriana Camargo ya tiene el caso en sus manos

El miércoles de esta semana, la fiscal Luz Adriana Camargo concurrió a una sala plena convocada de forma extraordinaria en la Corte Constitucional. En la reunión estaban presentes todos los magistrados del alto tribunal. Fuentes del despacho de Camargo le contaron a SEMANA que, en ese encuentro, la fiscal recibió una de las denuncias más graves desde que está en su cargo.

En esa sesión, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le hizo entrega a Camargo de una fuerte carta en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar denuncia cómo él y su esposa están siendo víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal que incluye chuzadas telefónicas, seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes. Todo por cuenta de su trabajo como magistrado en esa Corte.

Hace unos días, se encendieron las alarmas cuando un mensaje de un estado de WhatsApp se viralizó. Allí decía: “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”. Este viernes, en la Fiscalía le confirmaron a SEMANA que dicho mensaje salió del teléfono celular del propio Ibáñez.

Personas que trabajan con Camargo le hicieron entrega a este medio del documento que recibió en la Corte y que está en el escritorio de la fiscal. La carta, de dos páginas, tiene fecha del pasado 14 de junio bajo el asunto “situación irregular”. Allí, el magistrado Ibáñez le reportó al presidente de la Corte Constitucional:

“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”.

Ibáñez va más allá: “También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (...) Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (...) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”.

Ibáñez también puso de presente que, hace aproximadamente dos meses, funcionarios de monitoreo y analítica “adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República” han hecho “seguimientos con fines de perfilamiento” a su esposa.

Sobre la sesión reservada entre los magistrados de la Corte Constitucional y Camargo no se conocen detalles, únicamente que la fiscal se habría comprometido a investigar. Un general de la república, activo, le confirmó a SEMANA de manera reservada que tales interceptaciones sí se han hecho. El alto oficial mencionó dos nombres que llaman la atención: Carlos Ramón González, hoy director de la DNI, y René Guarín, jefe de Tecnología y Sistemas de Información en la Casa de Nariño.

El general le contó a este medio que el Gobierno Petro ha centralizado la Inteligencia en la Casa de Nariño y, como lo ha denunciado el senador David Luna, allí intervienen la DNI, la Dian, la UNP, la Uiaf y la Policía. Inteligencia del Ejército estaría desmantelada, y en el caso de la Armada y las FAC solo tendrían autorización de manejar asuntos relacionados con narcotráfico y la interdicción.

El alto oficial planteó algunas dudas sobre si hoy en ese grupo de inteligencia también participan agentes de la Fiscalía y advirtió que hay preocupación porque ese bloque está dedicado a chuzar y seguir a opositores, magistrados y periodistas, usando tecnología de punta para intervenir comunicaciones y hacer seguimientos. Esto pese a que Petro dijo el pasado 4 de junio: “Somos demócratas y no vigilamos a nadie”. También desmintió, desde Suecia, que estuvieran persiguiendo a los magistrados.

SEMANA buscó al magistrado Ibáñez, pero su respuesta fue categórica. Dijo que no se pronunciará sobre el tema porque “supone que se trata de una investigación reservada que está en manos de la Fiscalía”. La relación entre el Gobierno y la Corte ha sido tensa, especialmente tras los fallos de este alto tribunal en torno a la reforma tributaria y el Ministerio de la Igualdad del Gobierno Petro, entre otros.

El presidente no ha escondido su molestia por esas decisiones y, de manera pública, se ha expresado en contra. Asimismo, le pidió al Ministerio de Hacienda que le recortara el presupuesto, entre otros sectores, a la Rama Judicial. Eso se entendió como una injerencia indebida del Poder Ejecutivo en la justicia y un ataque a la independencia de la Corte Constitucional. El anuncio de Petro fue calificado por algunos sectores como “autoritario y muy peligroso”, y como una “amenaza”.

Adicional a ello, se sabe que el ambiente en la Corte Constitucional, desde hace varios meses, está enrarecido. Algunos magistrados han expresado en voz baja que se sienten perseguidos, chuzados y monitoreados de manera permanente. El clima de prevención se agudizó tras la llegada este año de Vladimir Fernández como magistrado del alto tribunal, luego de haberse desempeñado como secretario jurídico de la Presidencia.

Algunos magistrados empezaron a desconfiar y a verlo como una especie de “espía”. Incluso, creen que las grabaciones de las sesiones de la Corte Constitucional podrían estar llegando, en cuestión de horas, a la Casa de Nariño. Preocupa la relación estrecha entre Fernández y Petro.

“Ellos están aquí”

La alerta por estos posibles seguimientos y chuzadas no es solo entre los magistrados de la Corte Constitucional. SEMANA contactó a varios magistrados en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la JEP, que expresaron que varios de ellos se sienten “inseguros y presionados” por el Gobierno Petro.

En febrero pasado, el magistrado Gerardo Botero, de la Corte Suprema de Justicia, en medio de la elección de fiscal, envió una carta a la ONU en la que denunció presiones al alto tribunal. “El Poder Ejecutivo y algunos miembros del Legislativo han venido generando expresiones que cuestionan y presionan las decisiones que debe tomar la Corte Suprema”, dijo.

Además, cuestionó la postura de Petro frente al violento asedio que sufrió la Corte Suprema en el Palacio de Justicia y responsabilizó al presidente. “Contrario a todo lo sucedido, desmiente la gravedad de los hechos a partir de los cuales nos vimos retenidos de manera forzosa”, le dijo Botero a la ONU. “La protesta del pueblo no es contra la justicia, sino contra la mafia que se toma la justicia”, dijo Petro en ese momento, y el magistrado así lo reportó a Naciones Unidas. Botero también denunció amenazas y dos extraños robos a su vivienda.

El presidente de la Corte, Gerson Chaverra, también denunció ante el país las presiones que vivió la sala plena tras el bloqueo a las instalaciones del Palacio de Justicia justo cuando se disponían a elegir fiscal general de la nación. Entonces, el Gobierno minimizó los hechos.

A mediados del año pasado, el director de la Policía, el general William Salamanca, tuvo una reunión con los presidentes de las altas cortes, quienes le informaron que se sentían inseguros. Todo inició en otra reunión de la comisión interinstitucional de justicia, a la que asistió el entonces fiscal general Francisco Barbosa. En el encuentro, un magistrado tomó la palabra y lanzó la siguiente frase: “Se pueden volver a tomar el Palacio de Justicia”. Estas palabras removieron la herida enclavada entre los magistrados por el holocausto desatado tras la toma del M-19 al Palacio, en noviembre de 1985.

Las quejas de los magistrados con Salamanca hablaban de una disminución de los policías que custodiaban el complejo judicial el año pasado. Luego de esa reunión con el director de la Policía, el oficial se comprometió a reforzar los dispositivos de seguridad.

En el caso de la JEP, el año pasado, también pidieron ampliar las medidas de protección. El presidente de ese tribunal, Roberto Carlos Vidal, denunció amenazas de muerte contra magistrados y funcionarios de la JEP que llegaron a los correos personales de dos abogados y una psicóloga. Se trataba de un panfleto firmado por las Águilas Negras. No se sabe hasta hoy en qué terminaron esas investigaciones.

Varios magistrados de la JEP sienten temor y creen que son víctimas de la inteligencia del Gobierno Petro, máxime cuando funcionarios han criticado la labor de ese tribunal frente al proceso de paz con las Farc. El excanciller Álvaro Leyva, en entrevista con SEMANA, dijo que la JEP había perdido su rumbo. Lo mismo aseguraron Timochenko y otros excomandantes de las Farc a este medio, por lo cual incluso ha habido propuestas para crear un tribunal de cierre que involucre a todos los actores del conflicto y lleve a un perdón y olvido.

El Gobierno Petro y sus aliados tampoco han tenido buena relación con el Consejo de Estado, que, de manera valiente, ha fallado contra congresistas del Pacto Histórico. Fue así como perdieron su curul, entre otros, Roy Barreras (hoy embajador en el Reino Unido) y Alexánder López (hoy director de Planeación). Desde el Pacto Histórico han atacado a ese alto tribunal por sus decisiones.

A raíz del fallo contra López, el representante a la Cámara Alfredo Mondragón dijo que su coalición “enfrenta una arremetida jurídica y mediática nunca antes vista contra la organización política”. Por su parte, la senadora Clara López aseguró: “La persecución política a los dirigentes del Pacto Histórico debe cesar”.

La fiscal Camargo tendrá que ser diligente y llegar hasta el fondo, contándole la verdad al país sobre qué es lo que está pasando con varios magistrados de las altas cortes que se sienten chuzados, seguidos y acosados. Además, será clave que la Fiscalía desenmarañe la ya recurrente denuncia contra la Inteligencia del Gobierno Petro, sobre la persecución que habrían montado contra magistrados, opositores y periodistas.

Los responsables tienen que pagar por sus delitos. Colombia no se puede convertir en una dictadura del terror que someta a sus ciudadanos a punta de intimidaciones. La justicia tiene que actuar libre, independiente y sin presiones. Esa es una condición innegociable en una democracia.