Mauricio Pava, abogado del presidente Gustavo Petro, toma distancia de la terna para el cargo de Defensor del Pueblo

En medio de una de las pujas políticas más importantes del año, la cual tiene que ver con la conformación de la terna para el próximo Defensor del Pueblo, varias personas muy cercanas al presidente Gustavo Petro han entrado en el sonajero.

Entre estos se encuentran el abogado Daniel Pardo Albarracín, quien representó a Petro en varios procesos penales y disciplinarios cuando fue Alcalde de Bogotá; así como Laura Sarabia Torres, quien hizo parte activa de la campaña a la Presidencia de la República y, pese a los escándalos, ha ocupado varios cargos de crucial importancia como jefa de Gabinete, directora de Prosperidad Social (DPS) y directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

En días pasados, el abogado penalista Mauricio Pava, quien lidera la defensa del Presidente en las investigaciones ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Consejo Nacional Electoral (CNE) por los gastos de la campaña, se sumó a la lista de posibles candidatos. El nombre del jurista antioqueño tomó fuerza, sin embargo, recientemente, Pava le manifestó al presidente Petro que no tiene interés alguno en ocupar cargos públicos siendo su única intención seguir al frente de su oficina de abogados MPa, que es “especialista en derecho punitivo y riesgos corporativos, en litigios y en compliance penal”.

Incluso, en medio de un evento académico en la Universidad Externado de Colombia, el abogado Pava aprovechó su intervención para cuestionar los abusos de poder que se presentan desde cargos públicos, haciendo especial énfasis en lo que ocurrió en la administración de Francisco Barbosa Delgado al frente de la Fiscalía General.

“Hay tres elementos: la persecución selectiva y arbitraria. En Colombia atenta e infringe el principio de objetividad y transparencia que le es exigido al Fiscal General, que es una norma. En Colombia el Fiscal no es adscrito a Ejecutivo, no es un litigante, el Fiscal administra justicia”, aseguró el profesional del Derecho.

“Lo segundo es la construcción de ecosistemas de culpabilidad en donde el ciudadano es señalado como culpable, sometido a la pena del banquillo, sin importar si se realizó un juicio justo. ¿Cómo se construyen los ecosistemas de culpabilidad? Con filtraciones, con desinformación, con piezas procesales seleccionadas y por último la deslegitimación de los líderes sociales o aquellos que tienen aspiraciones o que están en el ejercicio del cargo, Para minar su influencia y liderazgo”, aseveró.

Pava no dudó en señalar que Barbosa “instrumentalizó” el proceso que se adelantó contra el exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y excandidato a la Presidencia, Sergio Fajardo.

“En la etapa preelectoral de 2022, el fiscal Francisco Barbosa le movió un caso del año 2013 al precandidato Sergio Fajardo (...) El Fiscal lo tomó y dijo que había hechos de corrupción. ¿Para qué? Era necesario golpear su bandera que era contra la corrupción. El primer indicador de guerra jurídica, o lawfare, es que se habían producido 147 operaciones de crédito en dólares y el único que se investigó fue a Sergio Fajardo, explicó el abogado. Tras el anuncio de la imputación, la buena imagen de Fajardo se cayó. El Fiscal General Lo convirtió en un indecente”, añadió.

Carlos Ernesto Camargo Assis fue elegido el 15 de agosto como Defensor del Pueblo con 140 votos en la Cámara de Representantes y se posesionó en el cargo el 7 de septiembre. Hecho por el cual, a mediados de este año, el presidente Gustavo Petro debe enviar su terna a la corporación para que se inicie el estudio de las hojas de vida, se fije el cronograma para escuchar las propuestas y se realice la respectiva votación.

Por el momento, son más las dudas que las certezas sobre la terna que presentará el presidente Petro para este importante cargo.