“Me retracto”: Petro rectificó por orden del Consejo de Estado, tras señalamientos contra Enrique Vargas Lleras

En una extensa carta, el presidente de la República, Gustavo Petro, se retractó de los señalamientos en contra del hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, sobre supuestos malos manejos de facturación de la Nueva EPS.

El mandatario colombiano lo hizo por orden del Consejo de Estado, alto tribunal que le dio como plazo hasta este viernes 13 de septiembre para adelantar ese trámite.

Sin embargo, el jefe de Estado, por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, antes Twitter, apeló a la objeción de conciencia, en medio de los argumentos que dio sobre sus declaraciones frente a las supuestas irregularidades en la Nueva EPS.

“Justificaré expresamente ante las autoridades judiciales correspondientes, en el momento procesal oportuno, por convicciones internas, que constituyen en mi fuero íntimo, razones de objeción de conciencia, mi posición frente a mi deber jurídico, derivado de la orden señalada en el resuelve tercero del fallo de tutela emitido por el Consejo de Estado, en el proceso 2024-03889 promovido por Enrique Vargas Lleras”, dijo Petro en el documento.

Y avanzó: “Esta situación surge de unas manifestaciones de Germán Vargas Lleras contra la salud. A lo anterior manifesté que había un conflicto de interés, ya que su hermano Enrique Vargas era miembro de la junta directiva de la Nueva EPS y se había desempeñado como asesor jurídico en varias EPS”.

“Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS, donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperaremos los resultados de las investigaciones”, expresó el jefe de Estado.

Además, indicó: “Como ciudadano y como servidor público, he actuado siempre de manera crítica y directa denunciando la corrupción y el aprovechamiento ilegal e inmoral permitidos por un contexto de falencias en el funcionamiento de nuestro sistema de salud, que actualmente están siendo objeto de investigaciones por las autoridades competentes. Esta conducta es producto de mis más íntimas convicciones sobre lo que he creído toda mi vida, es lo apropiado, lo correcto y lo justo, en relación con cómo debe funcionar el servicio de salud en un país con recursos escasos y con una profunda desigualdad entre sus ciudadanos y ciudadanas”.

“Mis convicciones sobre este tema son genuinas y verificables a lo largo de mi vida pública. Están, además, amparadas en nuestro orden constitucional porque pueden justificarse en el cumplimiento de los principios de dignidad, solidaridad e igualdad, como componentes de la forma de garantizar el derecho fundamental a la salud. Estos principios y este derecho (están) consagrados en artículos puntuales y expresos de nuestra Constitución Política de 1991″, señaló.

También detalló en el documento que sabe que “como servidor público debo someterme al ordenamiento jurídico; no obstante, considero que como persona sigo siendo titular de los derechos fundamentales. No busco que se deje de aplicar la ley ni que se dejen de cumplir los fallos judiciales, pretendo que, por razones de conciencia, se me permita apartarme del cumplimiento de esta orden judicial en concreto”.

“Tengo la certeza de que la obligación de manifestar enmienda alguna –en cualquier escenario– a mis denuncias sobre cómo el diseño de nuestro sistema de salud posibilita y ha posibilitado que particulares, que hoy pueden señalarse puntualmente, deban ser investigados para conocer si se han lucrado ilegal e indebidamente a costa de los recursos y las necesidades en salud de los colombianos y las colombianas, riñe con mis convicciones internas”, dejó claro.

En su tesis aseguró: “No solo tengo opiniones, visiones, diagnósticos y propuestas sobre el sistema de salud en Colombia. Tengo también una profunda creencia que me obliga a adoptar un comportamiento inflexible frente a los abusos que en la prestación de este servicio se permiten. Por ello, mi proceder se manifiesta de esa forma, y es por ello también que quiero ampararme en el artículo 18 de la Constitución, para no ser obligado a actuar en contra de mis convicciones”.

“Se podrá decir que mis convicciones, formadas en mi fuero íntimo, sobre cómo funciona, cómo debería funcionar el servicio de salud y sobre la imperiosa necesidad de revelar qué y quiénes lo han pervertido, no son suficientes para negar la satisfacción de los derechos, presuntamente vulnerados, de quienes he denunciado”, anotó.

Dejó plasmado el jefe de Estado que “lo cierto es que esos derechos van atados a la calificación de falsedad de mis denuncias. Entiendo la garantía constitucional de no ser señalado con acusaciones que no tengan respaldo judicial, pero también entiendo que mi proceder derivado de mis convicciones sobre el sistema de salud en Colombia, pretende romper con el silencio y el encubrimiento de las razones y responsables de las afectaciones del sistema”.

“Considero que mi objeción de conciencia en el presente caso está ponderada con la naturaleza de un reparo genuino, la seriedad con la que he asumido la defensa de los recursos públicos y la certeza que, al día de hoy con la información disponible, me habilita constitucionalmente apartarme del cumplimiento de esta orden judicial, sin que se produzca un daño cierto e irreparable en el tercero destinatario de la orden, lo que permite amparar el derecho invocado”, afirmó el mandatario colombiano.

Finalmente, “esta solicitud la realizaré a título individual, solicitando únicamente el amparo de mi fuero interno en virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Constitución, exclusivamente en relación con lo señalado en el resuelve tercero del fallo de tutela emitido por el Consejo de Estado, en el proceso 2024-03889 promovido por Enrique Vargas Lleras, y sin mensaje adicional alguno a la ciudadanía y/o a los jueces de tutela”.