Política
Ministra María Victoria Angulo responde a alertas del equipo de empalme de Gustavo Petro sobre el sector educación
La ministra de Educación conversó con SEMANA sobre las observaciones y propuestas del nuevo gobierno.
El comité de empalme de Gustavo Petro, que detalló el país que recibirá el presidente electo tras su posesión, emitió varias alertas en torno al sector de la educación. A su vez, propuso descartes, ajustes y reformas al actual sistema.
María Victoria Angulo, ministra de Educación, conversó con SEMANA sobre lo dicho por el equipo del presidente electo. De acuerdo con el equipo de Petro, es de carácter urgente una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que influye en las transferencias hacia las entidades territoriales para atender necesidades en educación. La propuesta del comité es otorgarles más recursos a las secretarías de Educación, aumentando la inversión en colegios.
Sobre esta mención, la ministra aseguró que, desde 2017, las transferencias del SGP para la educación han sido insuficientes para “financiar los costos de la prestación del servicio educativo de la respectiva vigencia fiscal”.
“Lo anterior en razón a que el Sistema General de Participaciones, hasta la vigencia 2016, tenía un crecimiento real para ese año del 3 % por encima de la tasa de inflación causada, y el sector educación contaba con un porcentaje adicional, para ese año el 1,8 %. A partir de 2017, y en virtud de que no se realizó la reforma de ley que estaba contemplada, el incremento de la transferencia constitucional está asociado al comportamiento de los ingresos corrientes, presentándose fluctuación en el crecimiento anual del SGP frente a gastos inflexibles con crecimientos reales”, detalló la ministra a SEMANA.
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Por esa realidad, afirma Angulo, el Gobierno, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, propuso avanzar en una reforma que aumentara los recursos para el sector. “Que permitiera contar con recursos crecientes para la prestación de un servicio educativo de calidad, para lo cual creó la Comisión de Alto Nivel encargada de elaborar una propuesta de acto legislativo orientada al incremento real y progresivo de los recursos del SGP”, detalló.
Según la ministra, la pandemia retrasó el resultado de esta iniciativa: “Esta comisión se instaló en julio de 2019, sin embargo, con la pandemia de la covid-19, las sesiones se suspendieron y retomaron a finales de 2021, lo que no permitió tener el tiempo suficiente para lograr el consenso sobre la propuesta”.
“Es así como, para poder garantizar los recursos para cubrir el faltante durante el período 2017-2021, se ha tenido que buscar de manera temporal diferentes alternativas para siempre garantizar el pago de las obligaciones laborales de los educadores al cierre de cada vigencia, dentro de las cuales se encuentra la destinación, a través de la Ley anual de presupuesto de las vigencias 2017 a 2020, del uso en calidad de préstamo de los recursos de la asignación especial del SGP para el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades Territorial de Pensiones Públicas, FONPET”, agregó.
Para la actual vigencia, explica Angulo, se estima una necesidad para garantizar la prestación del servicio educativo de 1,5 billones de pesos. Para esto, se adelantaron mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda para que el gobierno entrante lo pueda concretar previo a una reforma del SGP.
El empalme también habló sobre la contratación de la prestación de los servicios médicos para el magisterio. Frente a este tema, la ministra explicó que el gobierno saliente le exigió a Fiduprevisora el cumplimiento de sus deberes.
“Es importante resaltar que el Gobierno nacional, respetuoso de las responsabilidades atribuidas legalmente al consejo directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a través del Ministerio de Educación Nacional, ha exigido a la Fiduprevisora el cumplimiento de sus deberes y obligaciones en relación con la prestación de los servicios médico asistenciales a cargo de FOMAG, llamando especialmente la atención sobre temas que son clave para la continuidad del servicio y para la nueva contratación del mismo, centrándose en aspectos como la calidad y la oportunidad en el servicio”, detalló Angulo.
Desde el consejo directivo de FOMAG, “se presentó por parte de la Fiduprevisora S.A. una propuesta de acuerdo dándole alcance al Acuerdo 09 de 2016, y otra para generar lineamientos para contratar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
Angulo argumentó que, desde el Gobierno nacional, se han propiciado todos los escenarios para que desde el interior del consejo directivo de FOMAG se puedan expedir los lineamientos para que Fiduprevisora realice una invitación pública. Esta garantizaría “mayores beneficios y avances en la prestación de los servicios de salud y en la definición de las pautas que gobiernen la Seguridad y Salud en el Trabajo para el Magisterio”.
“Contrato que, tal y como menciona el equipo de empalme, debe tenerse como prioridad, para lograr una mejora en la calidad lo provisión de los servicios de salud y salud y seguridad en el trabajo”, concluyó.
El equipo de empalme también habló sobre aumentar la base presupuestal de las universidades públicas. Además, aseguraron que no existe una asignación de recursos adicionales para 2023. La ministra aseguró que esta inclusión va hasta 2022, con la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo.
Estos recursos para instituciones de educación superior públicas “fueron definidos en el artículo 183 del Plan Nacional de Desarrollo, en cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos suscritos en 2018 con rectores, estudiantes y profesores y como parte del compromiso gubernamental de fortalecimiento de la educación superior pública”.
“La asignación de estos recursos adicionales finaliza en 2022 con la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo. Durante este periodo, cumplimos el 100 % de los recursos adicionales acordados con el sector y corresponderá al gobierno entrante, dentro de sus estrategias de plan de desarrollo, definir si se dispondrán nuevos recursos para el fortalecimiento de las instituciones públicas”, respondió.
Además, la ministra aclaró que, por ley, “las transferencias a las universidades se deben actualizar anualmente al IPC”.
“El Presupuesto General de la Nación es aprobado en el mes de octubre de todos los años, con el IPC proyectado a 31 de diciembre. Para el año 2022, el IPC utilizado para proyectar las transferencias a las universidades fue de tres puntos porcentuales y el IPC real certificado por el Dane fue de 5,62 puntos porcentuales, lo que generó una diferencia de 2,62 puntos porcentuales, que equivale a un poco más de 101 mil millones de pesos”, detalló.
Frente a la diferencia, Angulo aseguró que desde la cartera que lidera “se han adelantado las gestiones correspondientes para que el Ministerio de Hacienda disponga en el Presupuesto General de la Nación los recursos necesarios para cubrir este faltante y que por ahora están proyectados en el presupuesto 2023″.
Frente a la preocupación del empalme por falta de recursos para cubrir las cohortes de Generación E, Ser Pilo Paga y condonaciones de los programas, la ministra reiteró que el financiamiento se encuentra asegurado.
“El Gobierno nacional aprobó mediante documentos Conpes la importancia estratégica de Generación E con sus respectivas vigencias futuras destinadas al financiamiento efectivo de los compromisos adquiridos con estudiantes beneficiarios de los años 2019 y 2020, 2021, 2022 y hasta el año 2027, para garantizar la permanencia y graduación de todos los estudiantes beneficiarios”, indicó la ministra de Educación.
Frente a Ser Pilo Paga, del gobierno de Juan Manuel Santos, Angulo afirma que el presidente Iván Duque “honró todos los compromisos” con el programa.
“Se asignó una inversión de 3,3 billones de pesos para que los jóvenes pudieran adelantar sus programas académicos, alcanzando la destinación de más de diez billones de pesos para el acceso y la permanencia en la educación superior en el cuatrienio”, agregó.
Estos recursos se incorporan anualmente en los proyectos de presupuesto, que para 2023 ya está apropiado. “Vale la pena mencionar que el componente de equidad del programa Generación E, del cual se benefician más de 320.000 estudiantes, es un subsidio que entrega el Gobierno nacional a los jóvenes que ingresan a un programa de educación superior pública y no es una deuda”.
“En el marco de la apuesta por el fortalecimiento de la educación superior pública, al finalizar la vigencia 2022, habrán sido dispuestos más de 1,3 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Regalías y otras fuentes complementarias para el desarrollo de 795 proyectos para infraestructura física y tecnológica de las instituciones de educación superior públicas”, contó para este medio.
De 2019 a 2022, cuenta la ministra, se entregaron recursos para Planes de Fomento a la Calidad de las instituciones de educación superior públicas por un valor de 889 mil millones de pesos. Esto permitió realizar 1.508 proyectos orientados a bienestar y permanencia estudiantil; fomento para la investigación, desarrollo y capacitación profesional; fortalecimiento de la regionalización y fomento de la educación superior rural; dotación de infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura física; diseño o modificación de oferta académica, y fortalecimiento y consolidación de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, entre otros fines.
“Para infraestructura física y tecnológica, se desarrollaron específicamente 755 proyectos por valor de 621 mil millones de pesos”, agregó Angulo.
“Por otro lado, se han financiado proyectos de infraestructura mediante el Sistema General de Regalías por valor de 465 mil millones de pesos correspondiente a 36 proyectos. Adicionalmente, se han aprobado cuatro proyectos por valor de 232 mil millones de pesos con otras fuentes del Presupuesto General de la Nación. La actual Ley de regalías da prioridad a la inversión en infraestructura para las instituciones de educación superior públicas, un elemento que puede tener en cuenta el nuevo gobierno sumado a otras fuentes que defina”, recomendó.
En el gobierno de Gustavo Petro, la cartera de Educación será asumida por Alejandro Gaviria, exministro de Salud de Juan Manuel Santos y exprecandidato presidencial.
