Ministro de Defensa dice que miembros de primera línea que “estén imputados por hechos graves” no serían liberados ni serían gestores de paz

En la medida en que pasan las horas, varios funcionarios del Gobierno nacional siguen dando diferentes declaraciones sobre cómo serían las liberaciones de integrantes de la primera línea capturados por las autoridades y que, según el presidente Gustavo Petro, podrían salir de las cárceles para pasar las fiestas de fin de año en compañía de sus familias y ser gestores de paz.

Luego de la sesión de la Comisión Segunda del Senado en la que se presentaron los ascensos de 42 oficiales de la fuerza pública, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, habló del tema y manifestó que podrían haber algunos límites al beneficio de la liberación y de ser gestor de paz.

“Se debe hacer un proceso de acuerdo con la reglamentación que se expedirá. Hay un proceso también cuidadoso de verificación de quiénes de estas personas, que se encuentran privadas de la libertad por cuenta de la participación en la protesta ciudadana, van a ser designadas por el señor presidente como gestores de paz. De manera que no van a tener esa calidad personas que hayan cometido hechos graves o que, por lo menos, estén imputados por hechos graves”, afirmó Velásquez.

Esto se traduciría en que solamente -según lo dicho por el funcionario- podrían ser liberados y ser gestores de paz aquellas personas que hayan sido detenidas, pero que, hasta el momento, no estén en la etapa de imputación de cargos por la Fiscalía General de la Nación. “Son realmente pocos los que tienen sentencia condenatoria. La mayoría está en proceso”, afirmó Velásquez.

No obstante, el ministro del Interior y vocero del Gobierno nacional, Alfonso Prada, explicó en la mañana de este lunes que estas decisiones se tomarán caso por caso y que, para ello, se creará una “comisión de alto nivel” que analizará cada situación en particular.

“Cada caso va a ser revisado estrictamente por la comisión de alto nivel. No hemos estudiado el primer caso, porque la comisión no ha estado reunida, razón por la cual no tenemos una posición definida sobre cada caso, pero les aseguro que esas condiciones particulares de cada uno van a ser tenidas en cuenta para obtener o negarse el beneficio. Este no es un tema para abusar de él”, afirmó el ministro Prada.

Según el funcionario, el propósito de esta reglamentación, que podría firmarse en cuestión de horas, es definir las reglas para que el presidente Gustavo Petro pueda “hacer las correspondientes solicitudes de suspensión de capturas”.

“Esta medida va dirigida a líderes sociales, no solamente a jóvenes capturados en medio de la protesta social, sino en general a líderes sociales que el Gobierno, en cabeza del presidente y con la recomendación de la comisión de alto nivel, considere que pueden aportar, básicamente, a la consolidación del proceso de paz, al proceso de paz en sus regiones y a la conflictividad social que está supremamente visible en los territorios”, manifestó Prada.

Lo cierto del caso es que dentro del mismo Gobierno no parece haber absoluta claridad de cómo sería el procedimiento para lograr las liberaciones de estas personas, señaladas de pertenecer a la llamada primera línea y que, según las autoridades, habrían cometido delitos en medio de las protestas sociales que se vivieron en el país en los últimos años.

El solo anuncio del presidente Petro sobre que se procedería a realizar estas liberaciones y designaciones como gestores de paz a integrantes de la primera línea privados de la libertad despertó una ola de críticas de diferentes sectores, especialmente independientes y de oposición, la cual, seguramente seguirá creciendo en la medida en que se conozcan mayores detalles del tema.