Ministro Néstor Osuna viajó a México para explicar reforma de política criminal y penitenciaria al ELN

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, viajó a México para visitar la mesa de diálogo entre el Gobierno Petro y la guerrilla del ELN que adelanta su segunda ronda de paz en Ciudad de México.

El funcionario explicó a las delegaciones el proyecto que se radicó en el Congreso de la República y que busca reformar la política criminal y carcelaria en Colombia, por lo que las partes escucharon detenidamente las explicaciones del ministro.

Según información revelada por el equipo de comunicaciones de la mesa de diálogo, el ministro Osuna llevó un mensaje del gobierno nacional para que las conversaciones avancen rápidamente y se logren acuerdos que permitan desescalar el conflicto.

“Para el Gobierno es absolutamente prioritario lo que está ocurriendo y lo que vaya ocurrir en esta Mesa porque la búsqueda y la consecución de la paz es la justificación misma de este Gobierno”, dijo el ministro Osuna.

El Ministro de Justicia hizo una exposición ante las delegaciones de paz, delegados de los países garantes y de las instituciones que acompañan los diálogos para que conocieron a fondo el proyecto de Ley para la resocialización, la justicia restaurativa y la humanización de la política criminal y penitenciaria.

Según la información suministrada, el ministro Osuna pidió paciencia y confianza para ir superando los obstáculos jurídicos a la paz. “Hay demasiadas inercias políticas que impulsan a seguir una guerra, pero jurídicamente es aún más difícil. Cuenten con la voluntad política de este Gobierno para remover todos esos obstáculos, poco a poco, cuando vayan surgiendo, porque muchos están en la letra pequeña”.

El encuentro se prolongó por varias horas y quedó claro el objetivo de esta iniciativa que está siendo discutida en el Congreso de la República. Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno, dijo que la visita del ministro de Justicia “es la inauguración de la aproximación del Estado nacional y esto reafirma el carácter político de esta Mesa y de la delegación misma del ELN”.

Con la presencia de Osuna quedó claro que otros funcionarios del Gobierno Petro podrán acudir a la mesa de diálogo para explicar a las delegaciones asuntos puntuales del Gobierno Petro y Patiño señaló que esa dinámica podría agilizar los avances de algunos acuerdos o temas que se están tratando en la mesa de diálogos.

A su turno Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, insistió que esta decisión del Ejecutivo de enviar a sus ministros puede ayudar a “buscar sinergias entre los planes de cambio que plantea este Gobierno y los trabajos de la Mesa”.

Osuna explicó con detalle el proyecto y dijo que, para el Gobierno, es tiempo de pasar “de un modelo puramente encarcelador a uno resocializador y restaurativo”. El ministro dejó claro que no se trata únicamente de superar el hacinamiento en las cárceles, sino abordar de una vez el Estado de Cosas Institucional que la Corte Constitucional vienen señalando desde 1998 y que requiere de un cambio profundo del sistema.

Durante la reunión, las partes hicieron aportes sobre la ley que podrían ser tramitados por el Ministro de Justicia y agradecieron la articulación que se está dando con el Ejecutivo.

Proyecto de reforma a política criminal y penitenciaria fue radicado en el Congreso, este es el contenido de la iniciativa

Se trata del Proyecto de Ley 336 “por el cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas institucional y se dictan otras disposiciones”. El ministro Osuna ya le puso su firma para que sea empezado a discutir por los parlamentarios. La iniciativa fue recibida por el secretario de la Cámara Jaime Luis Lacouture y el presidente de la Cámara David Racero.

Se trata de un documento de 44 páginas con el que se busca cambiar los años de privación de la libertad en algunas condiciones, elimina algunos delitos y busca la resocialización de los presos.

Uno de los puntos que generará discusión entre los parlamentarios es el que contempla que en los eventos de concurso o acumulación jurídica de penas, es decir, cuando se junten penas por varios delitos, la pena privativa de la libertad no podrá exceder los 50 años, ya que actualmente es de 60. Esto fue confirmado por el ministro Osuna.

Otro de los apartes del articulado que generará un profundo debate es lo referente a cambiar los requisitos de la prisión domiciliaria. Con la iniciativa se busca que, si es aprobado el proyecto, una de las condiciones para acceder a ese beneficio sea que se trate de una conducta punible que no supere los 12 años de pena. En ese sentido se ampliaría 4 años, ya que actualmente está estipulado el requisito para penas de menos de 8 años.

Los detenidos que presenten enfermedades graves también podrían acceder a este beneficio. En ese caso, un centro médico determinado por el Inpec deberá evaluar cuando una persona presente alguna enfermedad compleja o condición de discapacidad que no le permita al delincuente estar tras las rejas. En ese caso el juez podrá evaluar la posibilidad de que pague su condena en detención domiciliaria.

“En casos de enfermedades graves, incurables y altamente discapacitantes con tratamientos paliativos debidamente diagnosticados, prevalecerá la autonomía del paciente, para que este, de manera libre, voluntaria e informada, decida si es trasladado a su domicilio o centro hospitalario”, dice la propuesta del Gobierno.

Por su parte, el contenido de la propuesta ya genera alertas en algunos puntos. Se habla, por ejemplo, de eliminar el delito de injuria y calumnia y deja solamente la injuria por vía de hecho, es decir cuando se atente contra la integridad física o haya ataques verbales. Igualmente elimina el delito de incesto del Código Penal.

En el caso de las protestas y hechos de vandalismo hay otras polémicas porque busca eliminar el concierto para delinquir de situaciones de protesta, tanto en la modalidad simple como agravada. Tampoco se contempla el terrorismo en estos casos.

“En ningún momento se entenderá que las conductas que se desarrollan en el marco de la protesta social pacífica, el ejercicio de la libertad de la reunión, asociación o manifestación, pueden dar lugar a la configuración del delito de terrorismo”, se propone en la iniciativa.

El proyecto del Ministerio de Justicia tiene un enfoque de resocialización de los privados de la libertad. Se habla de que en los centros penitenciarios se deberá garantizar la dignidad humana, las garantías constitucionales y los derechos humanos.

También se creará una oficina de Derechos Humanos que estará presente en cada uno de los centros de reclusión. De ser aprobado el proyecto, en los siguientes 6 meses de su promulgación el director del Inpec, en apoyo del Ministerio de Justicia, deberá reglamentar el funcionamiento de estas oficinas.

“Los establecimientos pueden ser cárceles de detención preventiva, penitenciarias de nivel 1, 2, 3 y 4″, señala con el objetivo de buscar la resocializaicón. La primera hace referencia a personas de alta peligrosidad. Los servidores públicos contarán con pabellones especiales.

Las personas que realicen trabajos y labores específicas podrán reducir un día de reclusión por dos días de trabajo. Aclara que no se podrán computar más de 6 horas diarias.