MinJusticia aclara por qué pidió a contratistas revelar su filiación política: “Fue por solicitud de la Registraduría”. ¿Para qué?

La senadora Paloma Valencia denunció que, al interior del Ministerio de Justicia, se les estaba exigiendo a los contratistas suministrar información sobre su “filiación política”. De acuerdo con la senadora, estarían enviando correos a sus contratistas con un enlace a una encuesta que debían completar antes del 17 de agosto del presente año. La encuesta, aparentemente diseñada para la actualización de datos, llamó la atención debido a las preguntas que no parecen estar relacionadas con las funciones laborales de los contratistas.

La cuestión que ha encendido la alarma es la solicitud de información sobre la afiliación política de los contratistas, detallada en la pregunta número 15 de la encuesta. Tras la denuncia de la congresista, quien expuso el caso por medio de la red social X (antes Twitter), ha planteado preguntas sobre el propósito detrás de la solicitud de información política en un contexto laboral; además, sobre si el Ministerio de Justicia está buscando hacer una “purga” de contratistas con orientaciones políticas diferentes a las del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Ante la controversia que surgió, el Ministerio de Justicia y del Derecho emitió un comunicado para aclarar la situación. De acuerdo con el MinJusticia, “este requerimiento se hizo por solicitud de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que pidió preguntarles a funcionarios y contratistas esa información referente a la filiación política, con el propósito de que la Registraduría haga la selección y el nombramiento de los jurados de votación para las elecciones de autoridades territoriales, que se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023″.

Para respaldar su aclaración, el ministerio compartió un documento fechado el primero de agosto de 2023, enviado por la Registraduría, en el que se incluía la pregunta sobre la filiación política.

Además, se adjuntaron documentos de años anteriores, correspondientes a 2017 y 2019, en los que se evidencia, de acuerdo con el ministerio, que la pregunta sobre filiación política es una “práctica habitual de esa entidad”.

“Como evidencia de que la solicitud de la Registraduría de incluir la pregunta: ¿filiación política?, es una práctica habitual de esa entidad, adjuntamos documentos de años anteriores (2017 y 2019) en los que se evidencia en esos instructivos de la Registraduría la pregunta sobre filiación política”, añadió el ministerio en su comunicado.

En el documento de la Registraduría, en uno de los apartes dice “filiación política”. En este, describe: “Campo obligatorio y se deberán ingresar los códigos de las agrupaciones políticas con personería jurídica o reconocidas por el Consejo Naconal Electoral”.

Para la senadora Paloma Valencia, solicitar la filiación política de los contratistas es una intrusión inaceptable en su intimidad y podría ser una violación de la Ley para la Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012). Además, señaló que esta medida plantea serias preguntas sobre la posibilidad de discriminación política en el proceso de contratación y renovación de contratos en el Ministerio de Justicia.

Al respecto, el Ministerio de Justicia aseguró que, en cumplimiento de la solicitud de la Registraduría, proporcionó la información requerida en 2023. Asimismo, enfatizó su compromiso de garantizar la protección de los datos personales de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, velando por la privacidad de los funcionarios y contratistas del ministerio.