MinSalud se durmió con ley sobre biopolímeros: se venció el plazo para cumplir la norma y sigue “en la etapa de creación”

Al Ministerio de Salud le llegó otro jalón de orejas, esta por las demoras en la implementación de la ley sobre biopolímeros que fue sancionada desde agosto de 2022 y nada que se está ejecutando.

Esa normativa creó un tipo penal para quienes han causado lesiones personales a los usuarios que se aplicaron esas sustancias no permitidas, regulo el uso de estas y le estableció la tarea al Gobierno nacional de promover estrategias para prevenir que los pacientes, quienes en muchos casos son mujeres, utilicen esos elementos.

Sin embargo, han pasado cinco meses desde que fue sancionada como ley de la República y nada que comienza a aplicarse a cabalidad. Es más, desde la fecha de la promulgación el poder Ejecutivo tenía tres meses aplicarla y la propia cartera de salud reconoció que apenas se encuentra “en etapa de creación”.

Así se lee en la respuesta enviada por el despacho que dirige el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo al senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien fue el autor de esa normativa: la estrategia de atención todavía no está lista, el Invima no les ha respondido sobre las iniciativas de educación sanitaria, no se ha publicado el listado de instituciones autorizadas a realizar procedimientos estéticos y tampoco la de sustancias modelantes permitidas.

La propia cartera reconoció que “la Dirección de Promoción y Prevención de este Ministerio, responsable de diseñar e implementar la estrategia de promoción y prevención sobre los riesgos y daños a la salud humana derivados de la aplicación de sustancias modelantes no permitidas, informó que en los meses de noviembre y diciembre de 2023, formuló el plan de trabajo y se conformó el equipo técnico para la elaboración de la política, la cual, actualmente se encuentra en la etapa de creación”.

El senador Motoa advirtió que “las víctimas no pueden esperar más para ser atendidas y no podemos permitir que las cifras aumenten”. No hay una certeza sobre cuántos pacientes han padecido los efectos de esas sustancias porque, salvo las denuncias de modelos e influenciadoras sobre el tema que ayudaron a hacer eco sobre el tema, y mucho menos información clara sobre qué lugares estaban inyectando ese producto de forma irregular.

El Ministerio de Salud ya realizó movidas internas para crear el listado de instituciones y profesionales de salud que están autorizados para la realización de procedimientos estéticos, pero aún no se conoce ese catálogo. Tampoco se tiene el listado de sustancias modelantes que sí están permitidas, por lo que los pacientes interesados en hacerse algún tipo de procedimiento estético aún no tienen información clara sobre qué está autorizado (y qué no) en los quirófanos del país.

Sobre ese último punto, esa cartera respondió que “el 22 de diciembre de 2023, el Invima presentó a este Ministerio el primer borrador del listado de sustancias modelantes permitidas, el cual abarca información detallada sobre la sustancia, su composición, indicaciones y usos, la zona del cuerpo donde puede ser aplicada, dosis y presentaciones comerciales”.

La aclaración, que hace parte de la respuesta a un derecho de petición realizada por el senador Carlos Fernando Motoa, indica que “tal listado se remitió a las Sociedades Científicas - Sociedad Colombiana De Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva - Academia, para observaciones hasta el 26 de enero de 2024, una vez sea validado por tales actores, se procederá con su publicación”.

Así las cosas, falta que se concrete la emisión de actos administrativos para aplicar la ley sobre biopolímeros, pero el Ministerio de Salud insiste en que tiene voluntad de cumplirla.

La Ley 2316 de 2023 establece que quien inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas tendrá que incurrir en una pena de prisión de entre 32 y 120 meses y será obligado a pagar una multa de entre 150 a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.