Miravalle: Emilio Archila, exconsejero del gobierno Duque, destapa cifras que se invirtieron en Caquetá. Petro frenó implementación

SEMANA: Más de 300 personas deberán salir del ETCR de Miravalle. ¿Qué opina sobre lo que está pasando?

EMILIO ARCHILA: Ese es un sitio en donde, como usted lo menciona, alrededor de 300 excombatientes estaban adelantando su proceso de reincorporación. Fue una de las zonas a las que durante la administración del presidente Duque le pusimos mucha atención, de hecho, el presidente Duque estuvo visitando ese espacio territorial. Habíamos logrado que prácticamente la totalidad de ellos estuvieran dentro del proceso y con unos avances muy significativos en todas las garantías. Es un sitio en donde habíamos logrado que hubiera unos proyectos productivos muy bonitos como turismo, donde se recibía alrededor de 3.000 visitantes al año; tenían un ejemplo impresionante con su equipo de rafting que remando por la paz representó a Colombia en 2019 en Australia y en 2023 en Italia. Así que es una muy mala noticia que no se hayan tomado las medidas que se necesitaban para darles la seguridad.

SEMANA: ¿Por qué el interés de estos grupos armados, concretamente las Farc de Mordisco, por esta zona?

E.A.: Porque es un corredor estratégico para los criminales. En nuestra administración siempre fue uno de los sitios en donde más importancia le dimos a la seguridad. Fue allá en donde el Partido Comunes le planteó al presidente Duque que una vez que se venciera el plazo para los espacios territoriales, era importante mantener toda la protección que se tenía. Y de hecho, en su momento, así se dispuso, independientemente de que la figura jurídica de los ETCR terminara, pues mantuvimos al Ejército, a la Policía y el nivel de diálogo que se necesitaba con las comunidades. No es nada nuevo que el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia se estén disputando esta región.

SEMANA: El Gobierno Petro ha culpado en varias ocasiones al expresidente Iván Duque por los retrasos en la implementación del acuerdo. ¿A ustedes les faltó algo por hacer en Miravalle?

E.A.: Los frentes de la implementación para nosotros eran amplísimos. Implican temas de víctimas, reincorporación, sustitución de coca, planes de desarrollo con enfoque territorial, todos los 16 componentes de la reforma rural integral, las garantías a la justicia transicional y muchas cosas más. En lo que tiene que ver con los excombatientes, cuando nosotros llegamos al gobierno, todos los apoyos estaban legalmente previstos para que terminaran ese año. Fuimos nosotros los que incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo que se daría todo el apoyo que se necesitara durante todo el tiempo que se precisara. Ahí incluimos una cosa que no ha hecho ningún otro proceso de paz en el mundo, que es tener una hoja de ruta para incluir varias garantías: vivienda, productividad, salud, reunión familiar, educación y tierra. Hicimos un censo para todos los 16.000 excombatientes y conocimos exactamente en qué estado estaba cada una de las personas y logramos, en los tres años restantes, llevar ese proceso a un estado de irreversibilidad. Gracias a eso, este proceso de reincorporación es exitoso. Así que la respuesta es que no dejamos de hacer nada. Valdría la pena que el país mirara la manera como nosotros hicimos juiciosamente todo el trabajo de implementación, el traslado de Mutatá, y la forma en que se dieron todas las garantías. Era un proceso que el presidente Duque abrazaba y en el que se cuidó cada minuto a cada persona.

SEMANA: ¿Cuando acaba el gobierno Duque, la seguridad estaba garantizada en Miravalle?

E.A.: Sí, porque, como les he venido contando, en ese lugar le dimos una atención muy especial, sobre todo, al tema de la seguridad. Como de ahí salió uno de los cabecillas de estos grupos de hampones, sabíamos que era un sitio particularmente delicado y mantuvimos la protección del Ejército y de la Policía.

SEMANA: ¿Lo que está ocurriendo obedece a la situación de orden público o a la falta de continuidad en la implementación del acuerdo?

E.A.: Sacar adelante un proceso de reincorporación no es lo más transformador para las regiones donde ha habido violencia, pero son los cimientos. Uno necesita que el proceso de reincorporación sea exitoso para que todas las demás cosas puedan ocurrir. Necesitábamos que estuvieran en el Congreso (excomandantes), y allí los mantuvimos. Necesitábamos que la justicia transicional funcionara, y les dimos en su momento toda la financiación. Nosotros sí garantizamos toda la independencia que requiere un órgano jurisdiccional. Se necesita obviamente que las condiciones alrededor estén funcionando. Y si uno lo que hace es que deja de atacar al Estado Mayor Central y a la Segunda Marquetalia, que son los responsables del mayor número de homicidios de excombatientes, pues está dejando una parte importante para que sucedan cosas como las que están ocurriendo.

SEMANA: Pero, entonces, ¿por qué el Gobierno Petro les quiere echar la culpa a ustedes?

E.A.: No lo sé, porque uno de los temas a los que le dimos una prioridad inmensa fue al de aprovechar que la implementación de esto se debe hacer durante 16 años, y esa es una oportunidad única para Colombia. Entonces, en cada uno de los frentes no solamente logramos unos avances fenomenales, sino que dejamos la planeación hecha al detalle para que se pudiera continuar. En materia de víctimas, dejamos renovada la Ley de Víctimas y dos documentos Conpes para tener reestructuradas las dos entidades. En materia de reincorporación, como le contaba, nos tomamos el trabajo de crear la hoja de ruta y darle una guía a cada uno de los excombatientes para que el Estado les cumpliera. En materia de sustitución de cultivos, dejamos escrito el plan Colombia Sustituye, que cuenta con 5.000 millones de dólares para sustituir toda la coca del país. Dejamos hechos los 16 planes nacionales sectoriales para abarcar todos los aspectos de la reforma rural y obviamente los planes de desarrollo con enfoque territorial para los 160 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. La planeación fue muy robusta, muy detallada y está ahí para que en cualquier momento se retome.

SEMANA: ¿El presidente Petro se equivocó al acabar la Consejería para la Estabilización?

E.A.: Claro, pero no porque lo diga yo, pues él mismo ha dicho que fue un error y que la va a restituir.

SEMANA: Pero no lo ha hecho, y esa consejería es importante para la implementación…

E.A.: Bueno, yo le dediqué cuatro años de mi vida y sigo sufriendo las consecuencias de haber hecho ese servicio público…

SEMANA: ¿Cuáles consecuencias?

E.A.: Porque el servicio público lo deja a uno bien afectado económicamente, se pierde tiempo para estar con la familia y aparecen muchos enemigos que uno no sabe de dónde salen. Pero eso es parte del precio de servirle a Colombia.

SEMANA: ¿Qué puede pasar con la implementación del Acuerdo de Paz?

E.A.: Yo quisiera pensar que vamos a salvar esa oportunidad. Colombia tiene el diagnóstico hecho desde hace muchos años de cómo es que se necesita trabajar para que haya esa paz. Se necesita que haya una ejecución continuada. Se necesita transformar la ruralidad, se necesita adelantar la reforma rural integral, necesitamos combatir y sustituir la coca, obviamente mantener a las víctimas en el centro de atención. Cada uno de esos temas está previsto en los acuerdos y deberían haberse hecho. Pero si no aprovechamos esta oportunidad en donde la Corte Constitucional dijo que se debía hacer por cuatro años seguidos, no lo vamos a lograr.

SEMANA: Claro, pero para eso se necesitan recursos, y ustedes recibieron un Acuerdo de Paz sin plata…

E.A.: A mí no me dejaron plata (risas). Firmar acuerdos e incorporarlos en la Constitución no produce ni un peso. Produce el reto de conseguir la plata, y nosotros nos dedicamos a conseguir los recursos y a focalizarlos. En el Presupuesto General de la Nación nos inventamos el marcador presupuestal que obligaba a todas las entidades del Estado a financiar la parte que les correspondía. Hicimos una mejoría del sistema de obras por impuestos para que se aplicara a la implementación de los acuerdos; focalizamos los recursos de regalías, contamos con el sector privado, logramos que los departamentos y los municipios incluyeran dentro de sus prioridades la implementación en medio de la ausencia de recursos. Es algo con lo cual uno tiene que vivir. Nadie le hace la tarea y hay que hacerla.

SEMANA: ¿Entonces el Gobierno Petro es injusto con Iván Duque?

E.A.: El tema se puede analizar de distintas maneras. Una forma es con palabras y la otra es con hechos. El libro que escribimos con el presidente Duque se llama Paz con legalidad, un camino de hechos hacia la paz, y desde que salimos del gobierno no hay nadie que haya tomado las cifras, los resultados y haya dicho que es muy poquito. Ahí hay un tema de discurso en el que se quiere decir que no hicimos nada, y esa narrativa se repite sin evidencia. Pero cuando uno ve las cifras, logramos una transformación que, de haberse continuado, hubiera cambiado el rumbo de Colombia.

SEMANA: Pero el petrismo mantiene ese discurso. ¿Quienes están negociando con el Gobierno Petro será que sí quieren firmar algo?

E.A.: Yo soy optimista y quisiera pensar que sí, pero lo que nos están mostrando con sus hechos es que no. Quisiera aferrarme a mi optimismo. No es una frase mía, pero es muy cierta: por tus hechos te conoceré.

SEMANA: Si Petro lo llamara para pedirle una recomendación en el tema de implementación, ¿qué le diría?

E.A.: Que están todos los documentos que nosotros dejamos. Hace dos años dejamos organizado cada papel, cada documento, y cada planeación hecha. Dejamos las bases para construir sobre lo construido y trabajar sobre lo trabajado. Que negar lo avanzado y no tener en cuenta esas planeaciones que permitían que se construyera sobre lo construido es terriblemente triste. Y esa oportunidad, como digo, no la vamos a volver a tener.