Política
MOE advierte que el periodo electoral de 2023 es “el más violento registrado en la historia reciente del país”
La organización emitió un informe de los primeros siete meses del calendario electoral de cara a los comicios regionales de octubre.
La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó su cuarto informe preelectoral de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, de cara a las elecciones locales de octubre de este año. El análisis tiene en cuenta los primeros siete meses del calendario electoral, con corte a 29 de mayo de 2023.
La principal conclusión de la organización es preocupante: “El periodo electoral de 2023 se ha mantenido como el más violento registrado en la historia reciente del país”.
Según los datos de la MOE, se han registrado 320 hechos de violencia en los primeros siete meses del calendario electoral. En 2019, año de las últimas elecciones regionales, tan solo hubo 233 actos de este tipo en el mismo periodo.
“La violencia contra liderazgos en los primeros siete meses del calendario electoral de 2023 es la más alta de los últimos cuatro periodos electorales. Incluso, supera la violencia ocurrida durante el mismo periodo de las más recientes elecciones nacionales de 2022, marcado por un incremento sustancial de la violencia respecto del 2018, fundamentalmente en contra de los líderes y lideresas políticas”, indicó.
Tendencias
“Durante el periodo electoral de 2023, el total de acciones armadas y amedrentamientos por parte de grupos armados ilegales se incrementaron en 128 % y 119 % respectivamente, respecto al mismo periodo electoral de 2019″, se lee en el informe.
Por esta razón, la organización pide atención prioritaria por parte de distintas instituciones estatales para garantizar el desarrollo positivo de la elección. Al mismo tiempo, rechaza lo dicho por algunos actores que ponen en duda la posibilidad de realizar la elección, recomendando que se den a conocer planes de acción para resolver la situación de inseguridad.
En el informe, la organización expuso que los liderazgos políticos han sido los más afectados, concentrando el 54,1 % de las agresiones. Por otro lado, los líderes sociales recibieron 104 de estos ataques, un 14,3 % más que en octubre de 2019. Finalmente, se registraron 43 actos contra líderes comunales.
Con respecto a la naturaleza de las agresiones, la más recurrente es la amenaza, concentrando 212 de los casos, con un aumento del 61, 8 % si se le compara con las elecciones regionales anteriores.
Las 320 agresiones registradas se llevaron a cabo en 132 municipios de 27 departamentos del país. La MOE encontró que Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Cesar y Santander son los territorios más afectados, dado que reúnen el 41,9 % del total de los hechos y el 46 % de los asesinatos.
Otra muestra del recrudecimiento de la violencia es que los departamentos de Boyacá, Guaviare, Quindío y Vichada registran al menos un hecho violento. En 2019, estos territorios no presentaron ningún tipo de ataque en el marco de las elecciones.
Los grupos armados ilegales han sido un actor importante dentro de los meses preelectorales en Colombia. La MOE registra 768 acciones de dichas estructuras, de las cuales el 69,1 % corresponden a acciones armadas y el resto son amedrentamientos.
“Estos números representan un aumento de 128,9 % y 119,4 % respectivamente, en comparación con el 2019. Es así como el 2023 se ha posicionado como el periodo electoral con el mayor número de acciones de los grupos armados ilegales desde que la MOE empezó el seguimiento en el 2018″, dice el informe.
Las disidencias de las Farc aumentaron sus acciones armadas en un 153,7 %, así como también se incrementaron los amedrentamientos en un 85,3 %.
Con el ELN también aumentaron, a pesar de los constantes intentos del Gobierno de pactar la paz con el grupo. Las acciones armadas subieron un 34,1 % y los amedrentamientos un 84,2 %. El resto de los grupos armados organizados e ilegales han registrado incrementos del 67,2 % y 134 %, respectivamente.
Las recomendaciones de la MOE van dirigidas a realizar acciones dirigidas a garantizar la seguridad y proteger la vida e integridad de las personas que aspiran en las próximas elecciones.