Movidas turbias en intervenciones a EPS: retención de pagos a IPS, presiones y peor servicio para los usuarios encienden las alarmas

Carolina Corcho, exministra de Salud y Protección Social, llegó al cargo para defender a los usuarios de los hechos de corrupción que salieron a la luz desde que se creó la figura de las EPS. Inmediatamente nombró a su equipo de trabajo, designando a Ulahy Beltrán, médico barranquillero, como superintendente de Salud.

Este nombramiento ha sido uno de los más polémicos del gobierno del presidente Gustavo Petro, ya que se trata de una figura cercana al clan Torres, familia contratista e inmersa en política del Atlántico, que además tiene experiencia y negocios en el sector salud. Además, llamó la atención su gestión como gerente del Hospital Universitario Cari de Barranquilla, donde fue cuestionado por darle el control de la institución a un operador privado por 15 años, contrato que la justicia tumbó porque la firma no cumplía con ninguno de los requisitos.

Beltrán sigue gererando polémica, ahora con sus acciones como superintendente de Salud. El sector de las EPS sospecha que existe un plan para eliminarlas desde el ente que las vigila y controla. Las denuncias señalan que existen intervenciones arbitrarias, sanciones desproporcionadas y presiones a las entidades para crear una crisis en el sistema que logre convencer que se necesita una reforma a la salud.

Mientras las sanciones son un tema preocupante, lo que más ha impactado a los proveedores de servicios y usuarios son las intervenciones. SEMANA conoció testimonios que aseguran que estas han sido manejadas de forma arbitraria y que interventores han presionado a prestadores por medio de la retención de los pagos y, en caso de no ceder, dan por terminados los convenios.

El interventor impedido

La EPS Asmet Salud tiene todos los reflectores encima por el manejo del abogado barranquillero Luis Carlos Gómez Núñez.

En principio, lo que encendió las alarmas fue que Gómez Núñez, exsuperintendente delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, renunció a su cargo y pocos días después fue nombrado interventor.

A pesar de que existe un banco de hojas de vida para interventores y liquidadores, y de que claramente está impedido por haber sido funcionario de la SuperSalud y haber conocido casos que involucran a la EPS intervenida, el superintendente se apartó de la lista de elegibles y lo nombró. No se conoce la justificación de la decisión, que es necesaria para este tipo de casos.

SEMANA conoció que un ciudadano denunció la inhabilidad en la Procuraduría el pasado 26 de julio, pidiendo abrir una investigación disciplinaria contra el superintendente Beltrán.

Más allá de su posible inhabilidad, desde el pasado 15 de mayo, día en el que se intervino la entidad, los usuarios y proveedores padecen por la gestión.

SEMANA supo de varias fuentes que existe una “lista negra” desde la llegada del interventor a la entidad y que aquellas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) incluidas tendrían dificultades con pagos y continuidad de la prestación de los servicios.

Este medio se comunicó con varias instituciones y todo apunta a que más de 50 no reciben pago desde el mes de mayo, razón por la cual se encuentran al borde de la quiebra. Otra buena cantidad, en medio de las condiciones hostiles, han sido notificadas sobre la terminación prematura de sus contratos.

“Los hechos de corrupción notorios, con exigencias ilegales e indebidas a las IPS, las están llevando a la quiebra. Los no pagos por parte la Adres a contratistas y operadores están colocando a estas empresas en situación de insolvencia”, se lee en una denuncia anónima que llegó a este medio.

SEMANA conoció documentos de dos IPS que se enteraron de la terminación unilateral de sus contratos en los últimos días de junio sin justificación alguna. Gómez Núñez aseguró que podía hacerlo por la medida de intervención.

“Agradecemos la labor desempeñada como parte de la red de prestadores de Asmet Salud EPS S.A.S. y en favor de nuestros usuarios”, se lee en los documentos, en los que el interventor asegura que toma la decisión por el bien financiero y de la prestación del servicio.

Fuentes le indicaron a SEMANA que dichas IPS también sufrían retención de los pagos, previo a la terminación de los contratos. Han tenido problemas para pagar nóminas y contemplan el despido de cientos de trabajadores.

SEMANA se comunicó con otro prestador de servicios, que pide reserva de su identidad por temor a represalias. “A pesar de la falta de pago, nosotros estuvimos frente al servicio. Tenía nóminas qué pagar, tenía arriendos qué pagar y necesitaba que me atendiera el interventor. Luego me llegó un mensaje diciendo que estaba en trámite la consecución de un operador logístico. No conozco al operador, ni siquiera sé si tienen una red para prestar el servicio. No hubo compromiso del pago, hay un limbo con el dinero que nos adeudan. Estamos elevando oficios a la Superintendencia de Salud”, dijo el prestador, atemorizado.

Los pacientes también sufren por la terminación de los contratos, al punto en el que muchos no están siendo atendidos y tampoco tienen medicamentos. Incluso, escuchan que podría haber presiones por parte de la intervención a las IPS y el próximo lunes llevarán a cabo un plantón frente a la sede de Popayán para exigir mejor servicio.

“Lamentamos todas las decisiones que se está tomando el interventor. Somos varios los usuarios de Asmet Salud que nos estamos viendo afectados. Al suspender los contratos, obviamente se ve afectada la atención a los usuarios. Se cancelaron servicios vitales como urgencias en diferentes clínicas de Popayán. En muchos lugares no se consiguen medicamentos. Salen acusaciones graves. Se están terminando contratos, escuchamos que la intervención le está pidiendo dinero a las IPS”, dijo Andrés Díaz, paciente de Asmet Salud, en entrevista con SEMANA.

Justamente, el contrato con una empresa de medicamentos con infraestructura local se terminó y se suscribió a la Unión Temporal S&M.

Luis Carlos Gómez, el interventor, se desempeñaba como gerente de la firma de abogados P&G Consultores Asociados, la cual es cercana a la empresa Suministros y Dotaciones Colombia (SyD), que fue su cliente. Esta compañía hace parte de la Unión Temporal.

El pasado 6 de julio, Gómez renunció a ser interventor en Asmet Salud y no hay certeza sobre quién podría ser el nuevo encargado. Nuevamente, ignorando la lista de idóneos, todo apunta a que nombrarían a una figura cercana a Beltrán.

Los abogados que ofrecen cobrar carteras

Emssanar, EPS intervenida desde la administración anterior, también padece por la salida de Juan Manuel Quiñones, anterior interventor, y la llegada de Luis Carlos Arboleda Mejía. Todo indica que existe una situación similar con la terminación de contratos y retención de millonarios pagos a operadores. SEMANA conoció que esto está siendo revisado por la Secretaría de Salud de Nariño, uno de los departamentos con más usuarios de la EPS.

“Contratan sin notas actuariales, sin notas técnicas. Han instruido terminar con todas las redes y microrredes diseñadas. Piensan traer grandes prestadores de la costa Caribe”, dijo una fuente enterada del caso a este medio.

Por otro lado, varias personas enteradas y proveedores que conversaron con este medio coinciden en que abogados barranquilleros están ofreciendo sus servicios a aquellos que tienen los pagos retenidos por las EPS.

SEMANA conoció una propuesta de la firma C&C Consejeros a una IPS en Tumaco, Nariño, donde solicitaban el 19 % del total del cobro de la cartera en mora, con el beneficio de que se les entregará lo que le deben.

Estos servicios son legales y se trata de un acuerdo entre las partes para recuperar la cartera, pero varias fuentes consultadas por SEMANA coinciden en que llama la atención que los abogados que ofrecen sus servicios para los proveedores de las EPS intervenidas sean de Barranquilla.

“Hay reuniones en un apartamento del norte de Barranquilla, ahí citan a proveedores de todo el país para acordar pago”, dijo el sujeto, que prefirió mantener su identidad bajo reserva para protegerse.

En medio de denuncias y acusaciones, el servicio prestado por las EPS intervenidas resulta peor que cuando se encontraban por fuera de la medida de recuperación. Los principales perjudicados son los pacientes y los trabajadores.

Héctor Fabio Osorio, presidente de Sintrahospiclínicas del Hospital Universitario del Valle, que representa instituciones que prestan servicios para Asmet Salud y Emssanar, cuestionan la falta de recursos en medio de la intervención.

“Le hacemos un llamado al superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, a la secretaria de Salud, Cristina Lesmes, que digan la verdad. ¿Qué es lo que pasa en el giro directo? Que no llega la plata completa a Asmet Salud, que no llega la plata de Emssanar por culpa de la Superintendencia de Salud. ¿De quién es la culpa? Aquí no hay recursos para la compra de insumos y medicamentos, y menos para el pago de los trabajadores. Están llevando a la crisis a los hospitales de Valle del Cauca”, dijo Osorio en un video, en el que también pide una protesta la próxima semana para llamar la atención de las autoridades del sector.

Las intervenciones están empeorando la prestación del servicio a los usuarios. Es de público conocimiento el manejo cuestionable por parte de los interventores, las presiones a los proveedores y la estrategia del superintendente Beltrán de rodearse con aliados de la región Caribe. Este medio conoció que las autoridades esperan denuncias formales en torno a lo que ocurre en las EPS bajo la medida de la SuperSalud, pero por ahora, por las posibles represalias, ninguna institución se atreve a hablar.