Política
“Ninguna orden excepcional”: minDefensa aclara el mandato de 48 horas para desalojar los predios invadidos
El Gobierno había indicado que primaría el diálogo en esos escenarios, pero que se adoptarían los mecanismos de ley ante la ocupación de tierras.
En el gobierno de Gustavo Petro un problema ha crecido: las decenas de personas que en todo el país han comenzado a invadir predios, en especial en las zonas rurales. El martes, la vicepresidenta Francia Márquez, en una dura postura, indicó que ese tipo de prácticas de ocupación de predios privados no se pueden tolerar en Colombia.
“Rechazamos y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta, de manera inadecuada, invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país, para que se abstengan de estar realizando esa práctica”, sostuvo Márquez.
“La Constitución demanda la garantía de los derechos sociales y culturales, económicos de todos los colombianos, pero también el respeto a la propiedad privada”, agregó la alta funcionaria del Gobierno nacional.
En esa misma declaración, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, entregó detalles de cómo enfrentarían ese tipo de situaciones. Aseguró que los invasores tenían 48 horas para desalojar.
El ministro, dada la polémica que causó esa declaración, salió a aclarar sus palabras.
“Ninguna orden excepcional; solo se recuerda que el art. 81 Ley 1801/16 autoriza a la Policía Nacional para desalojar -dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación- a quienes invadan inmuebles. La instrucción es privilegiar siempre el diálogo sobre las medidas de fuerza”, dijo.
#Comunicado oficial frente a los hechos de ocupación de predios en algunos sectores del país. https://t.co/lBmZvgFiMI
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 30, 2022
Esta fue la declaración del gobierno Petro:
- “Como Gobierno respetamos la Ley y la institucionalidad.
- Confirmamos que sí va a haber Reforma Agraria para buscar equidad en el acceso a la tierra, pero pedimos a los colombianos respetar la tenencia y la propiedad.
- Quienes quieren promover invasiones entorpecen la gestión del Gobierno y esto podría redundar en que sean investigados por parte de las autoridades.
Invasores de propiedad privada se enfrentan a la policía en el Huila. Incrementa la invasión de tierras y no pasa nada para detener el abuso. pic.twitter.com/LsNyLdPl70
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 26, 2022
- Como Gobierno estamos dispuestos a saldar la deuda histórica que existe en Colombia con quienes quieran acceder, mediante el diálogo, pero no con la violencia, a este proceso de democratización de la propiedad.
- Las personas que promuevan este tipo de actos se alejan de los objetivos que el presidente de la República ha planteado para el acceso a estos predios.
- Como Gobierno hemos dicho que las propiedades que se encuentran en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se destinarán a los colombianos más vulnerables, quienes se encuentran en zonas de alto riesgo, cooperativas, mujeres y jóvenes emprendedores, pero esto implica un proceso que se debe surtir, en la medida en que muchas de estas propiedades están en procesos de extinción de dominio y, también, se debe hacer un análisis para la entrega de estos predios a quienes más lo necesitan, dentro de nuestra política de equidad y democratización de la propiedad”.
“Son prácticas inaceptables para este Gobierno, de tal manera que las fuerzas de Policía deben actuar para impedir la ocupación de esos terrenos y dentro de las 48 horas siguientes, como lo consagra la ley, tomar todas las medidas y acciones necesarias para desalojar”, anotó Velásquez.
La problemática
Cabe señalar que en los últimos meses se ha vivido una fuerte tensión en los cultivos de caña ubicados en el norte del Cauca, donde organizaciones indígenas han entrado a invadir. Incluso, en las últimas horas se presentó el más reciente caso, en el que se registró un fuerte enfrentamiento entre trabajadores afros e indígenas que llegaron a ocupar predios de manera ilegal en el Alto del Palo (Cauca).
En videos que empezaron a circular rápidamente en redes sociales se puede ver el choque en el que personas encapuchadas lanzan objetos contundentes. Incluso en una de las imágenes se observa a una mujer afro que denuncia haber sido herida con una papa bomba, por lo que una de sus piernas quedó lastimada. En otra grabación se escucha a una persona indicar que los indígenas llegaron a destruir casas de esa población.
“Nos están dañando las carpas de la comunidad, tienen caucheras, papas bomba y gas pimienta. Están dañando las tejas de las casas. Nos están dañando el parque del Alto del Palo. Están correteando a los hombres de nuestra comunidad. Por favor, Gobierno, haga algo por nosotros”, dijo una mujer en otro clip.
Por otro lado, hace varios días se reportó un fuerte enfrentamiento a las afueras de Neiva entre uniformados de la Policía, adscritos al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), y la población.
De acuerdo con información preliminar, más de 200 personas intentaron invadir un predio privado en la vía que comunica al corregimiento de El Caguán con Neiva. En ese momento, se manejaron varias versiones sobre el balance de la situación. Algunos indican que al menos cinco policías y más de seis civiles se encuentran heridos. Sin embargo, el último reporte entregado por la institución indica que un uniformado resultó lesionado con arma de fuego.
La víctima, según se informó, fue remitida a la clínica regional La Inmaculada, en donde está siendo atendida.
Bien por el gobierno al rechazar claramente la invasión de tierras como mecanismo de presión para generar procesos de reforma agraria.
— Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) August 30, 2022
Las vías de hecho no pueden ser aceptadas bajo ninguna circunstancia.
Los enfrentamientos por el control de tierras se han convertido en una constante. La semana pasada, en Cali, las autoridades realizaron el desalojo de unas 50 personas que estaban ocupando un lote ubicado en el humedal Ibis.
Detrás de estas masivas invasiones habría bandas criminales que ocupan los predios y luego los venden a personas sin techo y oportunistas. Las autoridades ofrecieron hasta 30 millones de recompensa por información de estas estructuras delictivas.