No cambian: los congresistas colombianos y su negativa a bajarse de sus privilegios; ¿con qué salieron ahora?

Con la instalación del llamado Congreso del cambio, renovado por nuevas figuras y amplia presencia de sectores alternativos, se restableció la esperanza en los colombianos de que por fin, tal como lo prometieron en campaña, los congresistas iban a empezar a reducirse sus privilegios como un gesto de equidad.

Sin embargo, tal como había ocurrido en anteriores oportunidades, a pesar de las promesas de cambio, los senadores y representantes se han encargado de mantener intactos cada uno de los beneficios que tienen.

Este martes, tal como lo había señalado SEMANA, se conoció que contrario a lo que se había anunciado, los colombianos tienen que seguirse metiendo la mano al bolsillo para costear los tiquetes aéreos de los congresistas.

Por lo menos así seguirá ocurriendo por los próximos 15 meses, según indica el contrato de comisión CC_2413_2022 firmado por la comisionista Correagro S.A. y la Cámara de Representantes, con el que se busca garantizar que los representantes a la Cámara tengan asegurados sus tiquetes aéreos hasta el 31 de diciembre de 2023.

Según el documento, conocido por SEMANA, el presupuesto oficial definido para garantizarles los tiquetes a los congresistas de esta corporación será de 10.812 millones de pesos.

Según el contrato, la empresa prestadora del servicio tendrá que tener disponibilidad las 24 horas para atender cualquier inconveniente que tengan los parlamentarios con sus tiquetes.

“Atender y tramitar durante las 24 horas en forma inmediata y efectiva cualquier modificación, conexión, cancelación, confirmación o cambio que se presente en la reserva o los tiquetes previamente expedidos que solicite el supervisor del servicio”, indica una de las condiciones señaladas en el documento.

Apenas un día antes de que se conociera la firma oficial de este contrato, los representantes a la Cámara hicieron otra ‘jugadita’ que los beneficia directamente: tumbaron el artículo de la reforma política que limitaba su estancia en el Congreso a máximo tres períodos.

Esta propuesta viene siendo lanzada desde 2018 año tras año y el resultado, al igual que ahora, siempre es el mismo: se hunde.

A esto se suma el hecho de que, contrario a lo prometido, la mayoría de los congresistas siguen manteniendo los robustos esquemas de seguridad que les brinda la Unidad Nacional de Protección, con carros blindados.

Los salarios

Pero el hecho que tal vez ha causado más indignación es el que tiene que ver con el sueldo de los congresistas.

El mismo día en que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto para aumentarles el salario, los congresistas hundieron el único proyecto que sobrevivía para bajarse el sueldo. Fue una jugada a dos bandas que mantuvo intactos los privilegios.

Tal como obliga el artículo 187 de la Constitución, este 5 de diciembre el presidente Gustavo Petro se dio la pela de firmar el decreto con el que se aumentó 7,26 % el salario de los congresistas. Actualmente, el sueldo neto de los senadores y representantes es de 35.316.133 pesos al mes, por lo que el incremento, que recibirán de forma inmediata, es cercano a los 2.500.000 pesos mensuales. Lo que significa que el sueldo neto les quedará aproximadamente en 37.800.000 pesos al mes.

Pero mientras el jefe de Estado firmaba el decreto, ese mismo día la Comisión Primera de la Cámara hizo una jugadita con la que enterró definitivamente la reforma que intentaba cambiar la Constitución para que los llamados padres de la patria se redujeran sustancialmente su salario a 23 salarios mínimos mensuales. Actualmente, devengan más de 37 salarios mínimos cada mes.

Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto necesitaba, para continuar con vida, superar mínimo cuatro debates antes del 16 de diciembre, día que finalizan las sesiones ordinarias del Congreso. La iniciativa ya había superado sus dos primeras discusiones en el Senado y necesitaba dos más en la Cámara, pero ahí fue cuando llegó la tormenta perfecta: la Comisión Primera de la Cámara, que es donde estaba el proyecto, decidió el 5 de diciembre que no volverá a sesionar en lo que queda de este semestre.

¿La razón? El Gobierno pidió darle espacio a la plenaria de la Cámara para discutir la reforma política y el Ministerio de la Igualdad. Esto se traduce en un hecho contundente: el hundimiento de la rebaja del sueldo de los congresistas por falta de tiempos para discutirla.

Lo que vino después fue la ejecución de un libreto que los colombianos ya se saben de memoria: los congresistas salieron a lamentarse y se tiraron la pelota. Los senadores dijeron que fue culpa de la Cámara que “engavetó el proyecto”. El presidente de la Cámara, David Racero, responsabilizó a la Comisión Primera de esta corporación, y los miembros de esta comisión dijeron que fue el Gobierno el que les bloqueó la agenda.

El único proyecto para reducir los privilegios de los congresistas que se mantiene vivo es el que reduce a tres meses el período de receso parlamentario. La iniciativa ha superado cuatro de ocho debates.

De esta manera, queda claro que, por lo menos en cuanto a reducción de privilegios, el cambio ha sido poco.