No cesa la polémica por el minuto de silencio que se hizo en el Congreso de la República: “violencia simbólica de Estado”

Las congresistas Cathy Juvinao y Jennifer Pedraza se pronunciaron luego de que, en la Cámara de Representantes, se aprobara un minuto de silencio por las “víctimas” del aborto en el país. El representante cristiano a la Cámara Luis Miguel López, del Partido Conservador, pidió un minuto de silencio por las “víctimas” de aborto en el país, cuando se cumplen dos años luego de la sentencia de la Corte Constitucional en la que se despenalizó esta práctica en el país hasta la semana 24, una decisión que en su momento despertó bastante polémica. El segundo vicepresidente de la Cámara, Juan Espinal, integrante del Centro Democrático, le dio el aval para tal minuto de silencio.

“Colombia está de luto. Hoy se cumplen dos años de una sentencia lamentable donde se despenaliza el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Hoy se hacen abortos en Colombia desde el sexto mes hasta el noveno. El camino no es el aborto, el camino es acompañar a las madres”, aseguró el congresista antioqueño.

Su llamado generó el reclamo de algunos congresistas que no se mostraron de acuerdo con esa solicitud. Incluso, varios de ellos optaron por salirse del recinto mientras se realizaba ese ‘homenaje’. “No puedo terminar el día sin rechazar rotundamente el gesto inconstitucional hoy de la @CamaraColombia al autorizar en plenaria un minuto de silencio contra el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, un mandato de la Corte Constitucional que hoy cumple dos años. No podemos criticar al presidente Petro por irrespetar la separación de poderes y luego salir con estas. Qué vergüenza con el Estado de Derecho y con las mujeres de Colombia”, señaló la representante a la Cámara Cathy Juvinao.

A su turno, la congresista Jennifer Pedraza señaló: “Es inaceptable que el mismo día que conmemoramos nuestro derecho al aborto libre, un congresista proponga un minuto de silencio por los “bebés muertos” insinuando que las mujeres que abortan son asesinas. ¡Esto de violencia institucional y simbólica de Estado!”

Sobre el particular, Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, señaló que “en la Cámara de Representantes convergen distintas convicciones sociales y políticas. Los y las congresistas defienden la posición de la ciudadanía que representan, defensa que ejercen a través de intervenciones, proyectos o debates”.

“Como institución democrática, la Cámara de Representantes da voz a esas diferentes posiciones, sin embargo, respeta y acoge lo que la Corte Constitucional estableció en la sentencia C-055 de 2022: la interrupción voluntaria del embarazo no es un crimen ni un delito. Aunque la interrupción voluntaria del embarazo no es una decisión que yo o mi pareja tomaríamos, como liberal respeto esa sentencia y reconozco ese derecho al que se debe garantizar el acceso a niñas, mujeres y personas gestantes”, señaló el jefe de esta corporación.

“En el Congreso se han tramitado y se seguirán discutiendo iniciativas orientadas a los derechos sexuales y reproductivos para que además de garantizar el acceso al aborto, se priorice también la PREVENCIÓN y la educación sexual. Ese es el camino”, acentuó.

A pesar de los reclamos de algunos, la mesa directiva terminó aceptando el llamado y se llevó a cabo el minuto de silencio. Igualmente, desde ese sector, anunciaron que el próximo 24 de febrero realizarán una marcha ‘provida’ en contra del aborto. “Colombia le está fallando a los niños, Colombia le está fallando a las mujeres ofreciéndoles un único camino y diciéndoles que deben aniquilar la vida de sus hijos y que ellos representan una amenaza”, dijeron desde la denominada ‘bancada provida’, integrada por 54 congresistas de distintas bancadas.

Hace dos años, la Corte Constitucional dio un paso histórico en términos de la garantía de los derechos de las mujeres al despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación. Lo hizo a través de la Sentencia C-055 de 2022.

Dos años después de ese fallo, entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, Profamilia a través de su IPS registró un aumento del 18.7 por ciento en el número de este tipo de procedimientos. Para Profamilia, este comportamiento de las cifras, “además de esperado, es positivo en tanto que representa el registro de mujeres y personas gestantes que no tuvieron que recurrir a procedimientos inseguros para acceder a una interrupción voluntaria y consciente del embarazo”, sostiene la entidad.

Agrega Profamilia que el aprovechamiento de esta normativa “pone en evidencia lo pertinente y necesario de la despenalización del aborto en Colombia, pues cuando las mujeres y personas gestantes cuentan con una jurisprudencia enfocada en sus derechos y no en la penalización y la cárcel, pueden acceder al servicio de manera oportuna, evitando edades gestacionales avanzadas y los riesgos asociados a prácticas inseguras del aborto”.