No hay carros para tanta gente: la Unidad Nacional de Protección tiene un déficit de más de 1.000 camionetas blindadas

La Unidad Nacional de Protección (UNP) no esconde que tiene un déficit de camionetas blindadas que le permitan garantizar la seguridad a la mayoría de personas que le solicitan su protección. El problema es que las elecciones regionales están a la vuelta de la esquina, el conflicto armado se ha recrudecido y cada día más colombianos con liderazgo requieren –en algunos casos no tanto– vivir entre escoltas y carros con vidrios de defensa.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, le reveló a SEMANA que su entidad opera con 5.300 vehículos, de los cuales 3.000 son blindados y el resto, convencionales. El problema –informó el funcionario– es que del primero de enero de 2022 a la fecha, más de 55.423 ciudadanos han solicitado medidas de protección.

Solo entre el primero de enero de 2023 hasta el cierre de esta semana, 14.792 personas manifestaron riesgos y pidieron seguridad. Rodríguez quisiera tener camionetas blindadas para todos, pero es imposible. Actualmente, hay un déficit aproximado del 20 por ciento de vehículos de acuerdo con las órdenes de trabajo o dictámenes de riesgo, según el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas del Ministerio del Interior. Es decir, se requieren más de 1.000 carros con blindaje. El problema es la falta de recursos y la escasez de blindaje que sacude al mundo.

SEMANA conoció que los vehículos que actualmente opera la UNP son contratados con empresas rentadoras y blindadoras que, en algunos casos, concentran a personas que tienen dos, tres o hasta cuatro carros. Los intermediarios juntan los vehículos y se presentan a los procesos contractuales de la entidad.“Las empresas intermediarias o rentadoras no modernizaron la flota de vehículos que ofrecen porque les resulta cómodo trabajar con carros antiguos”, dijo Rodríguez.

La Superintendencia de Vigilancia Privada reportó que solo en 2023 hay 187 solicitudes de blindaje para camionetas. Los carros viejos tienen problemas. Aunque en el mercado del blindaje se cree que los autos de protección deberían usarse por máximo seis años, en Colombia circulan camionetas con hasta diez años. “Tienen problemas porque se varan con frecuencia, entre otros”, expresó el funcionario.

SEMANA conoció que dos empresas colombianas –representadas por Jorge Arturo Moreno y Alan Perlman, quienes viven enfrentados– son las que siempre se presentan a las licitaciones porque en el mercado no hay mayor interés de las firmas de renting por estos vehículos, ya que la Unidad Nacional de Protección tiene un presupuesto que le llega a cuentagotas y le permite contratar cada cuatro meses.

Augusto Rodríguez no se ha quedado quieto y busca adoptar estrategias que le permitan mitigar la necesidad de las camionetas. Por ejemplo: quienes tengan riesgo medio y bajo, tendrían un esquema ligero: una persona de protección y un apoyo económico de dos salarios mínimos para que se movilicen en taxi o en su propio vehículo. Además, la UNP busca adquirir 1.000 vehículos propios y el arriendo directo sin intermediario con empresas de renting. El Ministerio del Interior ya dio el visto bueno para la aprobación de vigencias futuras.

Rodríguez es consciente de que hay muchas personas en Colombia que necesitan esquemas de seguridad, “pero también hay algunos que tienen más problemas de movilidad que de protección”. Cada año, cuando se revalúa el nivel de riesgo, aparecen, en algunos casos, denuncias en la Fiscalía de amenazas de los beneficiarios que resultan “no ser son ciertas”.

A ellos es a quienes busca concientizar porque hay personas en riesgo que sí requieren los vehículos blindados. En la UNP los ejemplos abundan. Hay congresistas, funcionarios del Gobierno nacional, entre otros, que tienen varias camionetas y solicitan más carros. Y unos más que han heredado, supuestamente, los riesgos de sus padres y no abandonan sus esquemas.

En el Congreso, solo un parlamentario rechazó su seguridad. El nombre se reserva por su seguridad. Lo mismo hizo una concejal de Bogotá que necesitaba su vehículo, pero prefirió entregarlo a un líder social. El propio Álvaro Uribe le manifestó al director de la UNP que no aceptaba un vehículo más en su esquema de seguridad, pese a que lo necesita.