“No hay duda sobre el tema”, Gobierno asegura que liberación de miembros de la primera línea no tendrá inconveniente

El ministro del Interior, Alfonso Prada, entregó este viernes 6 de enero un balance de tranquilidad frente a cómo avanza el proceso para liberar a los miembros de la primera línea que se encuentran detenidos y se convertirán en voceros de paz.

“Hay cerca de 280 casos potenciales, apenas hemos concluido en recomendar al Presidente 17 casos, él ha acogido ese número y es lo que él ha decretado”, explicó Prada.

De los 17 casos que el Presidente ha acogido, según el ministro, hasta el momento son cuatro los que han quedado libres.

Frente a algunas decisiones adversas que han tomado los jueces, quienes no han otorgado la libertad a algunos de los postulados, Prada aseguró que todo se debe a que ha habido una discusión interna sobre quién debe ser el juez natural de estos jóvenes, pero “no hay dudas sobre el tema”

“El tema de los jueces es más por la discusión interna que hay de cuál es el juez competente, pero no han cuestionado la facultad que tiene el presidente de la República, que es una facultad por la ley que está vigente, constitucional y legalmente no hay duda sobre el tema”, explicó el jefe de la cartera política.

Prada explicó que en algunos casos han considerado que si es una persona condenada, lo debe revisar un juez de ejecución de penas y si es una persona sindicada, lo debe revisar el juez de garantías.

A pesar de lo dicho por el ministro, en algunos casos, los jueces sí han tenido consideraciones de fondo para no otorgar estas libertades.

Ese fue el caso de un juez de Popayán que negó la libertad de dos jóvenes que habían sido escogidos por el Gobierno nacional como gestores de paz. Se trata, en primer de lugar, de Álvaro Andrés Duque Ruiz, y también Bremmen Hinestroza.

Lo que advierte la decisión es que los hechos por los que estaban privados de la libertad no se habrían dado en el contexto del paro nacional o protestas, sino este año, en 2022.

La decisión tomada por este juez se conoció pocas horas luego de que la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunciara que el órgano de control radicó una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura por la no convocatoria de procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de otros dos jóvenes de la primera línea que serán voceros de paz.

Los jóvenes que saldrán de las cárceles serán mediadores en medio de conflictos sociales que pueden ser de menor escala, pero de importancia para el Gobierno, el cual buscaría una pronta resolución de estos casos. El Gobierno sostuvo que estos jóvenes están siendo investigados y no han sido vinculados a procesos penales.

“Tendrán la responsabilidad de acompañar y apoyar programas relacionados con el desescalamiento de la conflictividad social, la reconciliación de los colombianos y la construcción de la paz total. Es importante aclarar que el Estado no asignará salarios a los Voceros de Paz, ni generará contratos laborales”, informó en su momento la Presidencia de la República.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró en su momento que la comisión creada por orden del presidente Petro realizó varias reuniones, en las cuales se revisaron con lupa los casos de los jóvenes seleccionados para que fueran voceros de paz. Se revisaron más de 200 casos de jóvenes detenidos.

“Se hizo un análisis de las labores útiles de líderes sociales o personas que puedan ayudar a la paz del barrio; desescalamiento de la violencia que existe en varias regiones del país; personas privadas de la libertad que hacían parte de organizaciones humanitarias; restablecer la convivencia armónica; no hacen parte de conflicto armado. Una vez que teníamos claros esos parámetros, analizamos más de 200 perfiles de personas detenidas por la protesta social y verificamos que hicieran parte de acción comunal u organización social y le recomendamos al presidente a siete personas”, sostuvo el ministro de Justicia Nestor Osuna.