“No hay garantías para las elecciones en Colombia”: Juan Manuel Galán pide veeduría internacional para el 29 de octubre

La difícil situación de orden público en Colombia en las últimas semanas, por cuenta de los ataques de las disidencias de las Farc contra miembros de la Fuerza Pública, sigue despertando rechazo en distintos sectores de la política, pero también preocupación, dado que quedan dos meses y medio para las elecciones regionales.

Debido al recrudecimiento de la violencia en los territorios, Juan Manuel Galán, director del partido político Nuevo Liberalismo, está conversando con los partidos políticos para solicitar formalmente la veeduría de la comunidad internacional en los comicios programados para el próximo 29 de octubre, en los que la ciudadanía escogerá ediles, diputados, alcaldes y gobernadores.

“La propuesta consiste en que todas las fuerzas políticas del país, todos los partidos políticos, nos unamos para solicitar formalmente a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Unión Europea, que envíen a Colombia una misión no solo de observación, sino de verificación electoral para el próximo 29 de octubre”.

Juan Manuel Galán también pidió apoyo para verificar la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas. Incluso, hizo referencia a la información que dejaría en evidencia el apoyo de Juan Carlos López Macías, alias Sobrino, a la campaña del presidente Gustavo Petro en Casanare.

“En este momento, de acuerdo con las noticias de orden público que estamos conociendo en el Cauca y en muchos territorios del país, no hay garantías para unas elecciones libres y justas en Colombia. No hay garantías para que la seguridad esté presente en el territorio y la población pueda votar libremente por los candidatos el 29 de octubre, ni hay garantías para una transparencia en la financiación de la política”, sustentó Juan Manuel Galán.

“El 29 de octubre se requiere la presencia de la comunidad internacional, no solo para que observe, sino para que las elecciones sean libres y justas”, agregó.

Acerca de la presión de las estructuras armadas en los territorios de cara a las elecciones ya se había referido el registrador Alexánder Vega.

“De acuerdo con el mapa de riesgo electoral se han identificado los municipios en los que grupos armados ilegales no permitieron la inscripción de varios candidatos. Se han denunciado amenazas contra aspirantes de partidos nuevos y tradicionales. Estamos trabajando en la analítica para establecer qué candidatos se inscribieron en esas jurisdicciones. En esos lugares ya hay una alarma encendida. Hay que establecer con los organismos de inteligencia del Estado cómo se inscribieron esos aspirantes. El constreñimiento al proselitismo y al elector vicia estos comicios territoriales”, informó el pasado 11 de agosto.

Procuraduría y el llamado por ataques contra la Policía

En un oficio enviado al ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez Gómez; al comandante general de las Fuerzas Militares, Helder Fernán Giraldo Bonilla, y al director general de la Policía Nacional, William René Salamanca Ramírez, la Procuraduría General de la Nación hizo un fuerte llamado para adoptar las acciones necesarias con el fin de restablecer el orden público en el departamento del Cauca.

En el requerimiento escrito, el órgano de control rechazó los recientes actos de violencia cometidos contra uniformados de la Policía Nacional, los cuales han dejado cuatro oficiales fallecidos, así como también un soldado secuestrado, y una estación de policía hostigada en el municipio de Buenos Aires.

Para la Procuraduría, “estas expresiones de violencia desbordada por parte de las disidencias de las Farc evidencian la falta de voluntad de paz de este grupo armado organizado, generan zozobra y terror en la población civil, y disminuyen la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad, debido a la falta de acción por parte de la Fuerza Pública”.

En este sentido, el ente disciplinario instó al Ministerio de Defensa a coordinar un plan de acción para recuperar la seguridad y restablecer el orden público en esta región. Además, advirtió que las decisiones que se adopten en los consejos de seguridad que se realicen en el departamento deben materializarse en el territorio, y no pueden quedarse como simples afirmaciones o declaraciones en el marco de estos espacios de cooperación interinstitucional.