“No hay ningún golpe de Estado”: César Lorduy, presidente del CNE, responde a Petro y aclara que no habrá afectaciones al fuero presidencial

SEMANA: ¿En qué consiste la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral?

CÉSAR LORDUY (C.L.): La decisión es el cierre de un capítulo que corresponde a una indagación preliminar que desde hace meses vienen realizando los magistrados ponentes Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Desde el mes de mayo pusieron a consideración de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral una ponencia —objeto inicial de consideración— y sobre ella empezó a aplicarse el reglamento.

Dada la importancia de la ponencia y con base en eso, se tomaron unos tiempos que establece el reglamento y cada uno de los magistrados conoció el expediente. Y en ese transcurso de tiempo, de mayo a la fecha, también sucedieron algunos inconvenientes ajenos a la voluntad de la Sala Plena. Por ejemplo, la desvinculación y luego la vinculación del magistrado Altus Baquero y un pequeño problema de salud que tuvo una de las magistradas.

Ayer por fin, la Sala Plena —luego de escuchar por más de 5 horas a cada uno de los magistrados— decidió formular cargos y abrir investigación. Y es solamente formular cargos y abrir investigación, no es una una sanción sino es precisamente para que se inicie una investigación que permita demostrar o no si los hechos presuntos, que se mencionan en el pliego de cargos, son ciertos o no lo son. Con base en esa información la ley establece cuál es el camino que debemos seguir.

SEMANA: ¿Y ese camino que deberían seguir cuál sería?

C.L.: El camino que debemos seguir es atender en la Sala Plena y en especial los ponentes, los descargos que deberán presentar los apoderados de cada una de las personas mencionadas en el pliego de cargos. Luego de ello, abrir la etapa probatoria y después vendrán los alegatos. Una vez que se concluyan los alegatos, el CNE en su Sala Plena, a solicitud de los ponentes, tomará una decisión que como siempre lo hemos dicho: es de carácter administrativo. Es importante decir que en el caso de que ocurra una sanción, como puede no ocurrir, será simplemente una multa económica y el traslado, si hubiere lugar a ello, a la Comisión de Acusación para lo de su competencia y a la Fiscalía para lo propio en los mismos términos.

SEMANA: Esto es importante porque ha sido objeto de polémica. ¿Si hay una sanción contra Petro sería únicamente económica?

C.L.: Sí, y se compulsan copias a la Comisión de Acusación para que dentro de su competencia determine si la conducta de violación de topes electorales y de financiación prohibida, da lugar a que se inicie por parte de ellos un proceso de indignidad u otro de carácter penal.

SEMANA: Así como ustedes tomaron la decisión de formular cargos, también hubieran podido rechazar la ponencia. ¿Cuáles fueron los motivos para que si se hiciera la formulación y la apertura de la investigación?

C.L.: Todas las semanas llegan decenas de ponencias a la Sala Plena en las mismas circunstancias, es decir, se decide o no abrir investigación y en este caso se decidió. Dicha decisión depende del acervo probatorio que tenga la indagación previa. En este caso, el acervo probatorio que tiene la indagación previa permite presumir que hubo unas conductas que prohíbe la ley y la Constitución con respecto a las campañas electorales.

SEMANA: Si estamos hablando de una formulación de cargos y apertura de investigación, es decir el proceso está en una etapa inicial, ¿por qué hay tanto revuelo?

C.L.: Yo creo que en parte es desinformación, segundo un desconocimiento de la normatividad electoral y tercero un escenario de carácter político. Sobre lo último estamos bastante lejos, sobre la falta de información estamos haciendo grandes esfuerzos para hacer pedagogía de la normatividad electoral a lo largo y a lo ancho de Colombia. Y desde el punto de vista del desconocimiento de la ley, eso no lo pueden hacer los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que solamente pueden actuar en cumplimiento de lo que establece la constitución y la ley, despojándose de cualquier consideración de otra naturaleza.

SEMANA: Gustavo Petro dijo: “cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia”. Sin duda hace referencia a los magistrados del CNE. ¿Qué le responde?

C.L.: La decisión la tomaron nueve magistrados, dos salvaron su voto y siete magistrados depositaron su voto a favor de la ponencia, algunos de ellos con aclaraciones correspondientes. Esos siete magistrados consideraron que lo que estaba en la ponencia reflejaba lo que la Constitución y la Ley le exige al CNE que debe hacer. No puede haber ninguna interpretación distinta a que los magistrados en cumplimiento de la Ley y en cumplimiento de la Constitución actuaron y además en cumplimiento de una orden judicial impartida por el Consejo de Estado que nos arropó concediéndonos la competencia sobre la campaña electoral y los representantes de esa campaña electoral.

SEMANA: Quiero insistirle en ese tema porque el que hace las afirmaciones es el presidente de Colombia. ¿Hay magistrados pagos como dice Petro?

C.L.: Claro que no, nadie está pago, pero habría que preguntarle a él quién les paga. Yo parto de la honorabilidad que conozco de cada uno de los magistrados. Esos magistrados se comportan, actúan y expresan sus opiniones con la total honorabilidad que se exige de una persona que ocupe una dignidad. Y esos mismos magistrados respetan la investidura del presidente, respetan la institución presidencial, respetan al presidente legítimamente elegido. La ley nos obliga y nos exige que en caso de campañas electorales, cualquiera que sean las personas que hayan sido elegidas, a trabajar con base en unas competencias y las hemos ejercido.

SEMANA: Gustavo Petro también dijo que con la decisión del CNE estaba iniciando el golpe de Estado. ¿Ustedes quieren hacerle un golpe de Estado a Petro?

C.L.: Bueno, lo que uno puede decir es que hasta donde los teóricos mencionan lo que puede significar un golpe de Estado, pues se concluye que el mismo tiene origen en alguien que desviándose de la Ley y de la Constitución actúa en contra las instituciones del Estado. Nosotros actuamos dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de la Ley, dentro del marco de la jurisprudencia expedida por el Consejo de Estado, incluso por la Corte Constitucional, y en este ejercicio hemos actuado y como tal no podría predicarse nuestra actuación como un golpe de Estado.

SEMANA: Los golpes de Estado se dan siempre por fuera del ordenamiento jurídico...

C.L.: Así es. Y nosotros lo que estamos haciendo es precisamente respetar y cumplir ese ordenamiento jurídico. No hay ningún golpe de Estado.

SEMANA: Como esta investigación hasta ahora está empezando también podría pasar que no encuentren nada contra la campaña Petro Presidente...

C.L.: Claro, hay muchísimos hechos que generan dudas y por eso se dio apertura a la investigación, pero no hay certeza absoluta de nada de lo que se menciona en la ponencia y justamente por ello se investigará. Es comprobar y darle certeza si a cada uno de esos elementos que se exponen a lo largo y a lo ancho de la ponencia son ciertos o no. Si no son ciertos sencillamente se descarta, si son ciertos el proceso continúa.

SEMANA: ¿Entonces está claro que el fuero presidencial no está en riesgo?

C.L.: En ningún momento la competencia del CNE ataca ni puede atacar el fuero del señor presidente. El fuero es respetado por el Consejo Nacional Electoral y el fuero del señor presidente solamente es competencia de la Comisión de Acusación.

SEMANA: ¿El Consejo de Estado les ratificó facultades para investigar a Petro en su condición de candidato?

C.L.: El Consejo de Estado nos ratificó una competencia que a lo largo y ancho de la historia la hemos tenido. No nos olvidemos que el CNE también intentó investigar campañas presidenciales anteriores que no terminaron en la formulación de ningún pliego de cargos. La campaña del presidente Duque estuvo en algún momento en manos del CNE, la campaña del presidente Santos también estuvo en algún momento en manos del CNE y en ninguno de esos casos se pudo haber predicado ni se predicó que había sido una intención de golpe de Estado. En este caso, en la campaña que nos ocupa que eligió al presidente Petro, simplemente le ocurrió que se llegó más allá y se formularon cargos sin la pretensión, reitero, de afectar el fuero presidencial. Acá, si avanza la investigación, se impondría una sanción de carácter económico y que la Ley la establece de forma clara.

SEMANA: ¿Hay preocupación en el CNE por la seguridad, tras las declaraciones de Petro?

C.L.: Desde que comenzó esta situación si hemos sentido unos niveles de preocupación superiores a los normales y obviamente se refleja en el caso del magistrado Álvaro Hernán Prada, quien tuvo que sacar a su familia del país. En mi caso, a partir de hoy he empezado a sentir distintas presiones por diferentes medios que obviamente generan una preocupación mayor de la normal.

SEMANA: ¿Qué le dice a la ciudadanía que aún no entiende qué es lo que está pasando?

C.L.: Lo que le pedimos es tranquilidad. Aquí hay una institución creada por la Ley y la Constitución que en términos generales se ha denominado como los guardianes de la democracia y esa competencia la ejercemos cabalmente. Si más adelante se cambia la Ley o si las cortes competentes se pronuncian al respecto, no tenemos nada distinto que respetar las decisiones correspondientes. Por la figura presidencial total respeto. Muy lejos de la mente, del pensamiento de los magistrados del Consejo Nacional Electoral que sus actuaciones sean en función de perturbar la tranquilidad del país, de causar algún tipo de zozobra en la ciudadanía y nadie está pensando en atacar al presidente de Colombia.

SEMANA: Ya nos contó qué sigue en este proceso, pero en tiempos ¿cuánto podría tardar la investigación?

C.L.: La Ley menciona unos términos que son los siguientes: las partes mencionadas en el pliego de cargos tienen 15 días para presentar los descargos ante el Consejo Nacional Electoral. A partir de allí, vencido ese término, se inicia una etapa probatoria que dura 60 días. En ese tiempo se practican pruebas, peritajes, análisis contables, visitas a diferentes tipos de entidades para recoger todas las pruebas que soliciten las partes y que el Consejo Nacional Electoral también requiera. Y después, definido ese término probatorio, se pasa a una etapa que se llama ‘alegatos’, en la cual las partes presentan a consideración de los ponentes todas y cada una de sus consideraciones, dentro de las cuales presumo seguramente van a tratar de demostrar que cada uno de los hechos que están allí y que soportan la presunta infracción a las normas relacionadas con financiación electoral no son ciertas.

Pasada toda esa etapa pues sencillamente se entra a definir si hay lugar a una sanción económica y se compulsan copias a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación.