No incendien el país: los cargos contra Petro desataron una peligrosa confrontación que puede llevar a Colombia a un punto de difícil retorno

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de formularle cargos al presidente Gustavo Petro y a directivos de su campaña, por presuntas irregularidades en la financiación, no solo generó una fuerte controversia política y jurídica, sino que desató una confrontación que amenaza con incendiar el país. Ese es un escenario peligroso y puede llevar a Colombia a un punto de muy difícil retorno. Petro debe tener todas las garantías en el proceso. Tiene derecho a defenderse, a refutar los señalamientos en su contra y a acudir a los mecanismos que le otorga la ley. Pero no es intocable y, al igual que cualquier colombiano, debe someterse a las normas. El CNE tiene un mandato constitucional que le permite investigar las campañas. Bajo este escenario, todo hay que ponerlo en sus justas proporciones. Incluso un escenario de prescripción está a la vista.

Los más suspicaces y radicales ya ventilan una teoría de la conspiración que apunta a que todo se trataría de un plan que buscaría la nulidad de todo lo actuado. La Comisión de Acusación también tiene una indagación en las manos por los mismos hechos.

Si bien es cierto que el anuncio de elevar cargos contra el presidente dividió las opiniones entre los juristas en torno a si el CNE se extralimitó, hay una realidad y es que, hasta ahora, solo se abrió una investigación. Quedan por delante el desarrollo de la misma, sus etapas procesales y un fallo que, bajo ninguna circunstancia, podría despojar de su investidura presidencial a Petro.

Mientras este debate jurídico se dirime, el presidente y algunos sectores políticos decidieron agudizar una batalla política. Petro retomó la idea de que se gesta un “golpe de Estado” en su contra. Llamó a las organizaciones sociales a declararse en “asamblea permanente” y a movilizarse en su defensa y en la de la democracia, y hasta dio órdenes a la fuerza pública de no disparar. “Se ha roto el fuero del presidente”, dijo.

A su vez, la emprendió contra algunos magistrados del CNE. Es cierto. Ese tribunal electoral ha sido cuestionado por su poca efectividad, se ha planteado hasta su desaparición, y algunos de sus integrantes cargan a sus espaldas con escándalos. Sin embargo, guste o no, representan hoy una autoridad contemplada en la legislación y están decididos a investigar lo que pudo suceder con la financiación de la campaña de Petro y la posible violación de sus topes.

Más allá de la votación de la ponencia en la sala plena, con siete votos a favor y dos salvamentos, no se puede negar que el CNE es un tribunal de origen político, ya que los magistrados representan abiertamente a los diferentes partidos. Las dos togadas que salvaron su voto, justamente, fueron las del Pacto Histórico, la coalición que llevó a Petro al poder.

No hay que olvidar que esta controversia se da en un escenario de creciente polarización y cuando la campaña al Congreso y a la presidencia de 2026 empieza a calentar motores de manera anticipada. Todos tienen sus propios intereses. Lo lógico es que el CNE investigue, sin oportunismos políticos, y que Petro se defienda con pruebas, en lugar de generar convulsión en las calles. No se puede hablar de la búsqueda de la paz total mientras se intenta incendiar a Colombia.

Más allá de la decisión del CNE de abrir una investigación contra el candidato, y del cruce de facturas y cuentas de campaña que hicieron los magistrados ponentes, hoy hay unos indicios graves que se vienen conociendo desde el inicio del Gobierno. Tal vez los más impactantes tienen que ver con las grabaciones que reveló SEMANA, en las cuales Armando Benedetti le habla a Laura Sarabia, le menciona 15.000 millones de pesos que él consiguió para la campaña y hasta asegura que, si cuenta la verdad, “nos hundimos todos (...) nos vamos todos a la cárcel”.

Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario, también confesó ante la Fiscalía, en el marco de una negociación que se frustró, que su papá “sabía” de la entrada irregular de dineros a la campaña. Mencionó al controvertido empresario Euclides Torres y reveló que Laura Sarabia, ya en el Gobierno, fue la encargada de ubicar a la gente de Torres para supuestamente devolver el favor. De hecho, en la Fiscalía hay un expediente abierto sobre posible financiación irregular de la campaña de Petro.

Los secretos de la sesión

La sesión del CNE del pasado 8 de octubre se extendió durante cinco horas, fue tensa y desnudó anticipadamente lo que puede venir para los próximos diez meses. SEMANA conoció los detalles.

Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, ponentes del pliego de cargos, se dividieron la exposición en la sala plena de los ocho cargos contra la campaña Petro Presidente y cada uno mostró documentos contables, facturas de la Dian y las contradicciones en las que ha incurrido la campaña presidencial en el reporte a Cuentas Claras. SEMANA tiene el documento de sustentación. Posteriormente, cada magistrado intervino por orden alfabético.

La expresidenta del CNE Fabiola Márquez, cercana a Petro, aprovechó su intervención para cuestionar al magistrado Prada. Recordó las diferencias de él con Petro, habló de un supuesto fraude procesal a la hora de conformarse la comisión de investigadores y dijo que él no debería estar en la dupla que investiga al presidente.

El magistrado Prada tomó la palabra, agradeció a todos el respeto que habían tenido frente al pliego de cargos y hacia él, “menos la doctora Fabiola Márquez”. Le exigió respeto por sus señalamientos, le dijo que cuando no se estaba de acuerdo con una decisión eran los argumentos los que debían exponerse. También le recordó que todos los magistrados intervinieron y lo hicieron “con la majestad del cargo, con sumo respeto”, pero ella acudió a la descalificación personal y lo acusó, sin razón, de forma grosera. La sala plena guardó silencio.

Hasta horas antes de la votación, las cuentas se cuadraban y se descuadraban en segundos a favor y en contra de Petro. Todo era especulación. Entre los nueve magistrados, dos votos estaban garantizados a favor del presidente: los de Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez.

En otras palabras, los respaldos para obtener la mayoría absoluta recaían exclusivamente en los togados Altus Baquero, cercano al Partido Liberal, y Cristian Quiroz, con estrecha relación con la Alianza Verde, un partido aliado del presidente en el Congreso. Aun así, ambos aprobaron la ponencia. Las pruebas contundentes terminaron convenciendo a la mayoría.

En la ponencia firmada quedó claro que la campaña presidencial, al parecer, violó los topes electorales en 3.709 millones de pesos en primera vuelta y 1.646 millones en segunda, lo que da una suma de 5.355 millones de pesos. No obstante, lo más probable es que las cifras cambien en los próximos meses.

El magistrado Baquero aprobó la ponencia, pero radicó una aclaración de voto ante el CNE, que tiene en su poder SEMANA, en la que deja claro, entre otras cosas, que su despacho confirmó una violación de topes electorales en primera vuelta por 856 millones de pesos y no por 3.709 millones, como concluyeron sus colegas Prada y Ortiz.

Baquero no está de acuerdo en que el CNE le formule cargos al presidente “porque primero debe darse el juicio de indignidad política”. Sin embargo, él le confirmó a este medio que encontró dos pruebas contundentes contra la campaña que demostrarían que, eventualmente, violaron los topes en primera vuelta.

Una de las pruebas es el préstamo del Polo, por 500 millones de pesos, una cifra que entró a la campaña, pero, sorpresivamente, el reporte fue excluido del informe de ingresos y gastos. El otro es la factura de Caracol Televisión por 357 millones de pesos sobre publicidad de la campaña emitida entre el 2 y 23 de mayo de 2022.

“Quedó claro que esa factura (de Caracol) nunca se incluyó en el informe de primera vuelta, lo incluyeron en la segunda porque si lo hubieran hecho en la primera se volaban el tope”, explicó Baquero. Él, por ejemplo, estima que “no hay prueba contundente para confirmar que existe una violación de topes electorales en la segunda vuelta”.

Los magistrados César Lorduy, Maritza Martínez, Cristian Quiroz, entre otros, tienen observaciones a varias pruebas formuladas en el pliego de cargos, entre ellas, los testigos electorales y las omisiones de los reportes a la Sociedad Aérea de Ibagué, pero la apertura oficial de la investigación será el escenario para plantear nuevas pruebas y confirmar o descartar cifras.

SEMANA conoció el pliego de cargos conciliado en el CNE y que surgió de la sala plena del 8 de octubre, donde hay cambios en la redacción frente a Petro. El documento aún no ha salido a la opinión pública porque los magistrados lo están firmando.

En el título de la ponencia del primer proyecto de pliego de cargos se leía: “Por medio de la cual se abre investigación y se formulan cargos contra Gustavo Petro, en calidad de candidato presidencial, y Ricardo Roa, en calidad de gerente de campaña”. Y en la versión final quedó: “Por la cual se abre investigación y se formulan cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por los ciudadanos Gustavo Petro Urrego, candidato; Ricardo Roa, gerente de la campaña (...)”.

En la nueva resolución del CNE quedó vinculada la tesorera de la campaña, Lucy Aydee Mogollón, quien le dijo al CNE, el 14 de agosto de 2023, que Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña, le quitó el manejo de los recursos porque no le tenía confianza.

“Había una persona de total confianza del doctor Roa, Sebastián Caicedo, quien se encarga del manejo de los tokens y los pagos”, narró en su momento. Él es familiar de Julián Caicedo, novio del hoy presidente de Ecopetrol. SEMANA la contactó, pero no quiso hablar con la prensa. Podría ser señalada por omisión.

Los magistrados también incluyeron un acápite en la formulación de cargos llamado ‘cuestión previa’ en el que exponen las razones jurídicas que los llevaron a formular cargos contra el entonces candidato.

SEMANA conoció que el martes 15 de octubre la ponencia será firmada por todos los magistrados y la ley establece cinco días para la notificación de las partes. Si no lo hacen –es lo más probable como mecanismo para ganar tiempo–, la tercera semana de octubre se notificarán por aviso. Luego tendrán 15 días hábiles para presentar descargos y, posiblemente, decretarán nuevas pruebas.

Abogados del CNE no descartan que la defensa de Petro solicite pruebas de difícil acceso que, sin duda, podrían generar un desgaste y una demora.

Por ejemplo, es posible que soliciten la declaración de Carlos Eduardo Restrepo, alias Caco, el narcopiloto que fue representante legal de la firma Sadi S. A. S., que habría financiado viajes del candidato Petro en plena campaña y que, al parecer, no fueron reportados en su totalidad.

Él, condenado a 33 meses de cárcel por narcotráfico, permanece recluido en una cárcel de Estados Unidos.

SEMANA conoció que Petro, Roa y Lucy Aydee Mogollón tienen hasta 60 días para solicitar pruebas y los partidos cuentan con cinco meses para tramitar pruebas; es decir, pueden acercarse fácilmente a la caducidad, que se daría en agosto de 2025.

Petro, molesto, llamó a la ciudadanía a las calles, protagonizó una andanada contra los magistrados del CNE y advirtió: “Si van a tumbarnos del Gobierno, vamos por el poder”. Fecode, el gremio que agrupa a los maestros y que donó 500 millones de pesos a la campaña presidencial, forma parte de los movimientos que prometen salir a las calles y respaldar al presidente.

La indignación de Petro provocó, por un lado, el apoyo inmediato de países como Venezuela, Cuba y México, que salieron en defensa del mandatario y deslegitimaron al CNE como autoridad administrativa.

De otro lado, el presidente y el Pacto Histórico desataron un bombardeo de tutelas y demandas ante el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que reclaman garantías a su fuero presidencial.

Lo contradictorio es que en siete ocasiones la Justicia le ha dado la razón al CNE frente a las competencias para investigar al presidente. SEMANA las documentó.

El 20 de mayo de 2024, el magistrado Ómar Joaquín Barreto Suárez, de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se refirió al tema en una ponencia. “Le corresponde al Consejo Nacional Electoral adelantar la investigación administrativa sobre la financiación de campañas, y con base en el acto correspondiente, decretar las sanciones exclusivamente administrativas a que haya lugar”, expresó.

El 22 de mayo de 2024, el magistrado de la Corte Constitucional Juan Carlos Cortés ratificó esa postura cuando resolvió una acción popular. Igualmente, lo ratificó la magistrada de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, María del Pilar Bahamón Falla, quien resolvió un conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusación de la Cámara.

Y como si fuera poco, el 19 de septiembre, la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez, rechazó las pretensiones de la Fundación Dilo Colombia con las cuales cuestionaba la decisión de la Sala de Consulta que resolvió el conflicto de competencias a favor del CNE.

En casi todas las decisiones, la justicia se sostiene en la Ley Estatutaria 996 de 2005 en su artículo 19: “El gerente de campaña será el responsable de la rendición pública de informes de cuentas de las campañas en las que participen. El candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor de las campañas responderán solidariamente por la oportuna presentación de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas”.

SEMANA conoció que otras tres tutelas que buscaban sacar del camino al CNE en la investigación contra Petro también fueron rechazadas por los tribunales de Cundinamarca y Bogotá.

Todas las decisiones apuntan a que el CNE puede investigar al candidato Petro, pero con una limitante: la sanción para él sería pecuniaria en caso de ser hallado responsable. En cambio, la Comisión de Acusación de la Cámara tendría la última palabra frente a la permanencia en el cargo del jefe de Estado.

Entonces, ¿por qué Petro insiste en que hay un complot en su contra en el CNE para sacarlo del cargo? El propio presidente del CNE, César Lorduy, le dijo a SEMANA que no tienen la competencia para apartar del cargo al jefe de Estado. Al cierre de esta edición, Petro interpuso una nueva tutela ante la Sección Segunda del Consejo de Estado, argumentando que el CNE no lo podía investigar.

La nueva etapa del proceso promete convertirse en un escenario perfecto para que el presidente se defienda en derecho, solicite nuevas pruebas y controvierta las que están. Además, como si la suerte estuviera de su lado, tiene un as bajo la manga: la investigación caduca en agosto de 2025 y lo más probable es que su defensa utilice los mecanismos que establece la ley para acercarse a esa fecha.

Si el presidente tiene las cuentas claras, como lo ha reiterado en sus redes sociales, el mejor escenario para demostrarlo es la investigación administrativa del CNE, que va más adelantada que la de la Comisión de Acusación, un tribunal político en el que el líder del Pacto Histórico tiene simpatías y al que le pidió recientemente que levantara la reserva procesal de su investigación.

La petición del presidente fue una salida en falso porque jurídicamente solo se podría levantar la reserva si la investigación en su contra estuviera abierta oficialmente, pero hoy está en indagación preliminar en la Comisión de Acusación. Además, llama la atención que el 17 de junio de 2011, Petro dijo en sus redes que era partidario de acabar con la Comisión de Acusación y trasladar su competencia a un tribunal especial del Poder Judicial. Una década después podría ser su aliada.

Los congresistas Wilmer Carrillo, del Partido de la U, y Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y quienes forman parte del triunvirato que investiga al presidente en la Comisión, ignorarán el pedido de Petro y no romperán la reserva.

Las amenazas

Desde este momento hasta agosto de 2025, el camino de espinas no solo lo transitarán Petro y los directivos de su campaña, entre ellos Ricardo Roa. También los magistrados del CNE que Petro tiene en la mira y que han sido víctimas de intimidaciones y temerosas acusaciones.

“Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse, no hubiera querido que fuera así. Lo advertí”, dijo el presidente tan pronto se enteró de la decisión del CNE en su contra. Ese fue el preámbulo de una arremetida contra los magistrados que votaron en la sala plena.

Desde mayo la situación de seguridad en las instalaciones del CNE era motivo de preocupación y durante estos meses se incrementaron los controles para evitar problemas.

Tal vez sin calcularlo, el mandatario incrementó los riesgos de seguridad de los magistrados del CNE, que desde hace meses vienen advirtiendo algunos peligros que, por ahora, se estaban tratando de manera reservada para no generar polémicas innecesarias y en medio de las investigaciones que se adelantaban. Sin embargo, la situación es compleja.

Desde que Petro respondió a la decisión de investigar su campaña de 2022, las amenazas se incrementaron y, para rematar, la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta fijó un trino en su cuenta en X en el que publicó todos los correos de los magistrados del CNE. El trabajo para quienes quieren intimidar a los investigadores se facilitó y los hostigamientos empezaron a llegar a cada minuto.

SEMANA conoció los escritos que han llegado a los chats de los magistrados, entre ellos amenazas de muerte e intimidaciones por su trabajo. En todos los textos utilizan groserías y lanzan advertencias. “¿Cuánto hace que no se cae un avión en el Guainía? ¿O un secuestro masivo?”, dice una de las amenazas.

“Hay que empezar a identificar las propiedades de Álvaro Hernán Prada para, cuando pegue, pegarle también donde más le duele”, dice otra amenaza.

En una más se señala: “Lo que es contra Petro es contra el pueblo. 5 bandidos no lo van a sacar del poder, no lo vamos a permitir, ratas”.

Incluso, las amenazas han llegado contra Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, magistradas que salvaron el voto, es decir, que se opusieron a formular cargos contra Petro. “Toda Colombia sabe que las ratas de mujeres que trabajan en el CNE son las mozas de los hombres de allá, no se han ganado nada por mérito propio. ¿Sus hijos lo saben?”.

Enumerar todas las amenazas que les han llegado a los magistrados sería imposible porque a diario reciben decenas de mensajes. “El Bogotazo se recordará como una piñata ante lo que vamos a hacer con tal de defender a Gustavo Petro. Van a tener que esconderse bajo las piedras”.

Esos son solo algunos ejemplos de las intimidaciones, aunque hay otros mensajes grotescos en los que involucran a las familias de los magistrados. La situación está fuera de control. Hay mucha presión e incluso en las calles y aeropuertos han sido encarados por seguidores del petrismo.

Los seguimientos y persecuciones llevaron a que Álvaro Hernán Prada sacara a su familia del país. La Fiscalía y la Policía conocen el tema. Todo está documentado. A Prada le vienen haciendo persecuciones y tuvo que tomar esa decisión como medida de precaución.

Además, el magistrado Altus Baquero, recién posesionado en el CNE, no cuenta con un esquema de protección de la UNP.

El presidente del CNE, César Lorduy, le envió una carta al coronel Juan Pablo Cubides Salazar, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía, para que se revisen las medidas de protección, y eso incluye las instalaciones del tribunal y de los magistrados. “Hemos sentido unos niveles de preocupación superiores a los normales y, en mi caso, he empezado a sentir distintas presiones por diferentes medios que obviamente generan una preocupación mayor de la normal”, dijo Lorduy.

Cuando se realizan las salas plenas, la Policía acordona el edificio en un céntrico sector de Bogotá. La edificación se llena de uniformados y perros antiexplosivos. La razón: las autoridades tendrían información que apunta a que la primera línea podría ingresar, sabotear o limitar el acceso a las instalaciones del CNE.

Además, se busca evitar una asonada como la que ocurrió en febrero en el Palacio de Justicia y a la que el Gobierno le restó importancia, en momentos en que la Corte Suprema de Justicia debatía la elección de la nueva fiscal.

El problema de fondo es que el CNE está en un edificio donde además hay oficinas del Ministerio de Agricultura, del Departamento de Prosperidad Social y un centro comercial, por lo que controlar tantos visitantes a diario es una tarea casi que imposible. Cualquier persona con un carné puede llegar a alguna de estas entidades sin ningún problema. Dicha edificación tiene una seguridad limitada, pero no la necesaria para contrarrestar un eventual ataque.

La Policía tiene un enlace en el CNE y es la persona que ha conocido todos los detalles de los posibles riesgos de seguridad que existen, por eso las medidas se han incrementado. Como si esto fuera poco, los magistrados están trabajando en un ambiente de desconfianza porque los temas que tratan en las salas plenas se filtran de inmediato y les notifican en medio de las reuniones.

Tampoco se descarta que estén siendo objeto de espionaje, por lo que, periódicamente, se están haciendo revisiones con caninos y equipos de tecnología para detectar micrófonos o cámaras ocultas. Por ahora, no se ha encontrado nada extraño, pero la zozobra se mantiene.

La tensión está en tal punto que los magistrados no descartan acudir a instancias internacionales al considerar que Petro inició una campaña para desprestigiarlos, ya que el mandatario los ha atacado directamente en sus discursos y los ha señalado de ser magistrados “pagos”.

“El presidente de la república ha iniciado una campaña de desprestigio que lesiona gravemente mi buen nombre, honra y reputación, así como la de mi cónyuge”, dijo la magistrada Maritza Martínez.

No es la primera vez que un presidente enfrenta cargos en el CNE por asuntos relacionados con la financiación de su campaña. Lo mismo ocurrió a finales de los años noventa con Ernesto Samper, que se salvó porque el Consejo de Estado dejó sin piso las resoluciones de la época que fijaban los topes electorales. Todo esto ocurrió, aunque se comprobó que la campaña de Samper fue financiada por el cartel de Cali. En el caso de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, el CNE se abstuvo de abrirles investigación por la entrada de dineros de Odebrecht. El gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto, terminó condenado en medio de un acuerdo en el que aceptó haber recibido dineros de la multinacional de los sobornos. Zuluaga está hoy enfrentando una acusación en la que el principal testigo en su contra, Daniel García Arizabaleta, entregó grabaciones que muestran la entrada irregular de dineros de Odebrecht a su campaña.

En la investigación a la campaña de Petro, el camino que corresponde es que el CNE investigue con rigurosidad. Y que el presidente se defienda con todas las garantías. Lo más importante es que ninguna de las partes se mueva haciendo cálculos políticos que puedan llevarse por delante a Colombia.