“No le queda bien mentir para evadir responsabilidades”, exministro Diego Molano le responde a Petro por posibles sobrecostos en contrato de MinDefensa

Tal como había ocurrido en anteriores oportunidades, el presidente Gustavo Petro, más de nueve meses después de estar en la Casa de Nariño, volvió a sacar el espejo retrovisor. Esta vez lo hizo para responsabilizar a la administración de Iván Duque por los supuestos sobrecostos en un multimillonario contrato para la adquisición de 55 vehículos 8x8 blindados, que serán usados por el Ejército Nacional en todo el territorio, principalmente en zonas de frontera.

Según el contrato, firmado en diciembre de 2022, cuando ya Petro llevaba más de cinco meses en el poder, de este grupo de vehículos se tiene proyectado que los primeros nueve ingresen a territorio nacional en el año 2026 y, en la medida en que se ejecute el plan de pagos programado, se seguirán recibiendo hasta el 2032.

Estas nuevas adquisiciones se realizaron a través de un acuerdo gobierno a gobierno por la suma 305 millones de dólares, proyecto aprobado mediante documento Conpes 4079 destinado al Sistema de Defensa Nacional, (Side).

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, “dicha contratación se realizó con proveedor exclusivo, lo que permite que no se generen costos adicionales como intermediaciones o tercerizaciones en la fabricación y entrega del producto”.

No obstante, hace unos días SEMANA recibió una grave denuncia sobre presuntos sobrecostos en el multimillonario contrato, que dejó firmado la entonces secretaria general Ana María Garzón, la mano derecha del ministro de Defensa, Iván Velásquez, el pasado 29 de diciembre, cuando el país estaba en las fiestas de fin de año. Los supuestos sobrecostos alcanzarían los 17 millones de dólares.

Tras conocer el escándalo, el presidente Gustavo Petro salió a defender a su ministro de Defensa, pero para hacerlo compartió una nota de prensa en la que se asegura que esta compra habría sido aprobada por el Gobierno anterior.

“¿Por qué esta intención de dañar la imagen del ministro de Defensa? ¿Porque es el gran investigador contra la parapolítica? ¿Porque develó la corrupción gubernamental en Guatemala? ¿Porque ha incautado la mayor cantidad de droga en al historia del país?”, indicó Petro.

Esta declaración, como era de esperarse, no tardó en generar la respuesta del exministro de Defensa Diego Molano, quien le aclaró a Petro que “las condiciones y los valores escandalosos fueron definidos y aprobados por su gobierno, que posteriormente firmó el contrato”.

“Presidente Petro, no le queda bien mentir para evadir responsabilidades. En el Gobierno Duque se definió fortalecer al Ejército como se les presentó en empalme”, indicó Molano.

Según le explicó el exministro a SEMANA, lo que el Gobierno Duque hizo fue elaborar un sistema de defensa nacional y entregó a la administración Petro las definiciones de los proyectos que deberían fortalecer Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

“No contratamos nada, se les planteó a ellos: ‘ustedes tienen que definir si quieren seguir con esos proyectos y decidir si quieren adelantar algún proceso de contratación’, ellos después definieron unas nuevas contrataciones y contrataron ellos, la definición de las condiciones, los valores y si hay sobrecostos o no fue algo definido por el Gobierno Petro”, indicó Molano.

El exministro dijo, además, que el contrato y las condiciones “fueron establecidas por el Gobierno Petro”, tanto así que el proceso fue firmado en diciembre del 2022, cuando ya Petro estaba en la Casa de Nariño.

Las dudas en el contrato

SEMANA revela las dudas que buscaba aclarar sobre los presuntos sobrecostos, los cuales, en principio, ascenderían a 17 millones de dólares. La fuente entregó la prueba del multimillonario acuerdo militar firmado entre Ana María Garzón, en nombre del Ministerio de Defensa, y el representante legal de la empresa canadiense encargada del suministro de los vehículos blindados.

También entregó el soporte de cómo se hará el pago de los 305 millones de dólares. Se acordó que Colombia realizará un anticipo de 66,8 millones de dólares de la siguiente manera: 15,8 millones en 2023, 16,5 millones en 2024, 17,4 millones en 2025 y 17 millones en 2026.

Los 238,5 millones de dólares restantes se pagarán así: en 2027, 29,8 millones; en 2028, 40,5 millones; en 2029, 59,5 millones; en 2030, 34,9 millones; en 2031, 69,2 millones y, por último, en 2032, 4,3 millones.

La fuente aportó la prueba sobre la modalidad del contrato, que se hizo bajo el sistema Incoterms DPU, el cual contempla que el proveedor se compromete, entre otras cosas, a poner en las instalaciones del comprador (Ejército) los elementos adquiridos, asumiendo el costo del envío, pero al parecer en este caso no fue así.

Según la fuente, en el acuerdo entre Colombia y la firma canadiense hay cuatro ítems que representarían los posibles sobrecostos, porque deberían ser asumidos por el vendedor al tratarse de la modalidad DPU y, por el contrario, habrían sido cargados al Ministerio de Defensa. Así las cosas, se habría elaborado el acuerdo presuntamente desfavoreciendo los intereses económicos nacionales.

El primer problema es que, de los 305 millones de dólares, Colombia, presuntamente, pagaría por almacenaje y ejercicios de pruebas de los vehículos de combate. Eso generaría un supuesto sobrecosto cercano a los 2,9 millones de dólares. La fuente aseguró que es ilógico que el país pague por ello, si eso le correspondería al proveedor, como lo advierte la modalidad DPU.

En el contrato se contempla “el almacenaje interior de vehículos en una instalación segura, con temperatura controlada, mientras los vehículos esperan el envío por lotes a Colombia. Ejercicio mensual de vehículos para garantizar una alta disponibilidad”, se lee en el convenio, aunque este monto debería ser asumido por los vendedores, según la fuente.

De igual forma ocurre con otro presunto sobrecosto por 7 millones de dólares, según el cual el país pagaría por “la ingeniería no recurrente en fábrica para la integración de sistemas de armas y comunicaciones”. Nuevamente, se le habría cargado el costo al Ejército.

De acuerdo con el contrato, esto contempla “actualizaciones de desarrollo de diseño, dibujo y actualizaciones del paquete de datos técnicos, actualizaciones de instrucciones de construcción de ingeniería de fabricación y costos de puestas en marcha de producción y utillaje”.

La otra posible inconsistencia en el acuerdo tiene que ver con la gestión del programa en fábrica, que se refiere a la “administración de programas, administración de contratos, administración de proyectos de ingeniería, desarrollo de servicios de soporte para garantizar la ejecución contractual conforme y viajes para visitas a proveedores”. Esto, según la fuente, representaría un posible sobrecosto de 4 millones de dólares. Una vez más, eso debería ser responsabilidad del proveedor.

También habría un posible sobrecosto de 1,4 millones de dólares con los manuales que comprenden el “desarrollo de actualizaciones a manuales COLAV existentes, incluyen los cambios de vehículos (HMS, cubre llantas), actualizaciones para sistemas que han sido actualizados por obsolescencia”. Además, no se habría incluido el transporte de los vehículos a Colombia, también una obligación del proveedor. Esa es otra duda que quedó por resolver.

Según indagó SEMANA, los posibles errores en este acuerdo, uno de los de más altos presupuestos para el Ejército, y la firma apresurada el 29 de diciembre, habrían sido el detonante para que Garzón, la funcionaria clave para el ministro Velásquez, presentara su renuncia.

Hay que mencionar que Garzón era una mujer de entera la confianza del ministro Velásquez, pues lo había acompañado incluso en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Además, había trabajado mano a mano en sus investigaciones sobre paramilitarismo contra funcionarios de alto nivel, congresistas y políticos.

La renuncia de Garzón estuvo acompañada de la salida del director de contratación estatal del Ministerio de Defensa, Juan David Montoya, sobre la cual tampoco se entregaron detalles del motivo que la originó.