“No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales”: Defensoría del Pueblo se opone a idea del presidente Petro

El 29 de diciembre de 2023, el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa la posibilidad de que el Estado colombiano les pague a los grupos armados para que dejen de delinquir.

La solicitud ya había sido presentada por la guerrilla del ELN en medio de los diálogos de paz que van para su sexto ciclo de conversaciones, pero esta es la primera ocasión en la que el jefe de Estado responde puntualmente a esa solicitud hecha por los ilegales.

Según dijo Petro desde Arauca, se puede hacer un pacto con las personas alzadas en armas en el que estas se comprometan a dejar las actividades ilícitas y el Estado asuma la responsabilidad de pagarles para que haya paz.

“Ese es el camino que yo creo que es el de la paz. Yo les diría a los grupos armados, todos: oiga, hagamos un pacto con el Gobierno. Que el pueblo decida. Esa sería mi opinión, dejemos que el pueblo decida cuáles son las directrices, cuánta plata, entonces, hay que invertir”, sostuvo el presidente Petro.

El mandatario aseguró: “El Estado se compromete a poner la plata y los grupos armados se comprometen a que el fusil se oxide, punto. No nos volvemos a matar entre nosotros. Vamos a construir conjuntamente la prosperidad, pueden ser cooperativistas del cacao, del chocolate, del ganado, de lo que queramos”.

Sin embargo, en la Defensoría del Pueblo esa propuesta del presidente Petro no cayó bien y Carlos Camargo aseguró que no es viable que del bolsillo de los colombianos se les pague a organizaciones ilegales.

“No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz. Seguiremos como institución de derechos humanos insistiendo en nuestro llamado: la vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable”, dijo Camargo.

Según el funcionario, si se llegara a concretar esa financiación sería aceptar la propuesta del ELN que pide dinero a cambio de dejar de secuestrar, por lo que existiría una consecuencia negativa para el país.

“El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley. Además, reducir la libertad a una transacción y aceptarlo sería anular el respeto por la dignidad humana”, reiteró.

Según Camargo, no se entiende por qué el Gobierno quiere implementar este tipo de medida cuando no se ha llegado a ningún acuerdo con los grupos criminales en Colombia y, por el contrario, su actividad criminal crece con el paso de los días.

El defensor del pueblo señaló, por ejemplo, que el secuestro ha aumentado en un 90 % con relación a años anteriores.

“Ello sucede porque, al convertirse en una moneda de negociación, entre más grave sea la amenaza, más alto es el precio por devolverle la libertad a quien está en cautiverio. Lo mínimo que le pido como defensor del Pueblo, en nombre de los colombianos, presidente Petro, es que como Gobierno nacional tenga una postura clara e inamovible, ceñida al respeto por los derechos humanos, como condición básica para el acceso a una negociación que favorezca a los colombianos”.

Camargo cree que los subsidios para quienes decidan volver a la legalidad son viables, pero con unas reglas claras de juego:

“Hay que buscar soluciones, por supuesto. Hay otros caminos para explorar en la mesa. Cortar de raíz el crimen del secuestro es posible, pero no como lo quiere imponer el ELN. De ser llevado a la realidad tal despropósito, téngalo muy presente, señor presidente, dejaría un ‘legado’ para que las demás estructuras armadas al margen de la ley le encuentren provecho: cometerían crímenes contra la ciudadanía para sacarle ladinamente dinero al Estado”.

Justamente, el pasado 26 de diciembre, el comandante del ELN, Antonio García, publicó una carta en la que reclamó que se den mecanismos de financiación a ese grupo armado para que deje de secuestrar.