“No se enferme”: la reacción de Paloma Valencia sobre la reforma a la salud

Después de que el Gobierno nacional publicara el texto de la reforma a la salud, hubo una avalancha de reacciones a favor y en contra de su contenido. La oposición, por ejemplo, ha criticado con fuerza varias de las propuestas que esboza la iniciativa en sus 180 páginas.

Una de las más férreas detractoras del proyecto de ley ha sido la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien desde antes de que se conociera el articulado había cuestionado las declaraciones de la ministra de Salud, Carolina Corcho, sobre las transformaciones que estaba proponiendo para el sector.

A través de su cuenta de Twitter, la senadora Valencia arremetió contra el proyecto de ley que ya empezó su tránsito por el Congreso de la República. “La reforma a la salud sí elimina las EPS, van a destruir 40 años de desarrollo del sistema de salud colombiano”, escribió la legisladora.

“Mi consejo para los colombianos después de leer esta reforma….No se enferme” (sic), agregó.

A continuación escribió un extenso hilo de trinos con 20 puntos que consideró críticos sobre la propuesta de orden gubernamental para el sector salud.

Para empezar, insistió en que las EPS sí desaparecerían del sistema de salud, al menos como se les conoce en la actualidad. Esto se debe a que el Gobierno está proponiendo que dejen de ser aseguradoras y, tras un proceso de transición, se conviertan en prestadoras de servicios de salud.

La senadora también criticó el hecho de que los afiliados tengan que pasar a estar bajo la batuta del Estado y que no puedan crearse nuevas EPS.

“Como en el mico del Plan Nacional de Desarrollo, la reforma establece un giro directo a las IPS. Elimina el aseguramiento de las EPS y las desaparece de facto del sistema”, indicó la senadora. “El gobierno es consciente de que acabarán las EPS y que necesitarán su infraestructura, por eso meten este inciso para que puedan comprar la infraestructura de las EPS”, agregó.

Con este punto se refiere a un aparte de la reforma en la que se refieren a las alternativas que les quedarían a las EPS que no quieran convertirse en prestadores de salud. En esos casos, les plantean la posibilidad de venderle al Estado su infraestructura.

Manejo de recursos y recertificación del personal

Otro de los puntos que cuestionó Valencia tiene que ver con el manejo de los recursos desde el orden local. “Fondos regionales, contratación y ordenamiento del gasto quedará a cargo de alcaldes y gobernadores. Más burocracia y el dinero de la salud se va para la corrupción” (sic), sostuvo la senadora.

Añadió que también le preocupa que quiera regresarse al Seguro Social que existía antes de la expedición de la Ley 100, pues consideró que establecer un manual tarifario único podría causar escasez de medicamentos y procedimientos médicos.

“Ahora el Estado en busca de ‘Soberanía farmacéutica’ dará prioridad a los medicamentos de producción nacional así sean de mayor calidad y mejores precios los internacionales”, apuntó la senadora.

Según señaló, no es claro el proceso de recertificación por el que pasarán los profesionales médicos y advirtió que la creación de las juntas médicas que empezarán a tener injerencia en su labor y una entidad pública externa que tendrá la capacidad de sancionarlos podría ser un paquete de “incentivos perversos”.

“Las facultades extraordinarias del presidente incluyen desde determinar el régimen laboral del personal médico en Colombia, las actuaciones administrativas y el régimen sancionatorio de la SuperIntendencia de Salud hasta las políticas del régimen de transición en salud”, agregó la senadora Valencia.

Indicó, además, que la reforma podría limitar la posibilidad de que los ciudadanos escojan libremente la clínica o el hospital donde desean ser atendidos, pues plantea que todos quedarían automáticamente adscritos a los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (Capirs) que esté cerca de donde viven.

Señaló que esos Capirs podrían salir bastante costosos. “La Atención Primaria y Salud Integral y resolutiva junto con sus Centros de Atención Primaria le valdrían al Estado cerca de 25 billones de pesos. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Hacienda aprobó esto?” (sic), se preguntó la legisladora.

Por último, criticó el hecho de que la ministra Corcho hubiera incluido a la Federación Médica Colombiana entre las organizaciones de la sociedad civil que podrían hacer parte del Consejo Nacional de Salud. Esto debido a que la hoy jefa de la cartera de salud fue directora y representante legal de esa organización.