“No se puede activar un diálogo político”: gobierno Duque sobre carta de exparas a Petro

El alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, fue tajante en asegurar que no se puede actualmente en Colombia activar un diálogo o negociación política con exparamilitares o con el Clan del Golfo, al insistir que en el país no hay conexidad entre los delitos de narcotráfico con los políticos.

Restrepo fue más allá y afirmó que no existe en el país un marco jurídico que pueda abordar la posibilidad de diálogos con estructuras criminales como el Clan del Golfo o los exparamilitares.

Sin embargo, el alto funcionario de la Presidencia de la República señaló que la vía que pueden adoptar los integrantes del Clan del Golfo es un sometimiento individual, jurídico, o la creación de un marco normativo de carácter colectivo.

“Lo primero que hay que hacer es seguir rodeando a la institucionalidad, a la Fuerza Pública, y ellos están constituidos para defender la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos, bajo ninguna circunstancia, desmoralizarlos; bajo ninguna circunstancia, querer debilitar su accionar”, sostuvo Restrepo.

Y agregó: “En segundo lugar, si eso es lo que se pretende, hay que crear un marco normativo colectivo para que exista una negociación de carácter jurídica, no política; y digo jurídica, porque hoy no hay un marco jurídico para que se realicen las mismas”.

“Insisto en que no pueden ser políticas porque hoy en Colombia el delito de narcotráfico no tiene conexidad con los delitos políticos; por ende, las negociaciones tienen que ser eminentemente jurídicas, deben ser alrededor del sometimiento a la justicia”, anotó el alto comisionado para la Paz.

La carta

SEMANA conoció una carta con fecha del 19 de julio, que fue dirigida al presidente electo Gustavo Petro, su vicepresidenta Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva. En ella, el Clan del Golfo y un grupo de exparamilitares plantean la posibilidad de dialogar con el Gobierno electo e incluso le proponen un cese al fuego a partir del próximo 7 de agosto.

“Estamos dispuestos a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto de 2022. Estamos dispuestos a desarmarnos en el momento indicado. Estamos dispuestos a pedir perdón. Estamos dispuestos a aportar verdad total e integral. Estamos dispuestos a reparar y, sobre todo, a no repetir los actos criminales. Estamos dispuestos a cumplir con los fines de la justicia restaurativa. Estamos dispuestos a unirnos con las instituciones para proteger el medioambiente, contra las prácticas ilegales que lo deterioran enormemente. Estamos dispuestos a construir un futuro mejor para las nuevas generaciones”, dice algunos de los apartes de la comunicación.

Los proponentes de la iniciativa de un cese al fuego son: Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparrapos), Grupo Los Rastrojos, Grupo Los Shottas de Buenaventura, Grupo la Inmaculada de Tuluá y Grupos Mexicanos de Quibdó.

Por último, estos grupos armados ilegales piden el diálogo en el Gobierno, basados en el acuerdo nacional propuesto por Gustavo Petro.

Dicen que el presidente electo fue capaz de convocar a una “unión real” y, por eso, no quieren quedarse por fuera. Hablan de “una paz con justicia social” y aseguran que, a partir de sus compromisos, “el país se debe de reconciliar y en la medida de lo posible nadie debería llegar a la cárcel, pues está comprobado, es una ‘universidad del crimen’ que no cumple con los fines de la resocialización”.