Nueva reforma a la salud del Gobierno tampoco convence: estos son los reparos a la iniciativa que se discutirá en el Congreso

El Gobierno y el Congreso, por primera vez en dos años de discusiones sobre la reforma a la salud, decidieron convocar a una mesa técnica sobre su contenido antes del inicio de los debates y de la conformación de las ponencias. En un hecho sin precedentes, la Comisión Séptima de la Cámara (en la que los gobernistas son mayoría) y los ministerios de Interior y Salud convocaron a un espacio de aparente concertación con 17 organizaciones que agremian a los actores del sistema de salud.

En las mesas, que encabezaron los ministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Alfonso Jaramillo, los actores del sistema advirtieron en privado que no están de acuerdo con lo que se propone en el proyecto. Incluso, de un encuentro que tuvo lugar en La Giralda, Jaramillo salió bravo con sus interlocutores, quejándose de que a ellos definitivamente no les gusta la reforma a la salud.

El Gobierno es consciente de esas diferencias profundas. En lo que puede ser un ánimo de concertación o intento de ganar tiempo para conseguir los votos en el Congreso, este martes iniciará la mesa técnica de discusión. Los invitados ya tienen claros los puntos que siguen sin entender y anticiparon a SEMANA qué le pedirán al Gobierno.

Jorge Toro, director ejecutivo de la Asociación Unión de IPS de Colombia (Unips), aseguró que persisten las inquietudes en relación con la estructura del articulado, pues afirma que no solucionan los problemas que tienen los prestadores que no reciben los pagos en medio del debate de la suficiencia de la UPC.

“Nos preocupa la metodología de la conformación de las redes integradas e integrales de atención y la responsabilidad sobre estas porque está quedando a discrecionalidad del Ministerio. El articulado debe tener una estructura más explícita. Nos asalta una preocupación grande en la movilidad del paciente, entre la baja y la mediana y alta complejidad, porque hay muchos actores. Esos son tiempos y movimientos que preocupan en la atención integral del usuario. Además, el proyecto no tiene un capítulo sobre el manejo de las tecnologías en el tema de la telemedicina, solo está enunciado”, lamentó Toro.

La mesa técnica de la reforma a la salud durará una semana y se realizará en la Comisión Séptima de la Cámara, el mismo recinto donde el Gobierno tiene las mayorías y que fue el primero en darle alas a ese proyecto que pretende acabar con el sistema que dejó la Ley 100.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegura que “la mesa da cuenta de la ventaja de llegar a acuerdos. Será un espacio técnico en el cual se escuchará a todos los actores del sistema, pacientes, prestadores, gremios, entidades territoriales, trabajadores, EPS, entre otros. Esto no había sucedido en muchos años. Este trabajo que arrancan los ponentes es la muestra de que en un asunto clave para la sociedad colombiana es mejor la concertación que la confrontación. Estoy convencido de que el país necesita más de lo primero y menos de lo segundo, y la salud es el mejor motivo que podemos tener para corroborar ese principio”.

Lo particular es que el texto de ahora es casi el mismo que se hundió en la legislatura anterior. Ya quedó en evidencia que esa idea no convenció al Congreso porque, por ejemplo, el manual tarifario que se propone para el sector podría llevar a que las entidades tengan que salir del sistema, como lo advierte el mismo Toro desde Unips.

Desde la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), su directora, Olga Lucía Zuluaga, deja claro que concuerdan con los puntos base de la reforma como la transformación de las EPS, la formalización del talento humano y la no dependencia de la venta de servicio.

Pero reclama que se debe revisar la metodología de conformación del Consejo Nacional de Salud porque no se ven incluidos como gremio de prestadores en esa instancia. “Es fundamental que haya un proceso técnico para la elección de directores de hospitales, con un examen que sea manejado a través del Icfes o de la Comisión Nacional del Servicio Civil en el que no se ponga el nombre del hospital para evitar temas de corrupción y se arroje una lista de elegibles”, comentó Zuluaga.

La hundida reforma a la salud tuvo 59 audiencias públicas. Pero parte de estas se estuvieron desarrollando cuando ya había ponencias aprobadas en primer y en segundo debate, y con ajustes que no entraron en el texto porque la discusión ciudadana iba más lento que el tropezado debate legislativo que costó la salida de los exministros Carolina Corcho, Luis Fernando Velasco y Alfonso Prada.

Uno de los interlocutores que más cuestionó la reforma es la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi). La presidenta ejecutiva de esa organización, Ana María Vesga, sostuvo: “Seguimos insistiendo en que tiene que haber absoluta claridad en los roles y responsabilidades de los diferentes agentes para asegurar que es un modelo operativo y sostenible, y que beneficia realmente a las personas”.

La Federación Médica Colombiana participó en la construcción del texto y reconoce que la propuesta es más acotada que el articulado que tramitó el Congreso en el pasado; sin embargo, le pedirán al Gobierno corregir puntos sobre el régimen laboral de los trabajadores del sector.

La presidenta de esa Federación, Ana María Soleibe, afirmó: “Hay un régimen laboral especial solo para el sector público, pero el 80 por ciento de los trabajadores de salud trabajan para el sector privado y quedan desprotegidos, sometidos a la tercerización y contratos que no respetan derechos laborales plenos”. Precisamente, las consideraciones que dispuso ese articulado para mejorar las condiciones del talento humano en salud se centran en lo público.

La Alianza de Asociaciones y Gremios de Colombia (Aliadas) también cuenta con un asiento en la mesa de concertación de la reforma a la salud y su presidenta, María Claudia Lacouture, ya tiene una lista de apuntes que le presentará al Gobierno en esa instancia: establecer una metodología clara para el cálculo de la UPC, fortalecer la Adres debido a la ampliación de competencias que tendrá, aclarar el procedimiento para las EPS que se convertirán en gestoras, indicar cómo se liquidarán las deudas pendientes de la cartera que venza, rediseñar el manual tarifario para que se pueda sostener el sistema y fortalecer los parámetros de la atención de mediana y alta complejidad, entre otros puntos.

“Es vital priorizar la estabilización del sistema mediante la inyección de recursos y el aseguramiento del flujo financiero antes de iniciar transformaciones estructurales de gran magnitud”, pide Lacouture desde Aliadas y la Cámara Colombo Americana.

Hay actores con participación en el sistema de salud que ven la mesa técnica convocada por el Gobierno con cautela y prefieren esperar a que se den los encuentros para sentar una postura sobre estas, como el caso de la Andi. Sin embargo, vale recordar que fueron los privados los que más cuestionaron el proyecto y con quienes el ministro Jaramillo no pudo ponerse de acuerdo en las instancias de socialización.

El encargado de la cartera de salud asegura que “este proyecto de ley es el resultado de un proceso de consenso con todos los actores claves del sistema de salud. Se han considerado y atendido las observaciones de las partes para lograr una reforma integral y efectiva”. Lo que ocurra esta semana definirá si su reforma sí tiene oxígeno en el sector y en el Congreso.