Nuevas denuncias contra el superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez: consejeros aseguran que va tras las cajas de compensación y las EPS

A partir de las revelaciones hechas por SEMANA ―en las que se evidencia que el superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, ha venido ejerciendo presión a Comfacor, la caja de compensación de Córdoba― se conocieron los testimonios de consejeros y exconsejeros de distintas cajas que han conocido de primera mano las presiones que viene desempeñando el funcionario sobre otras cajas del país.

En Colombia hay 42 cajas de compensación que manejan unos 25 billones de pesos, tienen afiliados a más de 22 millones de colombianos y es fuente de empleo para más de 100.000 personas y por eso su importancia.

Los consejeros y exconsejeros, que en algunos casos han tenido que dejar sus funciones por las presiones del superintendente, le dijeron a SEMANA que el propósito de Pérez ―que quedó evidenciado en los chats que llegaron al despacho de una juez laboral del circuito en Montería― no solo sería sacar personas que no comulgan con las ideas del Gobierno, sino que quisiera buscar recursos en las cajas de compensación del país, es decir la plata de los trabajadores, para la ‘paz total’ y hasta hacer modificaciones al sistema de salud. La alerta es máxima.

Tres personas que han integrado o hacen parte de los actuales comités decidieron hablar bajo reserva para evitar represalias contra sus cajas. Incluso, por lo delicado del asunto dicen que temen por su vida por las ideas radicales de izquierda de algunos dentro del sector desde la llegada del Gobierno. Aseguran que el propósito de Pérez de intervenir varias de las cajas de compensación del país sería netamente burocrático y lo responsabilizan de apoyar causas políticas.

SEMANA conoció fotografías y videos de Pérez junto a Jaime Cortés, presidente del consejo directivo de Comfenalco Tolima. En un evento en ese departamento, el superintendente llamó “disidentes” a los que no están apoyando las causas del Gobierno al interior de las cajas de compensación. Otra fotografía evidencia la cercanía de Pérez con la representante Martha Alfonso, de la Alianza Verde y oriunda de ese departamento, ambos están junto al candidato a la Alcaldía de Ibagué Renzo García. Alfonso se ha caracterizado por ser una férrea defensora de Petro en el Congreso y de sus reformas.

Sobre la intervención de las cajas de compensación, el caso más reciente fue el de Comfenalco Antioquia. Es la que mayor alerta ha generado hasta ahora porque se trata de una de las seis más grandes del país. En lo que va corrido del Gobierno Petro se han intervenido 10, de un total de 13 que ya están en poder de la SuperSubsudios.

Uno de los hechos que llama la atención es que en seis de esas cajas, el interventor designado por la Super ha sido el mismo. “Lo que claramente se está estableciendo es que el Gobierno quiere tomar control de las cajas de compensación”, aseguró uno de los consejeros.

Desde Comfenalco Antioquia han reclamado que el argumento de la intervención no tiene razón de ser y que esa plata que la Superintendencia dice estar refundida está en una fiducia.

De hecho, Asocajas, el gremio de las cajas de compensación en el país, salió a reclamarle a la Super. Manifestaron su preocupación por la medida tomada por la Superintendencia en contra de esta caja de compensación, dijeron que los estados financieros son más que satisfactorios y que se trata del patrimonio no solo de los antioqueños, sino de gran parte de los trabajadores del país.

El superintendente también ha dicho en varios espacios que quisiera presentar una reforma a las cajas de compensación en el Congreso para que haya menos, una por cada región. Eso también prendió las alarmas en las cajas. Señalan que afectaría la libre competencia, reduciría los beneficios de los usuarios y haría más proclive a una intervención de la superintendencia, como ya está sucediendo.

Uno de los reclamos contra Pérez es que esos dineros que estaría buscando e interviniendo para propósitos del Gobierno no es plata del Estado, sino de los trabajadores del país. “El Gobierno nacional, en nuestro sentir, quiere apoderarse del sistema cuando pone al ente de control y vigilancia que es la Superintendencia, ni siquiera a coadministrar, está administrando, está llegando a pedir plata para la ‘paz total’. Está diciendo que deben apoyar con los pobres de este país y eso es plata de los trabajadores”, dijo uno de los consejeros.

Otro de ellos lanzó una grave alerta: “Quieren empezar a limpiar desde adentro para poner su gente, están politiqueando con las cajas”.

Detrás de las EPS

Una de las máximas alertas de los consejeros es que el verdadero propósito de Pérez sería lograr tener el control de las EPS. Esto porque varias de las cajas de compensación del país tienen acciones en las aseguradoras de salud.

Por ejemplo, dicen que en el caso de Comfenalco Antioquia, que fue la más recientemente intervenida, es una de las accionistas de la Nueva EPS. Actualmente, el Ministerio de Hacienda tiene el 49 % de las acciones de esa aseguradora en salud, mientras que Colsubsidio, Compensar, Cafam, Comfandi y Comfenalco Antioquia tienen el 51 %. Aseguran que si el Gobierno logra las mayorías en la junta directiva, podría hacer cambios en la dirección de la prestadora de servicios de salud. Y eso ya se está planteando en reuniones con los directores de las cajas.

“La orden que hay es que se nombre a alguien cercano al Gobierno en la Nueva EPS. Tienen Famisanar porque la intervinieron por un año, falta la Nueva EPS, que es la más grande del país”, aseguró uno de los consejeros.

Hace varios meses salió a relucir el nombre de la exministra de Salud Carolina Corcho para dirigir la Nueva EPS. Aunque ella lo desestimó públicamente, lo cierto es que, según los consejeros, que tienen relación con los directores de las cajas, el propio Pérez les confirmó en una reunión que el Gobierno la quiere poner a ella o a Aldo Cadena, otro personaje cercano al presidente Gustavo Petro en el sector. La reunión se dio la primera semana de septiembre.

Uno de los principales reclamos es que la Nueva EPS se pueda convertir en un fortín político y que cada gobierno continúe haciendo lo mismo, poniendo una dirección de su preferencia, un hecho que hasta ahora se ha evitado.

Los consejeros dejan de precedente lo que sucedió con Capital Salud cuando Petro fue alcalde de Bogotá. Reclaman que la EPS de los bogotanos terminó desfinanciada en su mandato y que eso podría pasar a nivel nacional.

A ese panorama se le suma la intervención de Famisanar, por lo que, dicen los consejeros, que si el Gobierno logra tener el control de la Nueva EPS podría estar haciéndose con la atención de más del 30 % de los afiliados en el país.

Solo petristas

Uno de los hechos que ya quedó en evidencia en la investigación en contra de Pérez y que confirmaron los consejeros es que hay una clara dirección de sacar de las cajas a todos los que no estén con el Gobierno y los tachan de uribistas.

Sin embargo, algunos de ellos reclaman que estuvieron en las marchas del 2021 pidiendo unas reformas sociales, pero que lo que ha presentado el presidente Petro hasta ahora no tiene nada que ver con lo que exigían. Dicen que no son opositores, pero que los están persiguiendo como tal.

Por eso, piden a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría que tomen cartas en el asunto y puedan investigar las acciones y decisiones que está tomando Pérez en cabeza de la Superintendencia de Subsidio Familiar.

Como lo reveló SEMANA, la investigación por los chats con Diana Marcela Vásquez, directora administrativa de Comfacor, ya está en manos de la Procuraduría. El ente de control le ha puesto la lupa a las actuaciones del superintendente y le ha solicitado información sobre los dineros que estaría solicitando para la ‘paz total’ del Gobierno.

Sobre este tema, los consejeros aseguraron que también han evidenciado las presiones en las que les ha dicho que algunas cajas ya han aportado, dando a entender que quien no está con el Gobierno es un enemigo y por eso irá tras ellos a como dé lugar.