Otros ‘errores de digitación’: el 40 % del gabinete del presidente Gustavo Petro no reporta bienes y conflictos de interés

Esta semana, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, pronunció una de esas frases que quedan inmortalizadas en la política: “Hubo un error de digitación”. Así justificó por qué eliminó de su formulario de declaración de bienes y conflictos de interés a su esposo, el cineasta holandés Sjoerd van Grootheest, quien en los últimos días recibió un contrato por 128 millones de pesos con el Gobierno. En 2022, cuando publicó su declaración, formato obligatorio para los funcionarios del Estado, Vélez relacionó a Van Grootheest como su esposo.

Sin embargo, el pasado 22 de junio modificó el formulario y allí apareció que no tiene esposo y las casillas en las que antes estaban los datos de su cónyuge aparecían en blanco. Ante el escándalo, la ministra solo atinó a decir: “Hubo un error de digitación”.

Lo sucedido con Vélez es solo la punta del iceberg de cómo buena parte de los miembros del gabinete y altos funcionarios del Gobierno se pasan por la faja la norma que los obliga a publicar y actualizar su declaración de bienes y conflictos de interés. La Ley 2013 de 2019 obliga a todos los funcionarios a diligenciar y publicar un formato en el que relacionen sus propiedades, ingresos, información de cuentas bancarias y posibles conflictos en los que se podrían ver inmersos. Esta declaración “será requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo” y “deberá ser actualizada cada año”.

SEMANA revisó el reporte de cada uno de los ministros y altos funcionarios del Gobierno y el panorama es inquietante: ocho de los 19 ministros no han actualizado el reporte o tienen “errores de digitación” a la hora de diligenciar el formato. Es decir, el 40 por ciento de los miembros del gabinete están incumpliendo la norma. Uno de los casos más llamativos es el de la vicepresidenta y ahora ministra de la Igualdad, Francia Márquez. A pesar de que la ley obliga a que se publique este documento para tomar posesión, solo lo hizo el 3 de febrero de este año, es decir, seis meses después de haber jurado como vicepresidenta. Y hubo un detallito: subió el formato en blanco.

Según constató esta revista, la vice solo diligenció sus nombres y apellidos y los datos de su esposo y dejó el formulario en blanco. Es decir, según ese reporte, no tuvo ingresos en 2022, no posee bienes, no tiene cuentas bancarias, ni deudas y tampoco tuvo ingresos. Si bien podría pensarse que, efectivamente, para el momento de su posesión como vicepresidenta, Márquez no tenía bienes, su declaración de renta indica un patrimonio de 96.956.000 pesos y deudas por 16.000.000 pesos.

Adicionalmente, a pesar de que antes del 7 de agosto Márquez no era funcionaria, resulta extraño que no reportara ingresos durante un año, especialmente cuando el representante Hernán Cadavid denunció que, según la respuesta a un derecho de petición que le envió al Departamento de Prosperidad Social (DPS), la hoy vicepresidenta recibió el subsidio de Ingreso Solidario hasta el 7 de julio de 2022. O sea, habría recibido al menos dos pagos por 380.000 pesos que, en todo caso, no aparecen en su registro de bienes y conflictos de interés.

Según el reporte del aplicativo de consulta ciudadana de Función Pública, Márquez corrigió dicho reporte el 4 de febrero, un día después de haberlo subido inicialmente. No obstante, allí nuevamente dejó el formato en blanco. El documento solo fue modificado por Márquez hasta el 29 de junio de este año, un día antes de tomar posesión como ministra de la Igualdad. Sin embargo, cuando se consulta el reporte, el sistema arroja un error y no permite visualizarlo.

Esta es la única de las más de 50 declaraciones que revisó SEMANA que arroja este error. Otro “error de digitación” fue el que cometió la ex jefa de gabinete Laura Sarabia, quien para tomar posesión de su cargo cumplió con el deber de hacer su reporte ante el Departamento de la Función Pública el 6 de agosto del año pasado. No obstante, se le escapó un detalle: en lugar de revelar la declaración de renta de 2021, lo que indica la ley por ser el último año declarado, publicó la de 2018, en la que aparece un patrimonio de 2.000 pesos.

Aun cuando podría pensarse que en 2021 Sarabia no estaba obligada a declarar renta, pues no era alta funcionaria, un reporte enviado por la Secretaría del Senado a esta revista muestra que durante ese año ella estuvo vinculada a la UTL del entonces senador Armando Benedetti como asesora grado II, con una remuneración mensual de 8 salarios mínimos. Es decir, sí debía declarar. Tanto es así que en febrero, seis meses después, corrigió el reporte y publicó el documento de 2021.

No da ejemplo

De este panorama no se salva ni siquiera el presidente Gustavo Petro. El jefe de Estado solo cumplió con la obligación de revelar su declaración de bienes y conflictos de interés en enero de este año, cinco meses después de haber llegado a la Casa de Nariño, a pesar de que la ley indica que este es un requisito para posesionarse. Además, el mandatario no relaciona en su declaración que su hijo Nicolás Petro es diputado del Atlántico.

También llama la atención que el mandatario ha sido poco amigo de cumplir esta norma, pues de su época como senador solo figura el reporte de 2020, pero no lo hizo ni en 2021 ni en 2022. Según el Decreto 484 de 2017, los funcionarios del Estado del orden nacional deben actualizar su declaración de bienes y conflictos de interés “entre el 1.º de abril y el 31 de mayo de cada vigencia”.

No obstante, un mes y medio después de haberse cumplido el plazo, seis de los ministros del gabinete de Petro no han cumplido con la obligación de actualizar el reporte. Ellos son el canciller, Álvaro Leyva; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el ministro de Comercio, Germán Umaña; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y el ministro encargado de Cultura, Jorge Ignacio Zorro.

En cuanto a las altas consejerías, el panorama es aún más inquietante. No han cumplido el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda; la consejera de la juventud, Gabriela Posso; la consejera para la equidad de la mujer; Clemencia Carabalí; la consejera para la reconciliación, Eva Ferrer, y la consejera de derechos humanos, Jenny de la Torre. La obligación de actualizar el reporte de bienes y conflictos de interés no es un capricho de la norma. Cuando fue aprobada en 2019, se incluyó esta disposición para que los colombianos pudieran conocer cuánto crece el patrimonio de los altos funcionarios mientras ocupan los cargos del Estado.

Además, es normal que durante el transcurso de sus funciones cambien los conflictos de interés, como es el caso del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuya esposa, Claudia Liliana Cortés López, se posesionó este 13 de junio como directora general de la Unidad de Tierras y Usos Agropecuarios (Upra), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. A pesar de que el Ministerio de Hacienda es la entidad encargada de hacer las asignaciones presupuestales a las demás carteras, Bonilla no reportó este eventual conflicto de interés ante la Función Pública.

Caso similar es el de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien omitió reportar en el registro de bienes y conflictos de interés a sus dos hijos trabajando con el Estado, uno como jefe de la Oficina Asesora Jurídica en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y otro vinculado con el Ministerio de Cultura. El incumplimiento a esta norma se ha vuelto tan habitual que ahora los altos funcionarios, sin que pase nada, pueden de un día para otro quitar los bienes a su nombre, eliminar deudas y hasta ‘desaparecer’ familiares según las necesidades. Son simples “errores de digitación”.