Pacto Histórico: el poder de Gustavo Petro para tramitar una ambiciosa agenda legislativa

El nuevo presidente de Colombia llegará a la Casa de Nariño con un Congreso a favor. Los vientos parecen favorables y no hay tormentas a la vista. Al parecer, el mandatario electo Gustavo Petro asumirá el poder con un Legislativo donde hay poca oposición y con todo a favor para que logre sacar las reformas que prometió al país en campaña.

Las presidencias del Senado para los próximos cuatro años ya están definidas: el primer año el Pacto Histórico; segundo año, Partido Verde; tercero, para el Partido Conservador; el último, para el Partido Liberal. Por el lado de la Cámara, el primer presidente es el representante del Pacto Histórico David Racero.

Es decir, el partido de gobierno podrá, por lo menos durante el primer año, implementar la estrategia de eficiencia legislativa que propone Roy Barreras. Según el nuevo presidente, en el Congreso habrá un nuevo sistema que permitirá más eficiencia y velocidad en el trámite de las normas.

Específicamente, lo que busca el nuevo presidente es que las comisiones y las plenarias discutan de manera simultánea los proyectos que sean radicados y, además, que los partidos sesionen durante cuatro de los cinco días de la semana.

Con este panorama, el partido de Gustavo Petro no solo llega con las presidencias de las dos corporaciones, sino que tiene aseguradas la presidencia de las comisiones Segunda, Tercera y Cuarta del Senado. Además, la bancada mayoritaria está buscando quedarse con la secretaría general de la Comisión Primera en Senado y con la Secretaría de la Comisión de Acusación en Cámara.

En esa corporación, además, el Pacto Histórico tiene la posibilidad de lograr la presidencia de dos comisiones. Sin embargo, las discusiones aún son intensas y habrá que esperar hasta la otra semana para que los compromisarios de todos los partidos estén de acuerdo.

Ello sin contar con que el nuevo presidente de la República llega respaldado por una coalición mayoritaria que se puede convertir en una nueva aplanadora legislativa. En el Senado, la bancada petrista está conformada, hasta ahora, por el Partido Comunes, ASI, el Pacto Histórico, la Alianza Verde, el Partido de La U y el Partido Liberal.

Pese a que aún se espera el pronunciamiento de los conservadores, muy seguramente estos harán parte de la bancada de gobierno, contrario a Cambio Radical, que muy posiblemente se declarará en independencia.

Así las cosas, en Senado, el Pacto Histórico contaría con el apoyo seguro de 61 congresistas; en la Cámara, de 104, una mayoría que puede aprobar cualquier proyecto que radique el Ejecutivo en las secretarías del Legislativo.

Esta situación que se presenta en el Congreso es histórica. En los últimos 40 años, las fuerzas en el Congreso, pese a que siempre habían estado a favor del gobierno de turno, ahora lo hacen a favor de un presidente abiertamente de izquierda.

¿Y el poder para qué?

La famosa pregunta del expresidente Darío Echandía, ¿el poder para qué?, puede traerse a colación con la situación política actual. La idea del nuevo gobierno, según lo ha expresado el elegido presidente de la República, es hacer los cambios que requiere Colombia lo más rápido posible.

Según declaraciones de miembros del Pacto Histórico, las reformas más importantes que piensa impulsar el nuevo gobierno son la reforma tributaria, la reforma anticorrupción, la reforma rural integral, la reforma política y la reforma agraria.

Muchas de estas reformas son actos legislativos, también conocidos como reformas constitucionales, que requieren de un trámite extenso en el Congreso y que los colombianos no van a ver aplicadas sino hasta un año después de radicadas. Por ejemplo, la tributaria, de la que aún no se conoce el texto y que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció para el próximo 7 de agosto.

Como es un proyecto de ley que involucra las comisiones terceras y cuartas, se tiene que discutir de manera simultánea, pero no se verá promulgado por el presidente de la República, sino hasta dentro de un año.

Además, el Congreso recién posesionado tendrá que revisar y aprobar el Presupuesto General de la Nación 2023, que generará polémica, pues allí estarán las partidas presupuestales que el nuevo gobierno piensa recortar y aquellas que quiere aumentar para hacer realidad su proyecto de país.

Lo mismo sucede con las reformas agraria y política, que tendrán que estar en el Congreso por los tiempos que obliga la constitución, por lo menos durante un año en discusión, para que se comiencen a implementar en la realidad fáctica del país.

Sin embargo, con la llegada de nuevos dirigentes al Congreso de la República y con la posesión de los presidentes de las comisiones y las plenarias surgen varias preguntas que se irán resolviendo con el pasar del tiempo.

Por un lado, la Cámara posesionó como presidente a David Racero, un representante de 36 años que se hizo sentir en el Congreso pasado como una de las voces más fuertes en defensa de los manifestantes del Paro Nacional. Su ascenso a la cámara baja con tan corta edad hace dudar de si su experiencia en el Legislativo será suficiente para poner en cintura a la mitad de un Congreso que el día de su posesión brilló por su indisciplina. Sin embargo, esa será una respuesta que se solo se conocerá cuando termine el periodo en su dignidad.

El profesor de la facultad de estudios internacionales, políticos y urbanos de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo Jassir asegura que la juventud no es sinónimo de inexperiencia, como la vejez no lo es de experiencia.

“Como legislador él ha tenido un desempeño sobresaliente, no hay argumentos para decir que la falta de experiencia le vaya a jugar en contra, el Congreso necesita renovarse y necesita alternación”, considera.

Por otro lado, con el partido de gobierno haciendo fuerza para cambiar algunas de las secretarías, la pregunta es si los trámites quedarán bien hechos, pues secretarios que llevan años en sus puestos todavía tienen dudas de cómo funciona la ley quinta de 1992. Un ejemplo de ello fue que el mismo 20 de julio, el secretario general no supo responder si los expresidentes de Cámara y Senado, que hoy son solo ciudadanos, podían o no tomarle el juramento al Legislativo.

Para el constitucionalista Juan Manuel Charry, esto podría ser un inconveniente “en la medida en que lleguen personas que no conozcan las minucias del trámite legislativo en el Congreso, lo cual podría generar vicios de inconstitucionalidad que podrían ser posteriormente declarados por la Corte”.

Por último, surge la duda de si en su afán de adelantar las reformas que requiere el país con celeridad, puede llevar a que el presidente y su gabinete cometan errores o abusos con la Constitución como los que ya se han visto en épocas pasadas y que ha correspondido a la Corte Constitucional reparar para mantener la unidad de la Constitución.

Según Jaramillo, “el riesgo existe, pero una cosa es que él haya tenido apoyo para tener una coalición y otra cosa es que eso sea un cheque en blanco. El Congreso no ha sacrificado su independencia, incluso los partidos que se declararon de gobierno pueden disentir. Una cosa es la aplanadora que nos han mostrado en el papel y otra cosa el que será su papel en la práctica”.