Nuevo ‘salvavidas’ a la ‘primera línea’: Pacto Histórico radicó un proyecto que busca castigar los delitos cometidos en las protestas con servicio social

Este lunes, la senadora por el Pacto Histórico Clara López, con el apoyo de otros congresistas de esta plataforma política, radicó un proyecto de ley que busca un tratamiento no punitivo a los miembros de la ‘primera línea’ que delinquieron durante las protestas sociales de los últimos años.

Esta iniciativa se presenta algunos días después que integrantes del Pacto Histórico radicaran otro proyecto de ley de indulto y amnistía para este grupo de manifestantes, varios de los cuales están siendo procesados por las autoridades por delitos de terrorismo, lesiones personales y daño en bien público, entre otros.

López propone modificar el artículo 469 A del Código Penal, de manera que se establezca un tratamiento restaurativo de los delitos en contextos de protestas sociales y no punitivo, como se está haciendo actualmente.

“Quien en el marco del ejercicio del derecho a la protesta social haya incurrido en delitos tendrán un tratamiento no punitivo, que establezca sanciones restaurativas, alternativas y que vincule a los jóvenes con el trabajo social y comunitario”, dice el texto del proyecto, que apenas fue radicado en el Capitolio.

Este tratamiento se restringiría a delitos amnistiables o indultables en ciudadanos no pertenecientes a grupos armados al margen de la ley. De esta forma, no podrán beneficiarse personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad y que hagan parte de organizaciones armada ilegales.

“Todos tenemos claro que la protesta debe ser pacífica, pero también tenemos claro que la crisis de la pandemia ha exacerbado los ánimos y que tradicionalmente en las protestas se presentan desmanes y actos repudiables que en la mayor parte de los casos son repudiables. Pero es más repudiable catalogar a estos actos y a los jóvenes de terroristas, lo cual lleva a los jóvenes a penas de más de 40 años”, explicó la senadora López sobre su primer proyecto radicado.

Así, estos manifestantes no enfrentarían penas privativas de la libertad, sino tendrían la obligación de prestar servicio social para la comunidad. Esto en caso de que la iniciativa legislativa supere sus cuatro debates reglamentarios en el Congreso.

Buscando un objetivo de despolarización, el proyecto plantea encuentros pedagógicos, diálogos sociales, cátedras de paz, espacios de reflexión en medios de comunicación comunitarios e inclusión de estas discusiones en planes educativos escolares y universitarios.

Además, López propone la responsabilidad de los partidos políticos para promover la tolerancia y el pluralismo en sus miembros, “evitando narrativas que nieguen o trivialicen crímenes como el genocidio, crímenes de lesa humanidad o los efectos del conflicto armado sobre la población civil” y el uso de la violencia en política.

Incluso, según el proyecto de ley, las colectividades deberán incluir en sus códigos de ética mecanismos de prevención para evitar que sus miembros promuevan, distribuyan o difundan escritos o cualquier otra clase de material para fomentar o incitar, directa o indirectamente, al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o una persona.

López también propone la eliminación de dos apartados de la Ley de Seguridad Ciudadana que se tramitó durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Uno de ellos es la legítima defensa privilegiada, en casos en los que se puede usar la fuerza letal para repeler una agresión al derecho propio o ajeno.

Por último, la senadora por el Pacto Histórico planteó en su proyecto de ley una depuración de los archivos de inteligencia y el restablecimiento de los derechos y libertades políticas de la ciudadanía que se vería señalada de la comisión de delitos en medio de las manifestaciones sociales.

“Los organismos de seguridad del Estado emprenderán un proceso de depuración de los archivos de inteligencia para retirar de los procesos de perfilamiento a líderes sociales y políticos, periodistas, promotores de cultura, defensores de los derechos humanos, representantes de las comunidades étnicas y de cualquier otro sector que en el marco del conflicto armado fue incluido como objetivo de las políticas de inteligencia”, dice el texto de la iniciativa.

Además, estos organismos deberán hacer entrega de los archivos de inteligencia que contengan información sobre población civil a la Comisión de la Verdad. “Será puesta a disposición del Archivo Nacional para consulta ciudadana”, concluye la propuesta de López.