Paloma Valencia a la Fiscalía: “No hay nada que estudiar” sobre beneficios a la primera línea

Sigue el debate en el país sobre el anuncio que hizo el Gobierno nacional de una serie de medidas para beneficiar a la polémica primera línea, grupo social que desató el caos con hechos vandálicos en el llamado estallido social de 2021.

En esta oportunidad y desde la orilla de la oposición, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia le dijo de frente a la Fiscalía que “no hay más que estudiar” sobre imputaciones de terrorismo a quienes protagonizaron ese tipo de delitos en medio de la protesta social.

Señaló que una cosa es la protesta pacífica y otra muy diferente la que agrede a la fuerza pública o hasta quema buses, indicando que eso tiene un solo nombre: “terrorismo”.

“Fiscalía estudia dejar de imputar los actos de la protesta como terrorismo. No me parece que haya nada que estudiar. La protesta es protesta y no incluye ningún acto de violencia”, expresó Valencia.

Además, agregó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Cuando alguien en vez de protestar sale a quemar el transporte público, a agredir la fuerza pública, a quemar el comercio, no está protestando, es un terrorista”.

El revuelo se desató luego de que en pleno evento público en Cali, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sorprendió al señalar que la nueva fiscal General alista una directriz que permitirá que los integrantes de la primera línea presos salgan de las cárceles.

“Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar”, sostuvo.

También dijo el alto funcionario: “Pero ahora con la nueva fiscal estamos trabajando y sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir, y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir”.

Frente a ese espinoso tema, la Fiscalía emitió un comunicado en el que admitió que estudia la petición del Gobierno, pero dejó en claro que la decisión será de los jueces y, en última instancia, de la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria colombiana.

“El equipo directivo de la Fiscal General de la Nación ha escuchado los planteamientos y solicitudes formales del Ministerio de Justicia, para que se revise el alcance de la calificación y las imputaciones por terrorismo y concierto para delinquir frente a los delitos perpetrados en desarrollo de la protesta social”, señaló la entidad la semana pasada.

En ese documento, La Fiscalía dejó claro que antes de dar alguna postura oficial, analizará detalladamente los argumentos que entregó el jefe de la cartera de Justicia a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina jurídica internacional, principalmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, recalcó que más allá de cualquier postura, la palabra final no la tendrá el ente investigador, sino que será tal y como lo indica la ley colombiana. “En cualquier caso, la palabra definitiva sobre este tema la tendrán los jueces penales competentes y, en última instancia, la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria colombiana”, puntualizó.