Paloma Valencia denunció tres ‘micos’ en el proyecto de ley de orden público del gobierno Petro

Este miércoles, cuando el Congreso debatirá en pleno la modificación del proyecto de ley de orden público que presentó el gobierno de Gustavo Petro, varios congresistas de la oposición han evidenciado algunos detalles polémicos que contiene la redacción de dicha iniciativa.

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, enumeró tres ‘micos’ o puntos que considera inconvenientes para el país y que están consignados dentro del borrador que radicó el Gobierno.

“Pretender, a través de la ley de orden público, darle facultades de indulto y amnistía al presidente Gustavo Petro para liberar a quienes de la primera línea cometieron delitos es inaceptable. Es el primer mico”, denunció Valencia.

Estas personas ―de acuerdo con la propuesta en la prórroga y modificación de la ley de orden público―, si son condenadas por cualquier delito “en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta”, podrían ser indultadas por el presidente de la República. Este artículo, seguramente, será uno de los más debatidos en el Senado este miércoles.

“El segundo mico de la ley de orden público es meternos sin fast track siquiera, sino de manera automática como política pública, lo que firme el Gobierno con los criminales. Incluso, acuerdos parciales”, manifestó.

Y el tercero, según Valencia, es que la ley de sometimiento a la justicia en medio de la paz total que propone el presidente, ya no pasará por el Congreso. “Están pidiendo facultades para expedirla vía decreto. Recordemos que les ofrecen 11 meses de cárcel (a los narcos) y quedarse con el 10 % de su fortuna”, informó.

Aunque Valencia se refirió a tres puntos, este proyecto de ley tendrá más de una discusión porque propone, entre otras cosas, la modificación del servicio militar obligatorio para generar la posibilidad de que los jóvenes opten por el servicio social para la paz.

En otras palabras, se abre la puerta para que los jóvenes de 18 años decidan entre pagar el servicio militar o adelantar trabajos comunitarios en sus regiones, especialmente alfabetización en zonas rurales, trabajos con las víctimas del conflicto y protegiendo la biodiversidad. La modificación, en caso de aprobarse, sería gradual.

Además, esta iniciativa buscará que algunos alcaldes del país se conviertan en una especie de comisionados de paz en 9 regiones consideradas de alto riesgo en materia de orden público. La idea, según lo dijo en su momento a SEMANA el senador Iván Cepeda, es que tengan facultades para buscar exclusivamente acuerdos de paz con grupos armados en sus zonas en busca de disminuir el conflicto armado en Colombia.

Sobre esa misma línea, el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid denunció en su momento un “golazo” que pretendían incluir en la iniciativa: “Darán facultades a las ONG cercanas al gobierno Petro para tener contacto con grupos armados”.

Como están las cosas, el proyecto promete generar polémica este miércoles en el Congreso. Sin embargo, con la aplanadora legislativa que tiene el Gobierno, lo más posible es que tenga un final positivo para la administración Petro.