POLÍTICA
Para lograr la “paz total”, gobierno Petro propone crear 9 zonas de paz en Colombia, ¿en qué consisten?
En entrevista con SEMANA, el senador Iván Cepeda entregó detalles del proyecto de ley que radicará este martes y que facultará a algunos alcaldes a adelantar acuerdos estrictamente humanitarios con los grupos armados.
SEMANA: ¿en qué consiste el proyecto de ley con el que se pretende la “paz total”?
IVÁN CEPEDA (I. C.): consiste en la formulación de una política de paz radicalmente distinta a lo que ha sido hasta ahora. Obviamente recoge los articulados de las experiencias anteriores, pero busca una formulación de una política de paz como una política de Estado.
¿Eso qué significa? Que todo el gobierno esté comprometido con la política de paz. Surge una figura que es el gabinete de paz y que consiste en que cada ministerio tiene tareas, objetivos relacionados con la política de paz. Y, periódicamente, el presidente cita a un consejo de ministros con el único propósito de examinar cuáles son los avances en cada cartera de la política de paz del Gobierno. El alto Comisionado de Paz seguirá siendo la figura principal y de mayor responsabilidad, pero los otros ministros también tienen que ocuparse de la política de paz. Implica además que la política de paz se regionalizará.
SEMANA: ¿cómo así?
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I. C.: sí, porque el escenario principal del conflicto armado y la violencia es territorial. Para eso se crearían varias figuras nuevas: la región de paz, se delimitarán unos territorios en el país que tienen una situación especialmente difícil en materia de violencia, conflicto armado y orden público. Para esas regiones hay una política focalizada del Gobierno.
¿Qué incluye para esas regiones? Los municipios PDET, las localidades donde la violencia ha llegado a un extremo severo. Para esas regiones, el Alto Comisionado de Paz designará comisionados de paz regionales que van a trabajar bajo su conducción.
Implica además que las autoridades locales pueden ser facultadas para que dentro de unos márgenes, claramente específicos, puedan adelantar, eventualmente, diálogos tendientes a acuerdos humanitarios. Esto no quiere decir que cada alcalde puede abrir una mesa de conversación. No es eso. Como se viene haciendo hoy porque es un poco hipócrita pensar que algunos alcaldes no están hablando con los grupos armados.
Obviamente, si alguien es alcalde en un municipio donde está presente el Clan del Golfo, las disidencias, el ELN y todos se están enfrentando, obviamente el mandatario tiene que lidiar con esa situación. Lo que sí puede hacer el alcalde es decirles a los grupos que no pongan minas en las escuelas, que respeten a la población civil, no se enfrenten en el casco urbano, no recluten niños, no sigan secuestrando, no obstruyan el ingreso de alimentos o el transporte en ambulancia cuando lo requiere la ciudadanía.
Además, el proyecto busca que la política de paz de un gobierno debe ser continuada por los siguientes. No ocurrirá, si la iniciativa se aprueba, lo de años anteriores cuando el gobierno de Juan Manuel Santos adelantó una política de paz, pero llegó Iván Duque y se acabó la política. Eso no puede ocurrir.
SEMANA: hagamos claridad, ¿hasta dónde llegará la facultad de los alcaldes?
I. C.: hasta el punto que le mencioné. Exclusivamente en el plano humanitario. Los alcaldes no podrán abrir una mesa de conversación, tampoco dialogar con los grupos armados de temas que no sean los del DIH.
SEMANA: conclusión: los alcaldes de estas regiones de paz deberán ceñirse exclusivamente a acuerdos humanitarios. No más.
I. C.: exactamente, de eso se trata. Acuerdos que puedan disminuir o limitar severamente el impacto de la violencia. Buscan exclusivamente poner a salvo a la comunidad. Si los grupos armados quieren enfrentarse que lo hagan por fuera del perímetro donde está la ciudadanía, es que eso lo dice el Derecho Internacional Humanitario.
SEMANA: ¿cómo se controlará que algunos alcaldes no se salgan de sus facultades?
I. C.: pues como todo en la vida, el alcalde que sea sorprendido en otro tipo de asuntos enfrentará un proceso disciplinario o penal. Todo funcionario tiene un límite de su acción. Si lo transgrede, obviamente, tiene que aceptar una responsabilidad.
SEMANA: ¿de cuántas zonas regionales de paz estamos hablando en Colombia?
I. C.: el alto Comisionado para la Paz lo comunicará en su momento, pero tengo entendido que él ha empezado a visualizar nueve.
SEMANA: en el hipotético caso de que un alcalde no acepte adelantar estos acuerdos porque es de derecha, ¿tendrá algún problema?
I. C.: no tendrá problema, porque el proyecto le da una facultad que puede o no usar.
SEMANA: el proyecto habla de unos bonos para la paz. ¿En qué consisten?
I. C.: esos bonos venían de antes. No es nuevo en la norma. Esos bonos se crearon, si no estoy mal, para el proceso de paz de La Habana. Se mantiene la figura, por si se requiere.
SEMANA: ¿qué otras novedades tiene el proyecto?
I. C.: tiene la creación del servicio social para la paz. El joven tendrá la posibilidad de escoger en el futuro si opta por el servicio militar o un servicio social para la paz que tiene que ver con implementar acuerdos de paz, acompañar a las víctimas, hacer alfabetización digital, proteger la naturaleza. Son cinco grandes tareas que puede cumplir. El proyecto además busca unificar los fondos financieros de la paz en uno solo para evitar que se sigan malversando. Todos bajo la conducción del Alto Comisionado para la Paz.
SEMANA: por último, ¿el presidente Gustavo Petro ya conoce el proyecto?
I. C.: sí, señor; tiene el aval presidencial. El proyecto se radicará este martes a las 10:00 a. m., entrará por la Comisión Primera de la Cámara.