Partido Liberal recusó a la magistrada Fabiola Márquez, quien es cercana al petrismo y pidió sancionar a la colectividad

La magistrada del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez, no ha escondido su intención de pasarle factura al Partido Liberal porque desde hace más de dos años la colectividad no convoca a una convención nacional.

Recientemente, la togada presentó una ponencia positiva donde sancionaba económicamente a la colectividad por 15 millones de pesos. Pero más allá de eso, ordenaba la realización del encuentro el 29 de junio, es decir, semanas después de proferida su decisión.

En la asamblea, la intención es elegir al director del partido y, como están las cosas, el petrismo podría interferir y lograr que le arrebataran el poder al expresidente César Gaviria.

El proceso lo tuvo en rotación hasta la semana pasada el magistrado Benjamín Ortiz, cercano al Partido Liberal, pero ya pasó nuevamente a manos de la magistrada Márquez.

Ante ese escenario, el liberalismo se adelantó y recusó a la togada Márquez.

En un extenso documento firmado por Daniel Mauricio Pinzón, el director jurídico de la casa política, se argumenta la recusación.

De acuerdo con el informe, “extraprocesalmente han ocurrido varios sucesos y situaciones, con las cuales se puede verificar el presunto actuar irregular de la magistrada Fabiola Márquez, motivo por el cual se le recusa”.

Según la recusación, el 12 de abril de 2023, el Partido Liberal Colombiano, a través del suscrito, presentó alegatos de conclusión, últimos folios obrantes en el expediente suministrado a la defensa técnica.

“Pese a las explicaciones en sendos memoriales, con los cuales fueron aportadas documentales, obrantes en el expediente, la Magistrada en la Resolución No. 5220 de 2022, consideró: ‘Por otra parte, frente a lo esbozado por la colectividad política, no aportó prueba alguna que justificara la no celebración de la Convención Nacional en el año 2022′ ”.

Desde entonces, según el partido, “la Magistrada Fabiola en su mente ha tenido una decisión ya adoptada, ha tenido la voluntad de imponer la más alta sanción al Partido Liberal Colombiano, pese a los argumentos y pruebas presentadas, que dieran lugar a la validación de atenuantes, con el fin de si no eximir de responsabilidad a la Colectividad, si graduarla de una forma diferente”.

También examinan la hoja de vida de la magistrada y relatan que “otro de los vínculos que tiene con el actual mandatario es que perteneció al gobierno de Gustavo Petro cuando este era alcalde de Bogotá. De 2012 a 2014 fue asesora de la Alcaldía Mayor y de la Secretaría de Gobierno, gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad; directora encargada de la Unidad Administrativa Especial UAESP en 2015; directora de Defensa Judicial y de Control de Gestión de Aguas de Bogotá, personera local de Chapinero y personera delegada en Derechos Humanos y Asuntos Disciplinarios”.

Además, en 2018 fue contratada “para acompañar y hacer seguimiento del cumplimiento y desarrollo del estatuto de la oposición”, según dos contratos alojados en Secop (Sistema Electrónico para la Contratación Pública).

“El primero de ellos tiene vigencia desde septiembre hasta diciembre de ese año, y entre las labores a su cargo estaba ‘acompañar en la búsqueda de material y jurisprudencia que sea requerido para debates de control político de la Segunda Vicepresidencia de la Cámara’”, se lee en el documento.

Se espera que en menos de dos semanas se conozca si procede o no la recusación contra Fabiola Márquez.