‘Paz total’: las dificultades que ha tenido que enfrentar el Gobierno Petro en su principal apuesta

No cabe duda de que uno de los legados del presidente Gustavo Petro sería el de la llamada paz total. Desde la campaña presidencial, propuso silenciar todas las armas en Colombia y presentó un ambicioso proyecto que se convirtió en política de Estado, tras la modificación de la Ley de Orden Público.

Con el paso de los meses, el camino de la paz total ha estado lleno de obstáculos. Lo más complicado ha venido ocurriendo desde el pasado 31 de diciembre, cuando el Gobierno decretó un cese bilateral al fuego. Lo sucedido esta semana con Jorge Luis Alfonso López, más conocido como el Gatico, por ser el hijo de Enilce López, mostró la fragilidad y el espinoso camino de la paz total. Su designación como facilitador de paz desató un escándalo. El Gatico fue condenado a 29 años de prisión por asesinar al periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, en un crimen ejecutado por los paramilitares.

El comisionado de paz, Danilo Rueda, le encargó la misión de facilitador para que López ayudara con los grupos organizados que operan en la costa caribe. Aprovechando esa situación, el Gatico pidió su libertad, aduciendo que necesitaba tiempo completo para adelantar las tareas. Y un juez se la concedió. De inmediato, estalló la tormenta en el país.

Por eso, Rueda tuvo que pedirle al juez que revocara la decisión porque no se ajustaba a las leyes vigentes. “Dicha designación está vigente por un periodo de dos meses y la labor como facilitador del señor López se ejercerá principalmente desde su lugar de reclusión, sin que esto signifique configuración de delitos adicionales a los que ya fueron probados por la justicia”, informó el comisionado en un comunicado.

López estuvo en paradero desconocido por unas horas, aunque finalmente fue capturado y quedó en manos del Inpec.

La decisión del juez generó un fuerte llamado de atención del fiscal general, Francisco Barbosa, quien anunció una investigación en su contra. El jefe del ente acusador dijo que “la paz total no puede ser la paz simulada y tramposa”. Explicó que la Constitución no contempla una figura para liberar a este tipo de detenidos.

Pero el del Gatico no ha sido el único episodio en el que el Gobierno ha tenido que echar reversa en el marco de la paz total. Hace apenas unas semanas, las posiciones del presidente y el fiscal se enfrentaron públicamente porque Barbosa se negó a levantar las órdenes de captura de 16 criminales del Clan del Golfo y los Pachenca, entre ellos cinco extraditables.

El fiscal se mantuvo en su posición y el Gobierno tuvo que desistir de su idea. En el Departamento de Justicia de Estados Unidos también se encendieron las alarmas ante la posibilidad de que los pedidos de extradición terminen en nada.

Igualmente, para el Gobierno Petro ha sido difícil explicar por qué las disidencias han hecho presencia en diferentes poblaciones, como ocurrió en Policarpa (Nariño) y en Yarumal (Antioquia), donde incluso los criminales se metieron a varias escuelas. De hecho, la Policía reconoció que era imposible evitar este tipo de acciones de los grupos armados ilegales.

Mientras tanto, en Tarazá (Antioquia), tres fiscales fueron secuestrados por el Clan del Golfo, al mando de alias Gonzalito, como lo denunció la Fiscalía. Este hecho obligó al cierre de la sede de la entidad en esa región y generó un nuevo choque entre el Gobierno y el ente acusador.

Los problemas con la paz total iniciaron al filo de la medianoche del 31 de diciembre, cuando se anunció un cese bilateral al fuego. El ELN desmintió al Gobierno Petro y lo señaló de haber tomado una decisión unilateral, pues sostuvieron que no fueron consultados.

Hoy, ese grupo armado continúa por fuera del cese al fuego. Todo esto sin contar con los grandes problemas que han tenido las Fuerzas Armadas. Las cifras de la Fiscalía demuestran una baja sensible en sus operaciones, a tal punto que en enero ha habido menos incautación de droga y destrucción de laboratorios. Por si fuera poco, hay centenares de órdenes de captura represadas, muchas de ellas contra los asesinos de líderes sociales. Aunque la cúpula militar se reunió con el fiscal general y trató de dar explicaciones con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, los ciudadanos exigen, especialmente en los territorios más apartados del país, que no los dejen solos y que los protejan. Allí se sienten a merced de los delincuentes.

Es evidente que los integrantes de las fuerzas del orden han tenido serias dificultades a la hora de aplicar los decretos del cese al fuego. Su gran dilema ha sido: ¿hacer o no hacer? ¿Atender la Constitución o acatar las órdenes de su comandante en jefe, es decir, el presidente de la república? Incluso, esta semana, el propio Petro aseguró que tal vez se equivocaron al decretar un cese al fuego que debió ser de hostilidades.

En la búsqueda de la paz total, el mandatario sabe que no dialoga con “angelitos”, como dijo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Una muestra de eso, es que SEMANA denunció que un cartel de abogados está detrás de una trampa de los narcos para colarse en la paz total, previo el pago de hasta un millón de dólares para poder obtener un cupo.

La advertencia llevó a que la Fiscalía llamara a declarar a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, por este tema.

En el último día de 2022, el presidente Petro anunció un cese al fuego bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, disidencias de Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

En el caso de los diálogos con el ELN, Antonio García, jefe de esa guerrilla, se ha convertido en el mayor crítico del presidente Petro y de la paz total, a tal punto que ha dicho que esa política “hace un lavado de cara a las bandas criminales”. Mientras que los negociadores posan en fotografías para anunciar que los diálogos con el ELN son fructíferos, García ‘dispara’, desde sus redes sociales, verdades que no se ventilan en la mesa de diálogo.

Aunque tan solo llevan dos meses dialogando, ya Otty Patiño, jefe de la delegación de paz del Gobierno, se cansó de García y le pidió entender la paz total como política de Estado y comprender que la mesa de diálogo con ellos tiene un tratamiento político que, por ahora, no tienen los acercamientos con las otras organizaciones delincuenciales.

El asunto de fondo es que así como el ELN dice no entender la paz total, los gobernadores de Colombia están en la misma situación. El 7 de febrero, Petro se reunió con ellos y el mayor reclamo estuvo relacionado con la seguridad. “Las disidencias de las Farc tienen casi tomado el sur del departamento del Meta, siento, señor presidente, como si lo estuviéramos perdiendo”, dijo el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, quien representó a los mandatarios de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Putumayo y Guaviare, lugares en los que las disidencias de las Farc se pasean tranquilamente por las calles. En ese diálogo, los gobernadores le dijeron al presidente Petro que no tienen claro cuál es su rol en la paz total y que no quieren ser “actores mudos”.

La preocupación es que a pesar de que está operando un cese al fuego con esos grupos, la delincuencia continúa y las extorsiones se han triplicado.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, lleva semanas denunciando que en su departamento los grupos criminales están actuando descaradamente y que el cese ha servido para que el accionar criminal aumente. Los videos de los grupos armados paseándose por colegios del departamento son escalofriantes. “No me cabe duda, la denuncia es clara en ese sentido (...) el Clan del Golfo ha hecho presencia para decirles a los niños mayores de 14 años que deben participar en convites liderados por ellos”, dijo a SEMANA.

Como está en vigencia el cese, las Fuerzas Militares no tienen claro cómo operar, los gobernadores no saben si al combatirlos estarían contradiciendo una directriz presidencial, pero, mientras tanto, los delincuentes están tomándose el territorio.

La situación ha llevado al presidente Petro a pensar en cambiar el término de cese bilateral por cese de hostilidades, modificación que aplicaría para las denominadas organizaciones multicrimen. “¿Por qué digo que el cese al fuego es un mal término? Porque el cese al fuego es un término que surge de la guerra entre ejércitos, sean estatales o irregulares, como lo podrían hacer los rusos y los ucranianos”, dijo el mandatario. La paz total es un buen propósito, y el Gobierno deberá hacer ajustes para lograr su objetivo. La Ley de Sometimiento, que será radicada en el Congreso, debe ayudar a resolver los grandes interrogantes. El propio presidente del Congreso, Roy Barreras, ha pedido el estudio inmediato de ese proyecto, en medio de serios reparos por el manejo que se le ha dado al tema de los narcotraficantes en la paz total y que pone en riesgo la seguridad nacional.