Peñalosa asegura que Petro está anunciando “controles a los arrendamientos” en Colombia

El presidente Gustavo Petro aseguró, este viernes, que sectores como los de arriendos, servicios públicos, transporte o alimentos no deberían subir más del 13 % en 2023.

Y el mandatario fue más allá, al señalar que incluso “sus precios deben bajar”. Indicó que “hay que bajar la tasa de usura y la tasa de crédito de la banca pública debe ser la más baja del mercado”.

Para el jefe de Estado, con estas medidas, “se trata que el salario y los ingresos reales de los colombianos suban. Ese incremento de la demanda interna no se debe reflejar en incremento de los precios, sino en incremento de la producción y el trabajo”.

Igualmente, manifestó: “solicito a las comisiones reguladoras de servicios públicos, desde mis funciones constitucionales, desligar las tarifas de los servicios públicos del índice general de precios y de factores especulativos”.

Estos anuncios, y en especial el relacionado con el tema de los arriendos, no fue bien recibido por el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien, a través de su cuenta en Twitter, lanzó duras críticas a los planteamientos del mandatario.

“Los que estén considerando invertir en apartamentos para arrendar, abstenerse. Petro anuncia controles a los arrendamientos”, aseguró.

Y señaló que una medida de esta naturaleza afectará al sector: “Así habrá menos inversión, menos empleo, menos oferta, y en última instancia, arrendamientos más costosos en unos años”, indicó.

Peñalosa ha sido uno de los más críticos de algunas decisiones del Gobierno Petro, esta semana cuestionó la estrategia que implantará su Gobierno para evitar que los jóvenes de las zonas más vulnerables del país caigan en las filas de organizaciones criminales.

Precisamente, el mandatario anunció que los jóvenes de estas zonas recibirán un millón de pesos mensuales, recursos que serán destinados para que adelanten estudios y, según las autoridades, puedan superar las dificultades de su entorno.

Tras el pronunciamiento del jefe de Estado, el exalcalde de Bogotá aseguró que los jóvenes que recibirán estos recursos del Gobierno serán “activistas políticos”, que buscarán la “eternización” del presidente en el poder.

“Los 100.000 ‘gestores de paz’ serán activistas políticos (y muchos milicias políticas) al servicio de la eternización de Petro en el poder, pagados con los impuestos de los colombianos”, manifestó.

Primeros voceros

Precisamente, el Gobierno confirmó, este viernes 16 de diciembre, la designación de los siete primeros voceros de paz, quienes recobrarán su libertad en medio de la política macro de la paz total. Los jóvenes deberán realizar un diplomado sobre paz.

Según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, luego de estudiar minuciosamente los casos de los más de 200 jóvenes detenidos que protagonizaron desmanes en el pasado paro nacional de 2021 se decantó una lista de siete, que se trata de dos mujeres y cinco hombres.

“Se hizo un análisis de las labores útiles de líderes sociales o personas que puedan ayudar a la paz del barrio, desescalamiento de la violencia que existe en varias regiones del país, personas privadas de la libertad, hacían parte de organizaciones humanitarias, restablecer la convivencia armónica, no hacen parte de conflicto armado”, explicó el funcionario.

Agregó que “una vez que teníamos claros esos parámetros, analizamos más de 200 perfiles de personas detenidas por la protesta social, verificamos que hicieran parte de acción comunal u organización social y le recomendamos al presidente a siete personas”.

Los nuevos voceros de paz que saldrán de prisión son: Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza.

“Cinco de ellos se encuentran en establecimientos de reclusión carcelaria y dos, en detención domiciliaria. Estos siete jóvenes han sido reconocidos por su liderazgo social y su trabajo comunitario. Dos se encuentran en Bogotá, dos en Medellín, dos en Popayán y uno en Cali”, indicó.

Según el ministro de Justicia, los jóvenes han manifestado a través de sus apoderados la voluntad de ejercer su rol como voceros de paz, tras indicar que “una vez sean designados en tal rol, se comprometen, además de la declaración de su lugar de residencia, a comenzar una ruta de acompañamiento”.

Los jóvenes que saldrán de la cárcel recibirán atención psicosocial, deberán rendir informes mensuales ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y certificar la realización de un diplomado virtual con la Universidad del Valle en Construcción de Paz y Gestión de Conflictos Sociales y Políticos.

Así mismo, podrán trabajar o estudiar si así lo desean, la designación no suspende o pone fin en ningún caso a los procesos judiciales y tendrán que responder a las autoridades competentes.

“No se trata de una amnistía o un indulto”, puntualizó el Gobierno nacional.