“Petro debe ser sancionado con pérdida del cargo”: abogado José Manuel Abuchaibe expone argumentos para un juicio político

SEMANA: ¿En qué se basa la denuncia que presentó en contra del presidente Gustavo Petro?

JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE: El 3 de mayo de 2023 presentamos una denuncia por infracción al artículo 109 de la Constitución, porque estaba demostrado que la campaña del presidente había violado los topes, de acuerdo con un informe de auditoría que ordenó practicar el Consejo Nacional Electoral (CNE). Han ido apareciendo otros dineros que se utilizaron en campaña y que tampoco fueron reportados. La violación de topes se convirtió en un hecho incontrovertible. Por eso, estamos tratando de que se abra un juicio político, distinto al penal, para que no suceda lo de Ernesto Samper, quien dijo que todo fue a sus espaldas. El juicio político es objetivo, documental para determinar la pérdida del cargo una vez se verifique la violación de topes. Eso le corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara.

SEMANA: ¿Cuáles son los argumentos para decir que hubo una violación de topes?

J.A.: Aporté las pruebas, entre ellas, la auditoría en la que se verificó la violación de los topes. En ese momento llamaron a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y se habló de reversar facturas para bajar los topes, empezaron a cuadrar la caja. Eso es una barbaridad. En el CNE se van a dar cuenta, ya escucharon a Roa y no dijo nada, se está preparando un pliego de cargos para tomar decisiones. Lo mismo está sucediendo con la Fiscalía, que tiene su proceso en la violación de topes y la financiación irregular cuando escucharon a Nicolás Petro, quien aceptó que Euclides Torres aportó dinero a la campaña. Él dice que el papá no sabía, pero ese es otro problema.

SEMANA: ¿Qué debe venir ahora?

J.A.: La Comisión de Acusación debe hacer un proyecto, ya sea de acusación o de preclusión, y lo debe pasar a la plenaria de la Cámara. En ese momento es que se va a tomar la decisión con base en lo que dice el artículo 109, se violaron los topes, ya está demostrado y el presidente debe ser sancionado con la pérdida del cargo.

SEMANA: ¿Se están tomando acciones para que la Comisión de Acusación actúe?

J.A.: Hemos decidido instaurar una demanda ante la CIDH en Washington porque me están violando el debido proceso. Desde el 3 de mayo no han cumplido con los términos y el procedimiento de la Ley Quinta. Están dilatando de forma arbitraria. He puesto denuncias por prevaricato ante la Corte Suprema de Justicia y hemos ido a la Procuraduría. Hemos acudido a todas las instancias del derecho en Colombia y vamos al derecho internacional. No estoy diciendo que el presidente es culpable, sino que definan el procedimiento que determina la Constitución y lo sometan a votación en el Congreso.

SEMANA: ¿Para el juicio político, la Comisión de Acusación primero debe determinar responsabilidades sobre Petro?

J.A.: La Comisión no la determina, sino que hace el procedimiento, que es tramitarla. El 14 de febrero me escucharon. Lo que tiene que hacer, una vez recaudadas las pruebas, es presentar un proyecto de acusación o de preclusión en la plenaria, que es la que decide. Lo político, como es este caso por incumplir la Constitución, lo determina el Congreso en una votación política: si Petro pierde o no el cargo. Ya tenemos ejemplos en Perú o Ecuador, es una situación que está definida en otras naciones, pero aquí han querido confundir juicio político con el penal para dilatar.

SEMANA: ¿Cree que la Comisión de Acusación va a actuar, teniendo en cuenta que históricamente no ha sido efectiva?

J.A.: El caso que tuvimos como precedente fue el de Ernesto Samper, que llegó bastante lejos porque las pruebas fueron contundentes, y no se podían evadir. Fueron tantas que cuando se llegó a la decisión fueron 111 votos (a favor de Samper) contra 48. Hubo discusión, no se sabía qué hacer porque ellos confundieron un juicio político con un juicio penal y terminaron favoreciendo a Samper. En ese momento, fueron denunciados los 111 congresistas y se les abrió proceso en la Corte Suprema de Justicia por prevaricato. Aquí no pueden tomar una decisión discrecional, tienen que aplicar el 109 porque, si no, a partir del momento en que no lo hagan, todos los candidatos presidenciales podrán recibir los dineros que quieran, del narcotráfico, superar los topes y se acabó esto. Si no lo aplican, ¿cómo se lo van a exigir a los candidatos del futuro? Pone en jaque el sistema electoral y la democracia en Colombia.

SEMANA: ¿Qué opina de que Petro diga que hay un “golpe blando” en su contra?

J.A.: Petro es muy astuto, a él le gusta confrontar, confunde y amenaza. No deja aplicar el Estado de derecho. Mire la reforma a la salud, ha creado un enfrentamiento de clases. Lo que vemos es una lucha ideológica que viene de las funciones que él tenía como guerrillero. Para mí, el tema es si se va a violar la Constitución o no. Todo el mundo ha visto cómo les pagaron a los testigos electorales, la plata de Fecode, lo de la USO que no se reportó, dineros que todavía no podemos comprobar, los 15.000 millones de Benedetti, lo que dijo el hijo de Petro del clan Torres. Es una situación de ruptura institucional.

SEMANA: Ha dicho que algunos congresistas prefieren no actuar para evitar una guerra civil o una confrontación con Petro…

J.A.: Algunos afirman que lo aconsejable sería dejarlo terminar su periodo, aunque aclaran que, si se llega el momento de votar, lo harán. Uno nota que se está pensando cuál será la actitud porque confunden el juicio político con el golpe blando. No deberían. De lo contrario, Petro se va a hacer reelegir con el mismo argumento de que no le dejan hacer los cambios que se requieren.

SEMANA: ¿Cuál es la historia del artículo 109?

J.A.: Lo modificaron a través del acto Legislativo 01 de 2009. El 109 viene de la Constitución de 1991 y le añadieron esa parte relacionada con la violación de topes y que será sancionada con la pérdida del cargo. Se les ha venido aplicando a alcaldes, gobernadores, concejales y congresistas con la pérdida de investidura. Pero con el presidente permanece intocable e impune. Miren lo de Santos y Odebrecht, sancionaron al gerente, pero ¿qué pasa con el presidente? Nadie lo denunció en la Comisión. Ahora le tocó a Petro, pero con la diferencia de que está demostrada la violación de topes.

SEMANA: ¿El expresidente Santos también debió enfrentar un juicio político por los dineros de Odebrecht?

J.A.: Lógico. Lo que pasa es que allí no se dio la violación de topes tan clara, sino la financiación irregular, que es diferente. La violación de topes es matemática, en cambio, la financiación irregular es parte de la discusión, como en el caso de Petro con lo de Fecode. Con Santos nunca se tocó el tema de cuánto habría sido la violación de topes, aquí ya lo vimos con Petro por la auditoría.

SEMANA: ¿Qué pasa si el presidente se encuentra responsable y sale del cargo?

J.A.: Según la Constitución, ante esa falta absoluta, asume la vicepresidenta Francia Márquez. Ella puede ser objeto también de un juicio político porque ya es presidenta y está en la fórmula de violación de topes. Y si le aplica eso, asumiría el vicepresidente que elija el Congreso.

SEMANA: ¿Confía en que la Comisión de Acusación va a actuar?

J.A.: Estoy seguro, ciento por ciento, ya no le queda de otra. Cuando fui a la ratificación, fui claro y ellos entendieron el juicio político. Estoy optimista de que este año va para la plenaria.

SEMANA: ¿Quién lo acompaña en esta idea del juicio político a Petro?

J.A.: Hemos estado en contacto con muchos líderes, entre esos Pierre Onzaga, con quien hemos hecho una buena alianza en esta lucha, personas del Foro Colombia Libre, de Pereira y Medellín, congresistas. Me reconocen que tengo razones. No estoy dedicado al activismo, no me gusta subirme a una tarima en eventos, sino que me vean como un académico. Para mí esto no es nuevo porque permanentemente estoy en este ejercicio profesional desde hace más de 40 años. Si estoy en esta demanda, es porque conozco el tema a nivel nacional e internacional.

SEMANA: Usted es recordado porque logró sacar a Mockus del Congreso. ¿Cómo lo hizo?

J.A.: Iniciamos un proceso que estaba a punto de ganarse en el Consejo Nacional Electoral. En la Sección Quinta nos dieron la razón de que estaba inhabilitado y después Humberto de la Calle, que era el abogado de Mockus, comenzó a hacer tutelas y lo reintegraron, pero la Sala Plena dijo que no podía. Esto terminó en la Corte Constitucional. Ganamos por un voto de un conjuez.

Una persona que recibía dineros de una fundación no podía ser servidor público, eso era absurdo, no se permitía delegar, como él decía. Él tenía simpatía y una imagen de moralidad y recibí insultos, pero no podía ser senador. Se logró porque teníamos la razón jurídica. Eso indica en que estos aspectos soy tranquilo, sereno, paciente y creo que también lo vamos a lograr con Petro. Vamos a sacar a Colombia de ese peligro de la izquierda radical que ha logrado asentarse en Cuba, Venezuela y Nicaragua.